Efraín Hernández
Córdoba, Ver.– Tras más de ocho meses de permanecer cerrada, el jueves fue reabierta la oficina de la Regiduría Novena del Ayuntamiento de Córdoba, ahora ocupada por el suplente Rodrigo Flores Morales, quien asumió funciones el pasado martes por mandato del Tribunal Federal Electoral. Según el consultor político Jesús Ulin de la Cruz, la reapertura se realizó legalmente ante notario público y evidencia las omisiones del alcalde Juan Martínez Flores.
La apertura del espacio no fue una iniciativa del Ayuntamiento, sino una acción forzada por una resolución judicial promovida por el propio suplente, que obligó al gobierno municipal a respetar la ley. Para el polítologo, lo ocurrido confirma que en Córdoba se gobierna con desprecio por la legalidad y se manipulan los cargos públicos con fines políticos, incluso a costa de los derechos ciudadanos.
El analista señaló que, desde el momento en que se formalizó la incorporación del suplente, el alcalde tenía la obligación de garantizar el acceso inmediato a la oficina, cambiando las chapas y habilitando el espacio para el nuevo regidor. “¿Qué hizo entonces el miércoles Rodrigo Flores? ¿Dónde despachó? ¿O simplemente se le va a descontar un día sin haber hecho nada?”, cuestionó, subrayando la irresponsabilidad de la administración.
Denunció que una de las principales irregularidades fue la omisión deliberada de notificar al Congreso del Estado la ausencia definitiva del regidor propietario, Eduardo Mondragón Hernández, preso desde el 18 de octubre de 2024. Esta falta de notificación impidió durante meses la integración del suplente, dejando acéfala una regiduría clave para el funcionamiento del Cabildo.
Añadió que durante ese lapso la oficina permaneció cerrada y sin atención al público, generando un vacío institucional sin justificación legal. En lugar de procurar la continuidad administrativa, el gobierno de Juan Martínez Flores optó por mantener paralizado el espacio, sin transparencia ni voluntad política.
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