Xalapa, Ver. 28 junio 2025.- A través de una carta que se manda a la redacción de Plumas Libres se denuncia que en la SEV dependencia que dirige Claudia Tello, opera una estructura paralela de poder que desde las sombras, y pone en jaque tanto la legitimidad como la funcionalidad institucional del sector educativo estatal, así como genera problemas semanas tras semanas a la Gobernadora Rocío Nahle, quien ya no sabe que hacer con Claudia Tello, de quien se dice dentro de poco se regresará al Senado a ocupar su curul.
Al centro de esta red que tejió Claudia Tello en la SEV se encuentra Jorge Luis Fernández Bravo, operador político de confianza de Tello Espinosa, y quien, de acuerdo con testimonios internos y análisis de actores educativos, ejerce un control real sobre las decisiones más importantes de la dependencia.
El operador en las sombras
Aunque carece de un cargo formal dentro del organigrama de la SEV, Fernández Bravo se ha consolidado como el verdadero titiritero del sistema educativo veracruzano, moviendo hilos que van desde los nombramientos hasta la asignación presupuestal, pasando por la planeación estratégica y la operación política de programas educativos. Diversas fuentes lo señalan como el arquitecto de una red de clientelismo interno, mediante la cual se intercambian favores, lealtades políticas y recursos económicos por cargos clave, contratos y privilegios administrativos.
Su influencia es tal que, aseguran algunos funcionarios, las instrucciones no se originan en la oficina de la secretaria Claudia Tello, sino en los pasillos donde opera Fernández Bravo, quien ha colocado a un grupo compacto de operadores de su entera confianza en áreas estratégicas.
Los operadores del clan Fernández-Tello
Esta estructura no podría sostenerse sin una red cuidadosamente diseñada, integrada por personajes provenientes, en su mayoría, de la pasada administración de Cuitláhuac García en SEDECOP, y que ahora se han incrustado en puestos relevantes de la SEV.
Entre los nombres más señalados destacan:
Arturo Orozco – Secretario particular de Claudia Tello Espinosa y operador político desde SEDECOP. Goza de acceso total al círculo de poder y actúa como interlocutor directo entre Fernández Bravo y la titular.
María Elena Camacho – Colaboradora de extrema confianza, encargada de tareas internas y vigilancia personal, incluso en temas que rebasan lo profesional. Es vista como un filtro para decisiones administrativas clave.
Mauricio Cano Pineda – Secretario Técnico del Consejo Interinstitucional Veracruzano de Educación (CIVE). Ha sido acusado de prácticas irregulares, como cobros indebidos a instituciones privadas a cambio de tramitar el REVOE.
Adrián Eduardo Gómez Ortega – Ex convicto por secuestro y actual Director de Administración en la Universidad Pedagógica Veracruzana (UPV), pese a no cumplir con el perfil ni contar con experiencia acreditada. Existen denuncias formales en su contra ante Derechos Humanos.
José Conde Gómez – Director General de Educación Primaria Federalizada, señalado por su actitud prepotente y servilismo ante el subsecretario Elías Calixto, más que por sus méritos técnicos o pedagógicos.
Ernesto Ixcoatl Alonso Flores – Exfuncionario de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), vinculado a maniobras presupuestales y recientemente propuesto para encabezar la Dirección Administrativa del COBAEV.
Azucena Domínguez Acosta – Ex titular del Órgano Interno de Control, con historial de encubrimiento de anomalías en auditorías internas.
Claudia Jeanett Castro Noguera – Exadministradora en SEDECOP, incorporada también a la red cercana a Fernández Bravo por vínculos personales más que profesionales.
El COBAEV: próxima víctima del control autoritario
Ahora, con los recientes movimientos dentro del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (COBAEV), se evidencia la intención del llamado “clan Fernández-Tello” de extender su control hacia esa institución.
Esta maniobra se da en un contexto de opacidad, ignorando las líneas estratégicas marcadas por el Ejecutivo estatal y tratando de colocar en cargos clave a perfiles cuestionables y con antecedentes que los descalifican para ejercer funciones públicas sensibles.
Entre los nombres propuestos por Fernández Bravo para tomar el control del COBAEV se encuentran:
José Luis Ponce Pazarán – Dirección Académica. Sin trayectoria reconocida en docencia media superior ni propuestas pedagógicas claras.
Ernesto Ixcoatl Alonso Flores – Dirección Administrativa. Perfil vinculado a manejos irregulares de recursos públicos en otras dependencias y operador financiero en SEFIPLAN
Hilda Márquez Hernández – Jefatura de Recursos Humanos. Cercana al grupo de Tello y sin experiencia comprobable en gestión de personal educativo. Hasta hace unos días era el enlace administrativo en el area de la secretaría de educación. Fungía como jefa de departamento de almacén e inventario en SEDECOP
José Jaime Domínguez Piña – Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto. Exfuncionario con historial de opacidad presupuestaria. Ex secretario de particular en SEDECOP
¿La Gobernadora Nahle estará enterada de todo esto?
Frente a este escenario, surgen preguntas fundamentales: ¿Está al tanto la gobernadora Rocío Nahle García de la magnitud de este poder fáctico dentro de la SEV?
¿Tiene conocimiento de cómo el operador Jorge Luis Fernández Bravo, escudado en su cercanía con la titular de Educación, ha tejido una red de intereses particulares por encima del interés público?
La SEV, más que nunca, requiere de transparencia, perfiles técnicos, rendición de cuentas y una verdadera vocación de servicio educativo. No puede seguir siendo la caja chica de operadores políticos ni el terreno de ambiciones personales disfrazadas de proyectos institucionales.
La transformación prometida en Veracruz no puede consolidarse si no se erradican las estructuras paralelas de corrupción.
Es momento de que la Gobernadora Nahle actúe con decisión y firmeza para cortar de raíz esta red de complicidades, antes de que el daño a la educación veracruzana sea irreparable.
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