· La Junta de Gobierno de la UV enfrenta cuestionamientos legales tras el desechamiento de demandas de amparo.
· El contexto jurídico se complica por la interpretación de la autonomía universitaria y derechos fundamentales.
· Expertos advierten sobre posibles violaciones a la legislación estatal y federal.
Por Miguel Angel Cristiani/columna
El juez o la jueza que desechó las demandas de amparo interpuestas por los doctores Manzo y Luna contra la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana (UV) ha generado un fuerte debate en el ámbito académico y jurídico.
La decisión, tomada el pasado 3 de julio de 2023, se basó en una jurisprudencia de 2010 que establece que el juicio de amparo es improcedente en casos relacionados con el ejercicio de la autonomía universitaria, específicamente en el nombramiento de rector. Sin embargo, esta jurisprudencia fue emitida antes de la Reforma al artículo 1 de la Constitución Federal en 2011 y de la nueva Ley de Amparo de 2013, que redefinieron el concepto de autoridad responsable.
Los demandantes argumentan que la autonomía de la UV no puede ser un escudo para el incumplimiento del orden constitucional. En particular, señalan que la Junta de Gobierno ha otorgado una prórroga al actual rector, Martín Aguilar, un acto que carece de fundamento en la legislación universitaria y que, según los demandantes, vulnera los derechos no solo de los aspirantes a la Rectoría, sino de toda la comunidad universitaria.
El caso ha desatado una ola de críticas hacia la Junta de Gobierno, que ha sido acusada de actuar al margen de la ley. La jurisprudencia en la que se apoyó el juez para desechar las demandas ha sido objeto de cuestionamientos, ya que se considera desactualizada y no acorde con las reformas legales recientes que priorizan el respeto a los derechos humanos y el estado de derecho.
El académico Pancho López, quien ha seguido de cerca el caso, sostiene que “la interpretación de la autonomía universitaria no debe ser utilizada como una excusa para evadir la responsabilidad de cumplir con las normas establecidas en la Constitución y las leyes secundarias”. López enfatiza que la UV, al ser una institución pública, debe rendir cuentas y garantizar que sus procesos sean transparentes y legales.
Los demandantes también han señalado que la prórroga otorgada al rector no solo vulnera su derecho a una elección justa, sino que también afecta la calidad académica de la institución. “La comunidad universitaria merece un liderazgo que sea elegido de manera legítima y conforme a las normativas vigentes”, afirmó el doctor Manzo en una conferencia de prensa.
Mientras tanto, la Junta de Gobierno ha mantenido un perfil cada vez más bajo en medio de la controversia. A través de un comunicado, la institución reiteró su compromiso con la autonomía y el respeto al marco legal, aunque no ha ofrecido una respuesta clara sobre las acusaciones de irregularidades en el nombramiento del rector.
El caso ha captado la atención de varios sectores de la sociedad, que ven en él un reflejo de los problemas más amplios que enfrenta el sistema educativo en México. La falta de transparencia en las decisiones administrativas de las universidades públicas ha llevado a un creciente descontento entre estudiantes y académicos, quienes exigen una revisión profunda de los procesos internos.
Por otra parte, especialistas en derecho administrativo advierten sobre las implicaciones de este caso para el futuro de la autonomía universitaria en México. “Si se permite que las universidades actúen por encima de la ley, se sienta un precedente peligroso que podría afectar la gobernanza y la rendición de cuentas en todas las instituciones públicas”.
El debate sobre la autonomía universitaria no es nuevo, pero este incidente ha puesto de relieve la necesidad de un diálogo abierto sobre los límites y responsabilidades de las instituciones educativas. La comunidad universitaria, así como la sociedad en general, deberá permanecer alerta ante posibles violaciones a los derechos fundamentales y exigir que se respeten las normativas vigentes.
A medida que se desarrolla este conflicto, los doctores Vela, Manzo y Luna han expresado su determinación de seguir buscando justicia a través de las instancias legales pertinentes. “No podemos permitir que se ignoren nuestros derechos y los de nuestros colegas. La comunidad universitaria debe estar unida en la defensa del estado de derecho”, concluyó el doctor Rafael Vela.
Este caso no solo afecta a la Universidad Veracruzana, sino que plantea interrogantes sobre el futuro de la educación superior en México y la relación entre autonomía, legalidad y derechos humanos. La sociedad espera de las autoridades estatales una resolución que respete estos principios fundamentales y que garantice un ambiente académico justo y equitativo.
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