Por Eduardo Vázquez Reyes/Columna
La reciente solicitud de prórroga del rector de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Aguilar Sánchez, para prolongar su mandato un periodo más, ha despertado un intenso debate en torno a la legalidad , la ética y los derechos humanos dentro de los procesos de designación en las instituciones educativas, así como una polémica mediática de amplio auge, pues nunca antes en la historia de la UV se había solicitado algo así.
De ahí que sea urgente analizar con una óptica muy crítica dicha situación a la luz de la legislación universitaria, pero sobre todo ponderar los argumentos de ambas partes. El debate , el intercambio de razones y el diálogo abierto y continuo, tal y como lo hemos sostenido en anteriores presentaciones de esta columna, es la única vía de acceso para una sociedad racional, discursivamente hablando. Y más si se trata de un sector como lo es el académico y educativo .
La decisión de Martín Aguilar llevó en un inicio a académicos, estudiantes e investigadores a afirmar que es un procedimiento ilegal y fuera de la ley. Sin embargo, el rector se ha mantenido firme, argumentando que su solicitud tiene una base fuerte desde la misma legislación universitaria, ya que existen ciertos artículos que mencionan la palabra “prórroga” y, según su punto de vista, eso basta por el momento para dar validez a su propuesta de continuidad, de transformación de la universidad. Basta y es suficiente , al parecer , la frase “se podrá prorrogar consecutivamente por una sola vez”, texto que aparece en la normatividad.
Pero ¿realmente basta eso para que sea una acción correcta dentro de los términos de la misma estructura jurídica de la máxima casa de estudios de Veracruz? La comunidad, en su mayoría, discrepa, enfatiza y manifiesta su desacuerdo, y también, sale a las calles de la Atenas veracruzana a gritar al unísono alarido “No a la prórroga”.
Desde el punto de vista del abogado Jaime Limón Hernández, socio fundador del despacho jurídico Limolex , la decisión de Martín Aguilar es un atropello a los derechos humanos de la comunidad universitaria. Durante su pronunciamiento desde sus redes sociales oficiales y en comunicación directa con la columna Palestra ha declarado su desacuerdo para con el intento de prórroga, para quien defender la Universidad es rechazar este intento de perpetuación en el poder.
“La creación de la Junta de Gobierno como la máxima autoridad y órgano colegiado de la UV es la columna vertebral de nuestra autonomía como institución y es la encargada de velar por su cumplimiento. Hoy en día, el inquilino del Edificio “A” de la Rectoría ha puesto a prueba la autonomía que pregonamos tener como comunidad universitaria representada en nuestra Junta”. En ese sentido—sostiene el jurista especializado en derecho penal—Martín Aguilar enarbola un discurso de interpretación literal de la ley que, si bien en sentido estricto puede parecer lo más simple y objetivo, la historia ha ofrecido distintos ejemplos de que eso conduce a resultados injustos o ineficaces: se ignora el propósito y el contexto en el que una ley fue creada originalmente.
Limón Hernández enfatiza y nos recuerda el lugar que le corresponde a la Junta de gobierno, así como la obligación que tiene al ser ese órgano institucional que tiene que garantizar un proceso democrático, justo y objetivo al tomar una resolución para los próximos cuatro años de la vida de la UV. “La Universidad Veracruzana es un órgano autónomo cuyo fundamento democrático impide la reelección; permitirla vulnera la autonomía y los derechos de la comunidad universitaria. La Junta de Gobierno debe garantizar la legalidad, no someterla a consulta”.
Siguiendo la lógica del jurista , desde Palestra sostenemos que más que apostarle a ese intento de escuchar supuestamente la pluralidad de voces (esperemos no coaccionadas) es necesario deliberar racionalmente, en el sentido estricto y pleno de tal palabra. Abrir el tema a una discusión pública por parte de los aspirantes a Rectoría y por las autoridades actuales de la misma. Esa sería una forma de encarar la polémica y de escuchar los puntos de vista involucrados y encontrados.
Recordemos un poco que hay un hecho palmario en todo esto: Martín Aguilar no puede competir–normativamente hablando— una vez más por el cargo de rector debido a que rebasa la edad máxima permitida, es decir , 65 años. En ese sentido, no le puede apostar a la misma estrategia que usó Sara Ladrón de Guevara hace algunos años, aunque el discurso de la continuidad que ella utilizaba tenga matices parecidos a los del discurso de la transformación que él pregona , con tintes este último de cierto partido político. Martín quedaría en automático fuera de la contienda, salvo que por obra del espíritu Santo la legislación sufriera algunas modificaciones en tiempo récord para que la edad no fuera un impedimento de las buenas intenciones del académico para buscar lo mejor, lo más bello no de su bolsillo ni el de su gente, sino de la institución que tanto ama y defiende , según lo comenta en el comunicado emitido en días pasados.
Es aquí donde la idea de una prórroga adquiere mayor relevancia y preponderancia para el titular del edificio A de Rectoría. De hecho, es la estrategia más racional si de permanecer en la silla mayor se trata porque de abrirse la convocatoria el próximo 30 de junio él quedaría fuera. Solo falta algo por cumplir, y eso es que la Junta de Gobierno determine que extender el periodo rectoral de Martín es lo mejor para los retos o problemas actuales de la universidad, retos o problemas generados durante la misma administración. En otras palabras, la reelección revestida de prórroga habría surtido efecto.
Pero (pongámonos un poco conspiranoicos) si la Junta de Gobierno deseara darle una oportunidad más a la presente administración rectoral no la tendría fácil. Los argumentos presentados por el rector no son buenos ni deseables, mucho menos suficientes. De hecho, no son muchos. A grandes rasgos, sus razones se deben a que hay proyectos inconclusos que le gustaría ver culminados.
Según el rector, hay un deber ético y de responsabilidad social que consiste en ver desarrollada plenamente a la UV. Sin embargo, el lector de Palestra intuitivamente podrá ver que no necesariamente tales iniciativas serían el hilo negro para alcanzar ese impresionante objetivo. ¿Por qué no apostarle mejor a los proyectos de los aspirantes? ¡En fin! La prioridad del actual rector es clara; la justificación que brinda para ella, endeble.
Si, en efecto, los proyectos que aún no ven completamente la luz tienen una esperanza de traer beneficios y bondades nunca antes imaginadas a la comunidad universitaria y la sociedad, no veo la necesidad de que la administración actual continúe en el poder. Más bien vería, en ese caso, la justa alternativa y el derecho de como rector saliente exigir a la siguiente propuesta rectoral darle un seguimiento cabal y oportuno a los resultados obtenidos y catapultar dichos pendientes.
No, Martín Aguilar no debe seguir en Rectoría. Su tiempo ha pasado, como ocurrió en otros rectorados. Para bien o para mal , la administración de la transformación ha llegado al cierre ineludible del telón: acta est fabula. Hoy es momento de escuchar otras voces, hoy es tiempo de virar el timón, de mirar por el catalejo otras propuestas, y como rector saliente exigir que nada de lo efectivamente conseguido se tire en saco roto y , a la vez, esperar y desear lo mejor a las siguientes administraciones. Ese es el verdadero deber ético y la real responsabilidad social por el bien del alma mater de muchos de nosotros.
¡Leven anclas!
*Filósofo, lógico y comunicador de la ciencia
*Consultor de comunicación y discurso
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