Por Nicolás Cruz Hernández/
Xalapa, Ver.- Luego de que la Junta de Gobierno UV el lunes 23 de junio, prorrogó por otros cuatro años la permanencia del rector de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Aguilar Sánchez, la comunidad universitaria lo rechazó.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, el aspirante a la Rectoría, Jorge Manzo Denes calificó la resolución como “un agravio sin precedentes a los principios que deberían regir la vida universitaria”.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Esteban Bautista Hernández, dijo que el congreso en este caso, podría intervenir el Congreso de Veracruz, sí lo solicitan de manera formal, los legisladores pueden actuar en la situación que enfrenta la universidad.
“Nosotros hemos intervenido en todo. Si nos buscan, con todo gusto los escuchamos y nos sentamos”, dijo en entrevista este día en el congreso del Estado.
A pesar de ofrecer su participación en la polémica universitaria el diputado local destacó que la UV es un organismo autónomo. “Somos respetuosos. Son los compañeros que tienen que definir, no podemos opinar nosotros si hubo imposición o estuvo amafiado; es la comunidad quien debe definir”, resaltó. La postura del presidente de JUCOPO, se da luego de que un grupo de ciudadanos convocó a firmar una solicitud en la plataforma Change.org.
El objetivo: exigir la intervención de los legisladores para disolución de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana. La solicitud al Congreso de Veracruz fue realizada desde el pasado 23 de junio después de darse a conocer la aprobación de la prórroga a Martín Aguilar Sánchez.
Con este fallo, el rector seguirá en el cargo por un periodo más, de septiembre de 2025 a agosto de 2029. Petición, con más de 700 firmas hasta este jueves 26 de junio, señala que la decisión fue “opaca e ilegítima” y se tomó sin convocatoria pública ni participación plural, en contravención del procedimiento ordinario para el relevo rectoral.
“La Junta de Gobierno ha actuado al margen de los principios democráticos, de legalidad y de rendición de cuentas que deben regir a una institución pública de educación superior”, se lee en el texto. Los firmantes acusan que no hubo consulta efectiva ni transparencia, y que el rector busca únicamente “jubilarse con el salario de rector, sin un verdadero compromiso con la universidad”. El documento cita como sustento el artículo 3º constitucional, fracción VII, que condiciona la autonomía universitaria al respeto de la legalidad y los principios democráticos, así como la Ley General de Educación Superior, que obliga a observar la normatividad interna de las instituciones.
La autora de la petición, Rosalba Viveros, convocó a defender “la democracia, la transparencia y la legalidad dentro de la Universidad Veracruzana”.
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