Sin castigo asesinatos de Rubén y Nadia y tres mujeres más a casi dos años de la masacre

Por Arturo Angel/

Ciudad de México. (Animal Político). A casi dos años del multihomicidio perpetrado en un departamento de la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, el caso sigue sin castigo. Jueces federales frenaron los procesos contra dos de los tres detenidos, tras considerar que las pruebas de la Procuraduría General de Justicia capitalina no acreditan la probable responsabilidad de los acusados por el feminicidio de 4 mujeres ni en el supuesto robo que según las autoridades ocurrió.

Además, la única sentencia del caso Narvarte, dictada a principios de este año, está congelada porque la defensa y los abogados de las víctimas interpusieron una doble apelación.

Hemos insistido que a la investigación le hace falta sustento científico, que la Procuraduría no realizó las diligencias necesarias para determinar cómo ocurrieron los hechos, qué participación tuvo cada imputado, y por supuesto las motivaciones (…) a partir de un solo testimonio han  construido una verdad paralela a lo que realmente consta en la averiguación previa, y se ha ocupado más en criminalizar a las víctimas” señaló la representación legal de las víctimas.

Daniel Pacheco: juicio revocado

Daniel fue el primer detenido por el multihomicidio en la Narvarte. Tras su captura, las autoridades capitalinas aseguraron que “él había reconocido que ingresó a robar en el departamento” junto con otros cómplices y que ello había derivado en el homicidio.

Era falso. Animal Político publicó en agosto de 2015 el contenido de la declaración de Pacheco. En ella, no reconoce haber participado en delito alguno ni robado nada. Solo aseguró que convivieron con las víctimas pero que, al menos él, no las había matado.

La Procuraduría de la Ciudad de México lo consignó como presunto responsable de cuádruple feminicidio agravado, robo calificado y homicidio calificado en agravio del periodista Rubén Espinoza. Luego, un juez capitalino abrió el juicio sin que se consiguiera llegar a una sentencia.

El pasado 5 de mayo, el Juzgado Décimo Sexto de Distrito con sede en la Ciudad de México decidió dejar sin efecto el mencionado auto de formal prisión al resolver una demanda de amparo que había interpuesto la defensa de Pacheco Gutiérrez.

La juez consideró que las pruebas de la Procuraduría no acreditaban el feminicidio, pues si bien cuatro de las víctimas son mujeres, se requería argumentar alguna de las hipótesis que contempla el delito como está definido en el Código Penal y no solo sustentarlo en el sexo de las personas como se hizo. Es decir, sustentar que hubo violencia de género.

La determinación del Juzgado Décimo Sexto anuló el proceso penal que ya se había iniciado contra Pacheco Gutiérrez, pues ordena al juez capitalino que vuelva a analizar las evidencias iniciales y emita una nueva resolución en la que defina si las pruebas son suficientes para abrir un juicio en contra de esta persona y por cuales delitos

Revocado y suspendido

César Omar Martínez Zendejas fue el tercer detenido y, de acuerdo con la investigación oficial, fue quien planeó el robo de un supuesto cargamento de droga que luego derivó en los asesinatos.

Como en los otros casos, Martínez Zendejas fue consignado, pero, el pasado 23 de enero, un juez federal concedió un amparo al detenido y dio marcha atrás al proceso que se le había iniciado.

La argumentación fue la misma que favoreció a Daniel Pacheco: insuficiencia en los indicios de prueba para sustentar los cargos e feminicidio y robo al imputado.

El pasado 3 de marzo, el juez 25 en Materia Penal de la Ciudad de México volvió a dictar un auto de formal prisión por los mismos delitos, lo que abría la puerta para un nuevo juicio, pero la defensa de Omar Martínez interpuso una nueva demanda de amparo, de la que Animal Político tiene copia, en la que argumenta que el referido auto viola su derecho a una adecuada defensa y presunción de inocencia, como ya había quedado demostrado en la primera demanda de amparo.

En su demanda los abogados denuncian irregularidades desde el momento en que Omar Martínez fue detenido, como por ejemplo, que se le mantuvo incomunicado durante varias horas, que fue capturado sin una orden de aprehensión y que incluso su vivienda fue cateada sin que tampoco existiera la autorización judicial para ello.

En su escrito de demanda de amparo, la defensa de Omar Martínez sostiene que la acusación de la Procuraduría se basa solo en pruebas “circunstanciales”, que dan paso a “conjeturas, suposiciones y datos equivocados”, además de testimonios de terceros a ninguno de los cuales les consta realmente los hechos.

Debido a esta nueva demanda de amparo, el Juzgado Décimo Sexto de Distrito ordenó suspender el proceso penal que se había reiniciado hasta revisar de nuevo las pruebas del caso y definir si  se mantiene o es anulado.

Sentencia en entredicho
El expolicía Abraham Torres Tranquilino fue el segundo detenido por este caso y hasta ahora es el único que ha recibido una sentencia. El pasado 18 de enero un juez lo condenó a 315 años de prisión por los delitos de feminicidio, homicidio calificado y robo agravado.

Pero dicha condena no dejó contenta a ninguna de las partes, por lo que fue apelada y continúa sin quedar firme, es decir, sin confirmarse ni aplicarse.

La defensa de Abraham Torres interpuso el recurso de apelación, tras considerar que la sentencia se sustenta en pruebas insuficientes que no acreditan la responsabilidad plena del detenido.

En tanto, la representación legal de las víctimas, que encabeza la abogada Karla Michel Salas, apeló la determinación al advertir fallas graves, como: que no se incluía una reparación del daño adecuada para los familiares de las víctimas y que la sentencia tampoco se había dictado con una visión de violencia de género.

“Es una reparación que no corresponde al daño causado y no resulta acorde a los estándares nacionales e internacionales.  La sentencia nos preocupa también porque tenemos el temor de que la falta o pobre argumentación jurídica de la jueza lleve a que el delito se reclasifique mediante un amparo, tal y como ha ocurrido en otros casos” dijo la abogada Karla Michel Salas.

Actualmente, una Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia capitalino está revisando dicha sentencia para ver si la modifica, la confirma o la revoca.

La verdad del caso Narvarte en riesgo
Para Karla Michel Salas, los amparos que han obtenido los imputados evidencian las deficiencias en la investigación de la Procuraduría capitalina.

Explicó que los abogados de las víctimas han tenido que insistir para que se lleven a cabo peritajes que no se hicieron desde un inicio y que han frenado el esclarecimiento del caso.

Salas también recordó que otras líneas de investigación, como la que conectaba con Javier Duarte, no fueron desahogadas con la exhaustividad que se requería, ya que, por ejemplo, no hubo una ampliación de la declaración al exgobernador de Veracruz.

Añadió que “las autoridades de la Ciudad de México no han tenido un compromiso real con el esclarecimiento de los hechos ni con garantizarles a las familias, los periodistas, personas defensoras, feministas y a la sociedad  en general, el derecho a la verdad”.

Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete, Mile Virginia y Rubén Espinoza fueron asesinados dentro de un departamento de la colonia Narvarte en julio de 2015. Todos recibieron impactos por arma de fuego y, en varios casos, los peritajes demostraron posibles actos de tortura en las víctimas.

Desde los primeros días de la investigación, funcionarios de la Procuraduría capitalina filtraron que una de las víctimas era colombiana y supuestamente vinculada al comercio de drogas y que el posible móvil del homicidio era robarle un cargamento de cocaína, lo que hasta hoy no ha sido corroborado.

 

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