En México las detenciones arbitrarias son constantes por la fallida estrategia de seguridad: AI

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Por Juan Luis García Hernández/

Ciudad de México.(SinEmbargo).- Las estrategias de la guerra contra el narcotráfico arreciaron las detenciones arbitrarias en México, apuntaló Amnistía Internacional (AI). Los jóvenes, las personas de escasos recursos y en comunidades corren mayores riesgos a ser detenidos arbitrariamente por la policía, acusó la organización internacional.

Hoy en día México es un país donde las detenciones arbitrarias son una práctica constante, en todos los estados del país a manos de las policías locales, como la federal, indicó AI en su informe “Falsas Sospechas: Detenciones Arbitrarias por la Policía en México”.

“Se dan por diferentes razones pero particularmente se dan por fallidas estrategias de seguridad diseñadas para reducir el crimen organizado y que terminan en situaciones donde la población se ve vulnerada”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.

Carlos Zazueta, abogado para AI, explicó que el informe está basado en testimonios de funcionarios públicos, bajo la condición de anonimato; documentación que arrojó la necesidad de una Ley que regule el uso de la fuerza dados los constantes abusos.

Uno de los casos dentro del informe es el de Enrique Guerrero, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México enrolado en causas sociales y ajedrecista profesional, quien fue detenido arbitrariamente y se encuentra en la prisión federal de Jalisco.

El viernes 17 de mayo del 2013, cuando Enrique circulaba en las inmediaciones del Estadio Azteca, fue interceptado por sujetos no identificados.

Guerrero se acercó a policías de seguridad pública para pedir ayuda. Pero, lejos de recibirla, fue maltratado durante 30 horas. Y más tarde detenido por delitos que no cometidos de delincuencia organizada y secuestro, sin pruebas que lo adjudiquen, apuntó AI.

“La cárcel es una perpetuación de la tortura, más si es defensor de derechos humanos. Hubo una huelga dentro el sistema penitenciario […] lo amenazaron. El riesgo que él está viviendo continúa”, Lenika Morales, representante del Colectivo Enrique Guerrero.

El valor del informe es haber logrado hilar las historias de las víctimas y los funcionarios.

AI recomendó en este informe que los operadores de justicia reciban salarios dignos y las herramientas adecuadas para realizar su trabajo.

“Hacemos un llamado para que la policía tenga los elementos necesarios para informar a las personas detenidos la causa de su detención”, dijo Tania Reneaum Panzi, Directora Ejecutiva de AI.

La organización internacional no encontró criterios internacionales en la labor de las autoridades judiciales, para evitar las detenciones arbitrarias.

“Gracias a la prisión preventiva hay más de 95 mil personas esperando ser sentenciadas o liberadas; es decir, se encuentran procesadas. La prisión preventiva tendría que ser aplicada de forma excepcional”, dijo Reneaum.
Por lo que AI instó al Congreso de la Unión una reforma sobre este aspecto del Sistema de Justicia Penal. El informe ya fue entregado a representantes de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, y Procuraduría General de la República.

Otros motivos de las detenciones arbitrarias en México son los políticos. “ A AI le preocupa el uso político del Sistema Penal, el año pasado hicimos llamamientos públicos sobre el caso de Idelfonso Zamora, preso de conciencia. Así como nos preocupan las detenciones en manifestaciones”, dijo Zazueta.

En un contexto en el que la incidencia delictiva aumenta, las autoridades de la Policía Federal, así como el Jefe Capitalino Miguel Ángel Mancera, han puesto en duda el Nuevo Sistema de Justicia Penal por contribuir a que personas puedan salir de prisión con mayor facilidad. Una aseveración desechada por los investigadores de Amnistía Internacional.

“No se puede decir que el Nuevo Sistema de Justicia Penal permite la salida de delincuentes, cuando en realidad lo que se tiene que hacer es analizar cada caso. Antes de que salga cada persona hay audiencias, y si se demuestra que una persona tiene que seguir en prisión, seguirá”, dijo Zazueta.
“No se puede renunciar a un proceso judicial que garantizaría justicia, sólo porque las autoridades no quieren o no pueden”, agregó.

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