Instruye Congreso practicar auditorías a 3 ayuntamientos

Xalapa, Ver. El Congreso del Estado instruyó a la Secretaría de Fiscalización de esta soberanía practicar al ayuntamiento de Banderilla una auditoría a la gestión financiera del ejercicio 2016 para determinar si existe o no desvío en la aplicación de los recursos correspondientes a participaciones federales.

Lo anterior, a través de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, resultado del anteproyecto que presentó el 19 de mayo del año en curso el presidente de la Comisión de Vigilancia, diputado Francisco Garrido Sánchez, en el que exhortó al ayu

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ntamiento de Banderilla a separar del cargo al tesorero municipal, Juan Manuel Rivera González, por el presunto desvío de 24 millones de pesos.

Durante la Décima Tercera Sesión Ordinaria, del tercer año de labores, la secretaria de la Mesa Directiva, diputada Ana Cristina Ledezma López, dio lectura al Acuerdo que refiere de las irregularidades en la Tesorería de Banderilla por el presunto retiro de 18 millones de pesos de la cuenta bancaria de los recursos para pagar una obra y otro por 6 millones de pesos, destinados a la construcción de dos unidades deportivas.

En la sesión, el Pleno legislativo también instruyó al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) practicar una auditoría al ayuntamiento de Villa Aldama en relación a la obra consistente en el equipamiento del pozo profundo y tanque elevado, así como la construcción del sistema múltiple para la congregación de Cerro de León de ese municipio.

El ORFIS deberá determinar si existe daño patrimonial a la hacienda pública del municipio de Villa Aldama, en la gestión financiera de la administración 2011-2013, respecto a las observaciones no auditadas.

También diputadas y diputados acordaron que el ORFIS, en el ejercicio de sus atribuciones, practique una auditoría a las actuales autoridades de Tamalín, procediendo a revisar las observaciones contenidas en la denuncia presentada en contra de la administración 2011-2013, referente a las omisiones de proporcionar documentos obligatorios en la entrega-recepción para determinar si existe daño patrimonial a la hacienda municipal en la gestión financiera mencionada.

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