CDMX.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó una propuesta para cancelar el triunfo de tres juzgadores electos el 1 de junio, quienes enfrentan acusaciones por ser deudores alimentarios o incurrir en violencia, acoso o abuso sexual.
En el marco de la discusión de la validez de las siete elecciones judiciales, la consejera Carla Humphrey propuso al pleno del Consejo anular el triunfo de Jaime Vladimir Ángel Cisneros Cruz, magistrado electo del cuarto circuito judicial; Sergio Díaz Rendón, magistrado electo a magistrado regional en materia electoral, y Gerardo Antonio Valerio Pinillos, magistrado electo del quinto circuito judicial, por diversas conductas de violencia hacia las mujeres.
Sin embargo, nueve consejeros votaron en contra, y sólo Carla Humphrey y la consejera Rita Bell López Vences votaron en favor. La mayoría de los consejeros resolvió que debe existir una sentencia firme para acreditar que las personas tienen suspendidas sus derechos políticos para asumir el cargo.
La consejera Humphrey dijo que Jaime Vladimir Ángel Cisneros Cruz fue denunciado por diversas estudiantes en la Universidad Autónoma de Nuevo León por acoso sexual, e incluso recibió denuncias a través del movimiento “Me too”.
Además, el candidato no presentó carta de decir verdad que no está bajo supuestos de la “ocho de ocho”.
El segundo caso fue Sergio Díaz Rendón, considerado deudor alimentario moroso. El candidato sí presentó su carta de no estar en los supuestos de la “ocho e ocho”, aunque el INE no tuvo forma de acreditar los talones de pago.
La consejera Humphrey expuso también el caso de Genaro Antonio Valerio Pinillos por tener siete denuncias de ocho trabajadores de hostigamiento sexual, represalias y otras.
Durante la sesión, las consejeras Dania Ravel, Rita Bell y Carla Humphrey reprocharon que autoridades penitenciarias y de las fiscalías no entregaron de forma expedita la información que les requirió para verificar que ninguno de los candidatos incumplía el forma de “ocho de ocho” contra la violencia hacia las mujeres.
“Esta omisión por parte de las autoridades no puede considerarse menor ni secundaria, lo que está en juego es el cumplimiento efectivo de la reforma constitucional que desde el artículo 38 establece claramente los supuestos bajo los cuales una persona tiene suspendidos sus derechos políticos, entre los que se encuentra el derecho a ser electa o nombrada en un cargo público”, dijo Dania Ravel.
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