Salvador I. Reding Vidaña
Los legisladores del partido Morena y sus cómplices (así se comportan) el Verde y el del Trabajo están aprobando cambios legislativos y nuevas leyes que afectan gravemente a la ciudadanía, a favor de un Estado controlador y legalmente arbitrario, y hay quejas de personas informadas de estos hechos, alarmadas con justa razón, y que acusan a esa ciudadanía de “no hacer nada” para defenderse. ¿Están en lo correcto?
Como en muchos casos del actuar humano, este tema tiene muchos asegunes. Hay que entenderlos y actuar conforme a diversas actitudes, acciones y sobre todas las inacciones de la población. Acusar a la gente de indolente, insensible ante los peligros de control político y violación de derechos elementales en general es erróneo e injusto. ¿Por qué?
Varias razones. Primero que nada porque seguir los procesos legislativos para la gran mayoría de las personas, millones de ellas, es algo que normalmente les es desconocido. Y si en dichos procesos se les vulneran libertades y otros derechos simplemente ni se ingresan. Y en general también los desconocen pues no lo ven o escuchan en las noticias de la televisión y la radio, y menos aún en la prensa escrita que ya casi ha desaparecido.
¿Y las redes sociales? E stán muy limitados a los contactos que cada quien tiene, sólo llegan precisamente a lo que son: redes de relaciones, de familia, de amigos y hasta desconocidos que se agregan a las cuentas como de Facebook o de WhatsApp. Y entre las personas preocupadas por las amenazas a la libertad ciudadana muchas redes se empalman y llegan a la misma gente, no llegan a millones, muchos millones de personas ajenas a las mismas. La gran mayoría de los usuarios de WhatsApp por ejemplo, usan sus cuentas para comunicar asuntos personales, chistes y cosas semejantes, pero no para intercambiar información de lo que pasa en su medio, su país y el mundo. Por allí es por donde se limita generar preocupación y acciones populares, pero vale la pena usar las redes sociales, sin duda.
Y algo muy importante, los líderes, los activistas y hasta simples seguidores de la mal llamada 4T, se preocupan porque precisamente el gran público no se entere de lo que están haciendo para controlarlo, limitarle y destruir legalmente derechos elementales, como los de información, expresión y divulgación de lo que se piensa. Tienen mucho, demasiado control sobre los medios de comunicación, o simplemente actúan sabiendo que las alarmas de las personas informadas y responsables están muy limitadas, y así, se sienten, lamentablemente cierto, ajenos, casi inmunes a la acción popular. Y hacen algo perversamente efectivo: actuar contra el reloj, para no dar tiempo de información y de reacciones ya no digamos populares, sino de los propios legisladores de oposición y de los líderes e informadores preocupados.
Por otra parte, las personas en lo individual y en pequeños grupos que se enteran de cómo se están presentando y aprobando leyes no tienen muchos recursos para alertar al gran pueblo y ganarse su apoyo e impulsarlos “a hacer algo”. Y algunos de estos interesados en el posible combate a la ilegalidad, la ilegitimidad hecha legal con cambios en la Constitución y leyes secundarias, no tienen medios para llegar a millones de ciudadanos que ni siquiera pueden saber, por el control y las fallas informativas, lo que está pasando.
Los partidos de oposición tienen o se ponen asombrosamente muchos límites para informar a la población. Aún en las cámaras legislativas apenas unas cuantas voces se elevan para protestar contra el despojo de las libertades y otros derechos. Su pobreza de actividades informativas al gran público deja muchísimo qué desear.
Y aún los ciudadanos preocupados que tienen información de esos procesos de presentación y aprobación de leyes (muchas intencionalmente “al vapor”) que les afectan no ven muchos caminos para protestar y defenderse. La insensibilidad, el servilismo y las complicidades de los legisladores de la 4T operan de maravilla. Salvo las convocatorias a marchas y plantones, no se ven claramente otras formas de protesta ciudadana abrumadoras.
Y esas reuniones públicas en general ven limitados sus resultados a la manifestación de su sentimiento de rechazo a lo indebido y la exigencia de justicia y legalidad legítima. Pero no pueden generalmente hacer más, incluso con ciertos casos exitosos. Claro que hay formas de presión directa a los grupos parlamentarios y los detentadores del Poder Ejecutivo y liderazgos de partidos. Pero los partidos y grandes organizaciones sociales deben crear y popularizar canales para hacer llegar las protestas de ciudadanos a quienes deben llegar.
No, no se puede acusar generalizando a la población de insensibles, apáticas e indolentes. Hay mucho que hacer por los preocupados para llegar a las masas de ciudadanos desinformados y motivarlos a defenderse. ¿Se les puede culpar por no hacer todo lo necesario, así como así? Por supuesto que no, tienen muchos límites y bloqueos mediáticos, con demasiada censura oficiosa perversa y hasta autocensura defensiva de medios de información.
Igualmente deben procurar una mayor eficiencia de comunicación, no hay otra forma de que la ciudadanía intente frenar la destrucción “legal” de sus derechos y libertades. Y que hay indolentes, los hay por millones (incluidos los que no se molestan en votar en elecciones), que hay desanimados que creen que nada pueden hacer, los hay, pero nunca está de más intentar cambiar dichas actitudes del pueblo. Hay que hacerlo para ¡ya! y de las mejores formas posibles.
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