XALAPA, Ver (Proceso).–Flavia Morales.- Tras la jornada electoral del 1 de junio último, en la que se eligieron autoridades para los 212 municipios veracruzanos, el proceso sigue abierto y la judicialización de los resultados mantienen en vilo la decisión final en varios ayuntamientos. La cerrada competencia, los disturbios durante los cómputos y litigios por los votos han mantenido tensos a los partidos políticos, candidatos y organismos electorales.
La elección fue particularmente reñida. En más de la mitad de los municipios los candidatos ganadores obtuvieron el triunfo con una diferencia menor a mil sufragios. En 27 municipios la diferencia entre el primero y segundo lugar fue inferior a 300 votos, y en 13 casos fue menor a 20.
Como ejemplo de los cambios geopolíticos está el PAN que, aunque logró recuperar presencia tras la debacle de 2021, perdió bastiones emblemáticos como Veracruz y Tantoyuca. Eso representa un golpe significativo para la familia Yunes, históricamente dominante en la zona conurbada del puerto.
Durante los cómputos, la tensión escaló a niveles preocupantes. En siete consejos municipales se registraron actos de violencia, quema de papelería y daños a instalaciones. En otros cinco, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) se vio obligado a trasladar los paquetes electorales a su sede central en Xalapa para continuar los conteos, debido al riesgo de disturbios.
El alto nivel de competitividad derivó en una judicialización de la elección. Cinco partidos (Morena, PAN, PRI, PT y Movimiento Ciudadano) han interpuesto recursos de impugnación en al menos 35 alcaldías. Las acusaciones incluyen quema de boletas, manipulación de paquetes electorales, sustitución irregular de funcionarios y alteraciones en los resultados.
El OPLE confirmó la recepción de más de 65 recursos relacionados con los cómputos municipales. Ayuntamientos como Papantla, Hidalgotitlán, Chalma, Chicontepec, Sayula de Alemán y Poza Rica se encuentran en el centro de la disputa. En muchos casos la diferencia entre el primero y segundo lugar no supera los 100 votos.
La última palabra sobre estos resultados la tendrá el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV). Sin embargo, varios de los casos más complejos podrían escalar a la Sala Regional Xalapa o incluso a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), lo que retrasaría la entrega de resultados definitivos.
El clima de judicialización e incertidumbre electoral se vio agravado por un incremento alarmante de la violencia política. De acuerdo con la organización Data Cívica, el proceso electoral de 2025 en Veracruz fue el más violento en al menos siete años. Se registraron 32 hechos de violencia político-criminal, incluidos tres asesinatos de candidatos, 16 ataques contra aspirantes, dos secuestros y múltiples amenazas.
Según el recuento, dos candidatos fueron asesinados y al menos diez abandonaron sus campañas por amenazas directas. La mayoría de estos casos se concentraron en municipios altamente disputados, donde la competencia electoral se combinó con la presencia del crimen organizado.
Desde 2018 Veracruz ha permanecido entre las tres entidades con más violencia política en México, y esta elección no fue la excepción.
La fragmentación del voto y el reacomodo de fuerzas políticas generaron un escenario de tensión y riesgo. Las consecuencias aún se están litigando en los tribunales.
Fragmentación del voto
Para el investigador Efraín Quiñonez, de la Universidad Veracruzana, la alta competitividad electoral refleja un reacomodo profundo en el mapa político del estado. La caída de Morena en bastiones clave y el ascenso de Movimiento Ciudadano y el PT evidencian la fragmentación del voto.
“Estamos viendo un desgaste de Morena tras dos periodos municipales, el rompimiento de alianzas con el PT y la emergencia de fuerzas como MC, que se presenta como una alternativa distinta”, explicó. A esto se suma el desencanto ciudadano con las opciones tradicionales y una nueva distribución del voto en distintas regiones.
El escenario muestra volatilidad -advierte-, competencia reñida y pérdida de hegemonías. En lugar de partidos dominantes, hay una ciudadanía que reparte su voto, muchas veces por desconfianza, lo que hace que cualquier resultado sea estrecho y, por tanto, impugnable.
Un ejemplo de lo que analiza el académico del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la UV es Movimiento Ciudadano, que se posicionó como la segunda fuerza política de Veracruz, luego de ganar 572 mil votos y 40 alcaldías. Su avance incluye el control de municipios estratégicos como Poza Rica y Tantoyuca, antes gobernados por Morena y PAN.
El dirigente nacional, Jorge Álvarez Máynez, anunció impugnaciones en José Azueta, Medellín de Bravo, Hidalgotitlán y Papantla.
En ese último municipio, su candidato Mariano Romero perdió por 403 votos frente al morenista Gonzalo Flores Castellanos, tras un recuento que cambió el resultado preliminar. Sobre la elección, Máynez denunció que los paquetes trasladados a Xalapa llegaron abiertos y con boletas nulas alteradas.
