CDMX.- ¿Qué hay detrás del decreto que extinguió el Programa IMSS-Bienestar y transfirió sus funciones al IMSS?
En 2024 el Programa tenía 21 mil millones asignados. Para 2025 NO le pusieron recursos.
Ahora quieren que los recursos de los trabajadores del IMSS paguen el programa Bienestar, causando un grave daño a los ahorros de los trabajadores que llevan años financiando al IMSS.
Hasta su extinción el día de hoy, este programa proporcionaba atención de primer y segundo nivel de atención en sus unidades médicas, a través de 81 unidades hospitalarias, con servicios de cirugía general, gineco-obstetricia, medicina interna, pediatría, anestesiología, medicina familiar y epidemiología. Y durante 45 años, su Modelo de Atención Integral a la Salud (MAIS), había sido la manera más efectiva de proveer de servicios de salud y medicamentos gratuitos a las personas que habitan en las localidades de alta marginación y comunidades indígenas.
El desmantelamiento del Programa no es novedad, desde noviembre de 2024, en la Cámara de Diputados denunciamos que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 no asignó recursos al Programa IMSS-Bienestar, pese a estar incluido formalmente en la estructura de programas federales. El año anterior, en 2024, contaba con 21 mil millones de pesos.
Ante el desastre inminente, en diciembre de 2024, el Consejo Técnico del IMSS autorizó usar las reservas de la institución, 10 mil millones de pesos, es decir el dinero de los trabajadores, para evitar el cierre de las unidades médicas y el despido de los trabajadores, pero solamente lo hizo por los primeros 3 meses del 2025. A la fecha, desconocemos como se está financiando el Programa.
Ahora, con el decreto de la presidenta Sheinbaum para la incorporación del Programa IMSS-Bienestar al régimen ordinario del Seguro Social (IMSS), se estarían institucionalizando un desfalco al bolsillo de los trabajadores, para pagar los servicios de la población sin seguridad social. Con la promesa de que van a reintegrar esos recursos en los próximos años, pero sin una programación de esos reintegros y sin transparencia sobre cuantos recursos ya usaron.
Esto va a afectar severamente las finanzas del IMSS, ya que harían uso de las reservas de la institución, mismas que en origen, están diseñadas para garantizar la continuidad de los servicios del Seguro Social ante contingencias; es decir, las prestaciones para riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada, vejez y guarderías.
El Programa IMSS-Bienestar debería financiarse con recursos del presupuesto federal, no con dinero de los trabajadores.
Incluso, el IMSS tendrá que pagar lo correspondiente al Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los trabajadores y los extrabajadores que laboraron en las unidades del Programa IMSS-Bienestar; es decir, un pasivo que seguirá en aumento. Lo que compromete la promesa de que se reintegren estos recursos en un futuro.
La presidenta no tiene las atribuciones para quitarle dinero a las reservas del IMSS para financiar población sin seguridad social, esta decisión le corresponde al Consejo Técnico del IMSS, es decir, a los representantes de los trabajadores y los patrones. El gobierno debe recibir autorización de los trabajadores del Seguro Social para realizar esa transferencia de recursos, no lo puede hacer por decreto.
Además, la transferencia implica el traslado total de la infraestructura, el personal, las unidades y los hospitales al IMSS; lo que incluye 81 hospitales rurales en 19 estados y 28 mil trabajadores. Y recordemos que, el gobierno federal ha estado cambiando la adscripción de los trabajadores del sector salud en los estados con terribles violaciones a sus derechos: despidos, pérdida de antigüedad, reducción salarial, incrementos de la jornada laboral, cambios de sede y menos prestaciones. Estaremos vigilando para que no se cometan nuevos abusos.
En cuanto a los aspectos operativos, el IMSS carece de la infraestructura necesaria en las zonas rurales. Si el objetivo es atender a la población más marginada, esta decisión es errónea, ya que aleja a los administradores de las comunidades con mayores necesidades. Esto pone en riesgo los servicios de salud de 10 millones de personas sin seguridad social en los municipios más remotos del país.
Estas medidas del gobierno federal también son el reconocimiento de que el organismo público IMSS-Bienestar no ha funcionado, ya que, de confiar en la institución administrada por Alejandro Svarch, le habrían confiado esta tarea, misma que ahora otorgan a Zoé Robledo acusado de desvíos en el organismo.
Este decreto abonará a la fragmentación del Sistema de Salud. Si supuestamente el organismo descentralizado IMSS-Bienestar es el sistema de salud universal para la población sin seguridad social, no hay razón para que se integre en el Seguro Social. Solamente vemos una razón de fondo: apoderarse más recursos de los trabajadores y el Consejo Técnico debe explicar por qué avala que se usen recursos de los trabajadores para financiar al IMSS- Bienestar. Esto llevará a la quiebra también del IMSS poniendo en peligro a millones de derechohabientes y sus jubilados.
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