Se ha consumado la pauperización del derecho mexicano, sí ese derecho que tantas luces tuvo como la creación del juicio de amparo o la de unas normas de derecho electoral como pocos países las han tenido, ahora ha descendido al de una república bananera al estilo de las que existen a lo largo de la línea ecuatorial de nuestro planeta o las de las teocracias islamistas.
Así es, la farsa de la elección judicial dejó como resultado justamente lo que el régimen encabezado por López Obrador (Sheinbaum es una pantalla) buscó: acabar con la aplicación de la ciencia del derecho y en su lugar poner a cortesanos para cumplir incondicionalmente con todos sus caprichos.
Con los datos que se tienen hasta ahora, porque la opacidad en las elecciones es grande, sabemos que la Suprema Corte quedará conformada por personajes con grandes currículos como colaboradores de López y ninguna experiencia en el ámbito judicial y menos en el derecho constitucional.
Lo mismo sucederá con el comisariado comunista, digo el Tribunal de Disciplina Judicial que contará con personajes de amplia trayectoria lacayuna como Bernardo Bátiz.
Mención especial merece la persona que va a encabezar a la Corte y por ende al Poder Judicial durante los próximos dos años, ya que su principal atributo ha sido el decir millas de veces “sí, señor” al jefe supremo de la transformación que no fue ni tampoco será.
Obviamente y como se sabe que de ese pie cojea (su servilismo extremo al líder), han querido crear un falso debate alegando que su triunfo es una reivindicación de los pueblos indígenas al lograr que uno de ellos sea el presidente de la Corte.
La verdad eso es totalmente irrelevante, ya que bien puede ser de origen africano, esquimal, chino, español, vikingo o le gusten y manden, así como tampoco importaría que use huipil o hasta taparrabos y conchas en los tobillos, siempre y cuando domine las materias jurídicas con que va a sustentar sus resoluciones.
No importa ni el origen ni las preferencias personales, lo que debe de importar es la experticia de quien va a ocupar tan cargo relevante, cosa que el sujeto en cuestión no tiene; lo mismo aplica para quien le va a suceder en el cargo, la auto llamada “ministra del pueblo”, quien en los pocos meses que lleva en el cargo se ha cansado de demostrar que no ha trascendido más allá de la calidad de arrabalera con la que alguna vez fue exhibida en un pleito de vecindad, y quien sigue después será la ministra que plagió todas y cada una de sus tesis.
Ese el nivel de la corte que tendremos.
¿Y abajo qué sucede?
Pues algo aún peor, los cargos de jueces y magistrados fueron traficados al mejor postor.
Si recuerdan los famosos acordeones que fueron repartidos, ahí se encuentra la respuesta, pues resulta que la revista Proceso documentó ampliamente que hubo organizaciones como la liderada por Alfonso Ramírez Cuellar, otro insigne miembro de la transformación que no fue ni tampoco será, se dedicó a extorsionar a los que se postularon y quienes aceptaron sus servicios a cambio de una buena suma, quedaron incluidos en la guía electoral y, desde luego, sus posibilidades de quedarse con el cargo crecieron exponencialmente.
Así es, muchos de los futuros jueces y magistrados compraron su cargo y las estructuras del partido en poder se los vendieron.
Ese es el Poder Judicial que vamos a tener y ahora lo que toca es ver la reacción de los abogados litigantes ante las nuevas condiciones y creo que de entrada van a haber dos posibilidades:
La primera es fortalecer la corrupción existente y valerse del soborno o del amiguismo que es lo mismo para sacar adelante los asuntos que se les encomiendan, es decir, la corrupción en juzgados y tribunales va a crecer a niveles nunca antes vistos.
Mientras que la otra opción que veo que también va ser muy utilizada es que como se politizaron los tribunales, también los litigantes (sobre todo los que no le entren a la corrupción que también hay muchos) se van politizar y sus causas quedarán expuestas en vías y plazas públicas, así como en medios de comunicación y redes sociales con la finalidad de presionar por medio de la opinión pública.
Sin embargo, en ambos casos la justicia y el derecho van a perder, ya que ganará el más corrupto o el más mediático y no quien tenga la razón jurídica.
Esa es la consecuencia de acabar con la profesionalización judicial; ya que, si el juez no exige derecho, porque no lo conoce, y en cambio exige dinero, compadrazgo o política, eso es justamente lo que obtendrá.
Vienen tiempos difíciles y espero que alcancen las pensiones y becas que el gobierno reparte para poder comprar la justicia que los mercaderes de López Obrador van a impartir.
Twitter: @FelipeFBasilio
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