La ausencia del Estado mexicano y las desapariciones forzadas

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Por Elia Guerrero/

México es el país con mayor impunidad de América Latina. Así lo revela el Índice Global de Impunidad 2017 realizado por la Universidad de las Américas Puebla. El dato evidencia la realidad del país latinoamericano y de sus habitantes, quienes siguen movilizándose para pedir por una sociedad justa y transparente. Bajo el lema “mírame y dime que te importa”, los mexicanos se movilizaron el 30 de agosto para pedir que se apruebe la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares.

“Un México en el que ninguna persona desaparezca”, ese es el reclamo de los mexicanos que se movilizaron en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora el 30 de agosto.

La impunidad y las desapariciones forzadas son dos caras de una misma moneda. La desaparición forzada puede ser definida como la privación de la libertad de una o más personas, cometida por un funcionario público. Durante la última semana, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció que en México, las desapariciones forzadas se dan como consecuencia de la impunidad y la ineficacia del sistema judicial que en lugar de investigar los casos, “sitúa a los agraviados y a sus familiares en estado de abandono”.

Las desapariciones forzadas en México son una realidad, como así también lo es, la falta de cifras oficiales y confiables al respecto. Según los últimos datos publicados por el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RDPED), en el país hay alrededor de 31.053 personas extraviadas o desaparecidas hasta abril de este año. El problema es que esa cifra no distingue entre secuestros, desapariciones forzadas o extravíos, por lo que no se puede establecer el dato exacto de casos.

Según lo denuncia la CNDH, “la diversidad de cifras proporcionadas por los órganos de procuración de justicia locales, evidencia la necesidad de sistematizar, compulsar y depurar los datos de personas desaparecidas”. Además, la institución advierte que las desapariciones forzadas están respaldadas por la falta de una respuesta “pronta y expedita” por parte de la justicia, por la corrupción y por la “colusión de diversos servidores públicos con la delincuencia organizada”.

Lo cierto es que la falta de cifras oficiales es sólo uno de los temas que rodea el drama de las desapariciones forzadas en México. A pesar de que el Estado mexicano se comprometió en 2015 a crear una ley que contemple este tipo de situaciones, hasta el día de hoy ese compromiso no se ha sellado.

Dicha ley, contemplaría la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda para dar con el paradero de los más de 30 mil desaparecidos. Lo que demuestra, que hasta el momento, ni siquiera existe una comisión especial responsable de la búsqueda. Ninguna persona puede desaparecer. El Estado tampoco puede hacer desaparecer personas. Es por eso que el gobierno mexicano debe tomar responsabilidad por todas aquellas personas de las cuales se desconoce su paradero y luchar para que se esclarezcan los casos. De lo contrario, lo único que se evidencia es la complicidad de un Estado y de la impunidad.

Mientras el gobierno sigue posponiendo el tema, los familiares de desaparecidos siguen luchando por encontrar a sus parientes. La indiferencia de las autoridades, ha llevado a los familiares a desplegar sus propias búsquedas. Uno de los ejemplos más recientes es el de Mirna Nereida Medina Quiñónez, representante del grupo Las Rastreadoras de El Fuerte, en Sinaloa, quien encontró los restos de su hijo desaparecido, tras allanar por su cuenta el terreno donde había sido enterrado ilegalmente.

La falta de una política integral, deja las peores consecuencias. Madres buscando a sus hijos en fosas clandestinas, siguiendo sus propias investigaciones con los pocos recursos con los que cuentan. La falta es evidente, el Estado debe estar presente. Sin importar las condiciones, el Estado debe estar ahí para investigar, para resolver los casos y encontrar a los desaparecidos.

El Estado desaparece. Se pone a un lado, intentando esconder a los desaparecidos. Intenta no poner números, buscando no toparse con una realidad que aunque intenten disfrazar, seguirá estando visible gracias a los familiares y organizaciones que reclaman para ponerle un fin a la impunidad.

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