Por Paco De Luna /
Xalapa, Ver.-La constructora veracruzana ESRO reclama el pago de 10 millones de pesos al Instituto de Espacios Educativos (IEEV) de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV). Esta deuda lleva casi 11 años, indicó Carlos García, abogado de la empresa.
Durante una conferencia de prensa, dio a conocer que por esa razón piden la intervención de la gobernadora Norma Rocío Nahle García, para que se establezcan acuerdos con la dependencia estatal y se paguen los retrasos económicos que quedaron pendientes desde la administración priista de Javier Duarte de Ochoa.
Explicó que fueron seis contratos de obra pública con sentencia firme a favor de la constructora. Todos los trabajos quedaron concluidos, además aseguró que cuentan con actas de entrega recepción.
«Todas las obras fueron entregadas en tiempo y forma y fueron contratadas bajo formalidades de ley. Contratos que están acompañados por un dictamen de suficiencia presupuestal que garantiza que el estado dispone de recursos etiquetados y apartados específicamente para su pago«.
Fue parte del pronunciamiento del abogado la mañana de este lunes 02 de junio en el centro de la ciudad de Xalapa, para exponer las condiciones en las que se encuentran actualmente, ya que en 2014 la Institución se comprometió de manera formal que los recursos estaban disponibles.
Ahora la empresa cuestionó el paradero de esos recursos millonarios, por esa razón ESRO llevó a cabo las acciones legales en el Tribunal de Justicia Administrativa y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ñ, además de juicios de amparo. Continuarán con el reclamo de los pagos ya que se entregaron las obras y ya en funcionamiento. Se trata de las escuelas: Margarita Morán en Veracruz; Mundo Nuevo de Coatepec; Leopoldo Kiel de Xalapa; una secundaria en Papantla y el Instituto Tecnológico de Zozocolco y otra obra de Jesús Reyes Heroles.
La constructora presentó formal denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de los titulares del IEEV y la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), señalando posibles delitos como peculado, abuso de autoridad y desvío de recursos públicos, además de violaciones a derechos fundamentales al no ejecutarse sentencias firmes.
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