Por Manuela V. Carmona/
Puebla, Pue.- Con la liquidación de más del 85 por ciento a los copropietarios de la Compañía Industrial Veracruzana (Civsa) de Ciudad Mendoza, se vuelve una realidad la creación de un complejo industrial y comercial en esta ciudad, lo que estaría generando al menos dos mil fuentes de empleo de manera indirecta en beneficio de los habitantes de la región centro del estado.
Eustaquio Ibarra, Enrique Bert, Luis Cervantes Muñoz y Paulina Morfín, representantes y apoderados legales de la empresa «Hidroeléctrica Santa Rosa» informaron en rueda de prensa que tras la compra de Civsa, se proyecta la creación de este complejo que incluirá, un centro de negocios inmobiliario, un centro comercial, una planta hidroeléctrica y una moderna fábrica textil.
Eustaquio Ibarra explicó que este proyecto consta de dos etapas; la primera es el finiquito de la compra de los activos a los copropietarios, viudas o familiar directo de los ex obreros de esta manufacturera, misma que se encuentra a más de un 85 por ciento de liquidación, por lo que se puede considerar que legalmente la Civsa, tiene nuevo dueño.
La segunda etapa, corresponde a la creación de una hidroeléctrica que generará energía para uso comercial así como la reactivación de la industria textil, para lo que se considera la adquisición de maquinaria de tecnología avanzada que sea amigable con el entorno, dada la ubicación de la empresa.
Agregaron que tras muchos años del estallamiento del conflicto en esta importante fábrica de la región, buscan cumplir la disposición del antiguo dueño, quien pretendía apoyar a los obreros para que la ciudad siguiera prosperando, por lo que buscan invertir en un corredor importante para detonar la economía del municipio y que puede ser ejemplo para destrabar a futuro los conflictos de liquidación y venta en las fábricas textileras de Nogales y Río Blanco.
Paulina Morfín señaló que legalmente la Civsa ya tiene dueño, por lo que los supuestos inversionistas chinos, son un engaño; de igual manera invitó a los familiares de obreros que fallecieron o emigraron a otro estado o país, para se acerquen con los representantes jurídicos de la empresa o en el Consulado de México para recibir asesoría y gestionen el pago correspondiente.
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