CDMX.- La presión sobre los morenistas continúa, pues cada día que pasa aumenta la expectativa de quién será el próximo funcionario al que se le quite su visa por parte del gobierno de Estados Unidos.
Pues el gobierno de EUA estaría investigando a varios morenistas por sus presuntos nexos con grupos del narcotráfico y estaría presionando al Gobierno Federal para que actuara en contra de estos, de acuerdo con Reuters.
Esto se vio reforzado luego de que se diera a conocer un nuevo caso de revocación de visa por parte de autoridades de EUA este miércoles. Te contamos cuántos van.
Óscar Eduardo Castro
El más reciente sería el caso del morenista Óscar Eduardo Castro Castro, presidente municipal de Puerto Peñasco.
De acuerdo con el periodista Alberto Sánchez, el documento le fue removido al intentar cruzar la frontera, junto con su esposa e hijo, durante el martes 10 de junio a través de San Luis Río Colorado.
Pese a que la información no ha sido confirmada por fuentes oficiales, el alcalde no ha salido a dar declaraciones desmintiendo los hechos como ocurrió en mayo, cuando publicó un video en el que negó que le habían anulado el documento tras rumores en redes sociales.
Alberto Granados Fávila
De los primeros morenistas a los que se les revocó el documento fue al presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados Fávila.
Este fue detenido por elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, la noche del pasado 17 de abril, por su presunta relación con el empresario Édgar Alejandro, detenido en posesión de 8 kilos de cocaína en Brownsville el 27 de enero del 2025.
Los hechos fueron desmentidos por el alcalde al día siguiente, asegurando que en realidad fue una revisión cotidiana: “Yo cruzo muy seguido a Estados Unidos, el día de ayer crucé a Estados unidos solamente fue una revisión cotidiana como a cualquier persona le puede tocar”.
Hasta la fecha, el gobierno del municipio no ha confirmado los hechos, sin embargo, el medio Elefante Blanco señaló que tras esto, el alcalde pospuso su agenda de actividades y cuando medios le pidieron que enseñara el documento, dijo que no lo traía consigo.
Marina del Pilar
Pero el caso más sonado, y uno de los más recientes, fue el de la gobernadora morenista de Baja California, cuyo documento fue revocado a inicios de mayo. Los hechos fueron informados por ella a través de una publicación en redes sociales donde no aclaró los motivos de la remoción y lo tachó de un simple trámite.
Ha negado estar siendo investigada por el gobierno de Estados Unidos e incluso ha minimizado el asunto asegurando que para hacer su trabajo no es necesario el documento, pese a que su estado es fronterizo y cruza constantemente por cuestiones diplomáticas.
De acuerdo con Reuters, el gobierno de EUA ha estado presionando al gobierno mexicano con detener a funcionarios morenistas con presuntos nexos con el narcotráfico, entre ellos la gobernadora.
Carlos Torres
Otro sería Carlos Torres Torres esposo de Marina del Pilar, a quien le habrían quitado la visa casi a la par de la gobernadora. Pese a que también lo anunció en redes asegurando que no implicaba que estuviera siendo investigado por ninguna autoridad, el Semanario Zeta dio a conocer otra versión.
De acuerdo con un reportaje del medio, a Carlos Torres le habría revocado la visa al tratar de cruzar a los Estados Unidos pues estaría siendo investigado por lavado de dinero y conspiración para la comisión de otros delitos, así como otros de sus familiares por presunto huachicoleo.
El Semanario señala que la revocación de la visa de Marina y Carlos se dio varios días antes de que lo dieran a conocer en redes.
Para inicios de junio, Torres Torres renunció a su cargo en el gobierno estatal para ya no generar polarización: “Sé que, en momentos como este, la polarización y los señalamientos —aunque infundados— no ayudan al clima que el estado y su gente necesitan».
Y Reuters cadena británica manejó en un comunicado esta semana, que van 4 ocasiones que Marco Rubio demanda al gobierno de México que proceda contra políticos incrustados en el gabinte y otros que ya salieron, por claros nexos con la delincuencia, a lo que el gobierno de México, se ha negado.
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