Por: Isaac Martínez Pérez.
El incidente protagonizado por la alcaldesa de Chacaltianguis, Bertha Isabel Muñóz Torres, no es simplemente un accidente vehicular; es un síntoma preocupante de la degradación de la política en nuestra región. La presunta huida de un operativo policial, tras denuncias de compra de votos y distribución de despensas, revela una profunda falta de respeto a las instituciones y a la voluntad ciudadana.
La imagen de una alcaldesa intentando escapar de la justicia, con despensas y dinero en efectivo en su vehículo, es una bofetada a la democracia. No se trata solo de una violación a la ley electoral, sino de una afrenta a la transparencia y a la rendición de cuentas que exigimos a nuestros representantes. La impunidad con la que aparentemente actuaba la alcaldesa, confiando en su posición para eludir la ley, es alarmante.
Este hecho no debe quedar impune. La investigación debe ser exhaustiva y transparente, dejando al descubierto la red de corrupción que posiblemente opera detrás de este acto. La ciudadanía de Chacaltianguis merece saber la verdad, y exige que se castiguen ejemplarmente a los responsables, sin importar su cargo o influencia. La justicia selectiva no solo es injusta, sino que alimenta la desconfianza en las instituciones y socava la confianza en el proceso democrático.
La aparente compra de votos y la coacción electoral son prácticas inaceptables que distorsionan la voluntad popular y erosionan la legitimidad de las elecciones. La fuga de la alcaldesa es una muestra clara de la desesperación de quienes se aferran al poder mediante prácticas antidemocráticas. Es una llamada de atención para fortalecer los mecanismos de vigilancia ciudadana y exigir una mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos.
La sociedad veracruzana, y en particular la de Chacaltianguis, merece una política limpia y transparente. Este incidente debe servir como lección para fortalecer las instituciones y para exigir a nuestros representantes un compromiso real con la democracia y el respeto a la ley. El silencio ante este hecho es complicidad. Exigimos justicia y un compromiso firme para erradicar la corrupción y garantizar elecciones libres y justas.
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