“Fue un fraude grotesco. Nos quieren robar mil votos y no lo vamos a permitir. Ganamos con votos y vamos a defender el triunfo hasta las últimas consecuencias”, declaró.
Ante el avance de MC, la gobernadora Rocío Nahle denunció que el partido postuló candidatos presuntamente vinculados con la delincuencia organizada. Álvarez Máynez respondió que quienes han sido señalados en realidad son “perseguidos políticos” y retó a la mandataria a presentar pruebas.
El PAN confirmó que impugnará los resultados en al menos diez municipios, incluyendo Soteapan, Hidalgotitlán y Úrsulo Galván. El argumento principal del partido es la diferencia mínima de votos entre el primero y segundo lugar. “Estamos recopilando la documentación necesaria para presentar las impugnaciones donde la diferencia es mínima”, dijo su dirigente estatal, Federico Salomón.
Un caso representativo es el de Chontla, donde el PAN ganó con dos mil 440 votos, pero enfrenta impugnaciones del PRI –que quedó a sólo 43 votos– y de Morena, que perdió por poco más de mil. Además, los panistas han documentado alteraciones en actas y actos de violencia durante la jornada electoral, lo cual, afirman, comprometió la validez de los resultados.
A escala estatal el PAN obtuvo 35 alcaldías con más de 400 mil votos.
El partido con más impugnaciones
El Partido del Trabajo anunció que impugnará los resultados en 15 municipios y se presentará como tercero interesado en otros cinco. Entre los casos más cerrados se encuentran Amatlán de los Reyes, donde perdió por 707 votos; Chumatlán, con una diferencia de 75 votos; y Chocamán, donde la distancia frente al PAN fue de 756 votos. En este último, el PT denunció que boletas marcadas en favor de su candidato fueron encontradas en cañales tras el cierre de casillas.
El crecimiento del PT en estas elecciones se explica en parte por la ruptura de su alianza con Morena. Esta decisión estratégica le permitió impulsar candidaturas competitivas en zonas donde Morena enfrentaba divisiones internas, lo que a su vez facilitó al PT posicionarse como una fuerza relevante. Obtuvo más de 370 mil votos y ganó 30 alcaldías, convirtiéndose en uno de los partidos con mayor expansión territorial.
Sin embargo, ahora enfrenta el reto de sostener sus triunfos ante los tribunales. En municipios como Hidalgotitlán, donde la diferencia fue menor a 500 votos, el partido buscará probar irregularidades en el conteo y en la cadena de custodia de los paquetes. La batalla legal será clave para mantener su posicionamiento.
Al igual que MC, PAN y PT, el PRI también recurrió a los tribunales para disputar resultados en cinco municipios. Aunque logró triunfos importantes en localidades como Orizaba y Cosoleacaque, donde mantiene estructuras políticas fuertes, el tricolor busca revertir derrotas cerradas en zonas estratégicas.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Tuxtilla, donde el PRI denunció la quema de paquetería electoral, lo que impidió un recuento confiable. La diferencia fue de apenas 225 votos frente a la alianza Morena–PVEM. En Chicontepec, acusó la alteración de boletas y paquetes, tras perder por sólo 169 votos, equivalentes a 0.68% del total. En Tlaltetela el argumento se centró en que los votos nulos superaron la diferencia entre los punteros (115 votos), lo que, según el partido, justifica la nulidad de la elección.
Incluso en municipios donde la diferencia fue más amplia, como Xalapa, el PRI presentó denuncias. Alegó la desaparición de mil 685 boletas y deficiencias en la cadena de custodia de la documentación. Si bien la ventaja de Morena fue de casi 28 mil votos, el tricolor busca sentar un precedente sobre los estándares mínimos de integridad en el proceso electoral.
La respuesta de Morena
En este contexto de disputa generalizada, Morena no se quedó al margen. El partido en el poder anunció que impugnará los resultados en 11 municipios argumentando irregularidades graves como la sustitución ilegal de funcionarios de casilla, destrucción de paquetes electorales y manipulación durante el conteo de votos. Entre los casos más relevantes se encuentran Tlalnelhuayocan, Chalma, Acatlán, Sayula de Alemán, Tlacotalpan y Poza Rica.
En Acatlán Morena perdió frente al PRI por apenas 14 votos. En Poza Rica, donde la diferencia con Movimiento Ciudadano fue de 500 sufragios, el partido denunció la negativa de la autoridad electoral para realizar un recuento total.
En Las Choapas, impugnará el triunfo del candidato de MC, Jesús Uriel Esquivel, quien fue electo pese a enfrentar un proceso penal por homicidio y haber ganado bajo el amparo de un juez federal.
Un caso especialmente simbólico es el de Tlalnelhuayocan, donde el PRI ganó por mil votos, pero Morena sostiene que hubo agresiones físicas contra miembros de su estructura, así como quema parcial de documentación. “La violencia previa y la manipulación de actas deberían ser causales suficientes para anular la elección”, argumentaron representantes del partido.
Comparte esto:
Comentarios