Por Rosi Amerena, Juan Mayorga, Rodrigo Pérez Ortega, Nallely Sánchez y Daniel Anguiano/
Ciudad de México, (Animal Político). En México, algunos de los alimentos más consumidos elaborados con maíz, como harina para tortillas, tostadas, frituras y cereales, contienen organismos genéticamente modificados (OGMs), pero los consumidores no lo saben, pues las etiquetas no lo dicen.
Ninguna ley obliga a las empresas productoras de alimentos a informar a los consumidores si sus productos contienen transgénicos.
En el mundo, 61 países han adoptado leyes y normas para que los productores de alimentos implementen un mecanismo de trabajo aprobado por el Codex Alimentarius de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), e informen en las etiquetas de sus productos la posible presencia de sustancias transgénicas.
En Estados Unidos, por ejemplo, se intentó aprobar en 2015 una iniciativa que dejaba el etiquetado de OGMs como algo voluntario.
Sin embargo, tras debates y protestas de organizaciones sociales contra agencias del gobierno federal (particularmente a la Food and Drug Aministration) y sectores del Congreso, el expresidente Barack Obama firmó en julio de 2016 la Ley Nacional de Revelación de Alimentos con Bioingeniería, con lo que hacía obligatoria la transparentación del contenido transgénico.
La ley mandata a los estados a ajustar su marco legal e instruye a las agencias federales a dar reglamentación específica para que revelen sus contenidos en un plazo de entre uno y tres años.
Mientras que en Estados Unidos se define la manera de advertir a la población –se han contemplado leyendas similares a las de los cigarrillos, códigos de barras para leer con dispositivos móviles o imágenes–; en Brasil, la ley obliga a los productos con contenido genéticamente modificado a agregar en la envoltura un triángulo amarillo con una “T” en su interior.
Sin embargo en México, hay alimentos que contienen este tipo de sustancias y no se informa de ello ante la falta de una “ley clara” que los obligue.
Lo que dice la ley
En el caso mexicano, la falta de una legislación en la materia ha provocado que existan alimentos elaborados a base de maíz que contienen Organismos Genéticamente Modificados (OGMs) y no se esté informando a los consumidores de ello.
El primer párrafo del artículo 101 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados señala que los productos que contengan OGMs para consumo humano directo, deberán garantizar la referencia explícita y señalar en la etiqueta la información de su composición alimenticia o sus propiedades nutrimentales, sin embargo, hay empresas que no lo hacen.
“La ley solo exige a las empresas que señalen si existen OGMs cuando haya cambios significativos, basándose en un peligroso principio denominado de equivalencia sustancial.
Esa noción de equivalencia sustancial es muy vaga, abre un margen amplio de discrecionalidad a las empresas y no ayuda a que se cumpla un examen riguroso, un etiquetado preciso ni un seguimiento post-comercialización de los OGMs”, explicó Rodrigo Gutiérrez Rivas, especialista y académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sobre el vacío legal existente en el etiquetado de los productos con OMGs.
Un estudio de la UNAM y la UAM sobre alimentos elaborados con maíz transgénico, presentado el pasado martes 10 de octubre, señaló harina para tortillas, tostadas y frituras tienen transgénicos.
El estudio analizó, entre 2013 y 2015, 367 muestras de productos de maíz representativos de la zona metropolitana de la capital mexicana. El objetivo era retratar la disponibilidad de los productos que existen actualmente en la zona más poblada del país.
La muestra analizada ilustra la penetración de los transgénicos en el ámbito urbano de México, explicó el doctor en biotecnología Emmanuel González Ortega, uno de los autores. Lo que queremos “exponer este concepto mañoso” existente en la ley de bioseguridad, que provoca un vacío que nadie atiende, dijo el investigador.
Por qué es importante saber si hay transgénicos en los alimentos
Contrario a lo que sucede con la producción de maíz transgénico, suspendido temporalmente en México ante la posibilidad de que contamine 64 especies de maíces nativos del país, el consumo de productos transgénicos sí está permitido en el país a escala comercial.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), dependiente de la Secretaría de Salud, ha autorizado para consumo al menos 55 tipos de maíz genéticamente modificado, considerándolos inofensivos. La mayoría de estos maíces contienen un gen que libera un insecticida, volviéndolos resistentes a las plagas, también contienen otro gen que les da resistencia, entre otros, a un herbicida llamado glifosato.
Se trata de productos que, de acuerdo con la mayor parte de la evidencia científica disponible, no tienen ningún efecto negativo en la salud humana, y son avalados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Sin embargo, las personas deben saber que los alimentos que consumen los tienen.
La Alianza por la Salud Alimentaria, una congregación de grupos civiles que sigue y critica las políticas de salud pública, ha demandado que se obligue a las empresas a informar en las etiquetas de sus productos la posible presencia de transgénicos.
“Es un derecho de los ciudadanos el acceso a la información y este derecho está violado por el gobierno mexicano que ha permitido que los transgénicos entren en nuestros alimentos sin ninguna información al consumidor”, aseguró a inicios de este año Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor.
Según el especialista en derecho ambiental, Carlos del Razo, el hallazgo de transgénicos en alimentos de alta comercialización vuelve urgente la regulación de etiquetas que cumplan con el objetivo de informar a los consumidores, “tal vez a través de una Norma Oficial Mexicana”.
“Son dos temas. El primero es que se informe mejor en las etiquetas qué estamos consumiendo. Y el segundo es obligar a las empresas a financiar campañas de concientización sobre los transgénicos”, indicó del Razo.
El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Rodrigo Gutiérrez Rivas, destacó que el etiquetado debe sortear el riesgo de convertirse en un nicho restringido para las compañías que puedan pagarlo.
“Esto generaría un mercado de lujo donde solo los más ricos accederían a productos no transgénicos, mientras lo que debe de ocurrir es justamente lo contrario… Nada más faltaría que un campesino que tiene un producto criollo tenga que pagar una certificación para poder demostrar que sus tortillas no tienen transgénicos”, dijo el investigador.
Comentarios