Ciudad de México.- El aborto como derecho en materia de salud reproductiva puede ser una realidad en Veracruz, gracias a un amparo obtenido por colectivos feministas, el cual ordena al Congreso de ese estado a reformar su Código Penal. Pero los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) se resisten y aprovechando que tienen mayoría sufragarán hoy en contra de esta decisio

El poder legislativo de Veracruz anunció que recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que atraiga el caso, ya que el artículo 4 de la Constitución Política de ese Estado se encuentra en análisis en una acción de inconstitucionalidad, pues hace referencia a “la protección a la vida, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural”.

En entrevista Patricia Bedolla, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, dijo que “ellos (el Congreso) pueden agotar ese procedimiento más por perder tiempo que por tener razón”.

Pero el tiempo agotado en revisiones sería muy breve, dijo, pues la sentencia le pone un término al poder legislativo para reformar el Código Penal, lo cual debe hacer a más tardar el 31 de julio.

El amparo 1191/2017

El 3 de julio, el Juez Decimoctavo de Distrito ordenó al legislativo de Veracruz “despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo reformando el Código Penal antes del 31 de julio de 2018, para que el aborto sea tratado como un tema de salud pública y no de política criminal”, explicó ONU Mujeres.

En el amparo 1191/2017, establece que el Poder Legislativo del estado de Veracruz no ha cumplido con la recomendación de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, decretada el 13 de diciembre de 2017, al no reformar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal del Estado, que consideran el aborto como un delito.

El plazo máximo para legislar en la materia vence el 31 de julio.

El amparo fue concedido al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Justicia Derechos Humanos y Género A.C., el Colectivo feminista de Xalapa A.C. y el colectivo Akelarre.

El Congreso defiende su soberanía sobre el derecho a decidir de las mujeres

El Congreso de Veracruz informó que “recurrirá al recurso de revisión y pedirá la facultad de atracción de la SCJN, ya que aún tiene en análisis la acción de inconstitucionalidad, promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en contra del artículo 4 de la Constitución Política del Estado sobre la protección a la vida, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural,

Informó que “se defenderá la legalidad y la soberanía del Poder Legislativo del Estado, ya que se considera recurrible la determinación del Juzgado Décimo Octavo de Distrito”.

Rechaza el Congreso de Veracruz que con este recurso no se oponen a la reforma de los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal del Estado de Veracruz, sino que buscan defender la “soberanía y atribuciones que tiene este Poder Legislativo”.

Cometería desacato

El Congreso de Veracruz no tiene opción: debe despenalizar el aborto en el estado o de lo contrario cometerá un desacato judicial. En eso coinciden Patricia Bedolla, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y Martha Mendoza Parissi, abogada del OCNF y feminista perteneciente a la Red de Mujeres Feministas de Veracruz.

Martha Mendoza, abogada del OCNF y feminista perteneciente a la Red de Mujeres Feministas de Veracruz, considera improbable que la SCJN revoque la sentencia del juez, pues la propia Ministra Margarita Luna Ramos llevó esta sentencia al informe de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) para presentarla como un ejemplo de lo que se está haciendo en México.

“En términos constitucionales las que tienen la razón somos nosotras, ellos pueden agotar ese procedimiento más por perder tiempo que por tener razón”, dijo Bedolla.

La abogada Mendoza Parissi señala que de no cumplir los legisladores podrían caer en desacato y tendrían que ser sancionados.

“La Constitución y la ley de amparo señalan que deben acatar la resolución, además es un mandamiento de diversos ordenes internacionales que están obligados a llevar a cabo”, aclara la abogada.

Bedolla va más allá y afirma que el Observatorio ha decidido que acudirá aljuicio político, si tras la revisión se confirma la sentencia pero los legisladores no despenalizan el aborto.

En Veracruz, mujeres y médicos pueden ir a la cárcel por abortar

Otra declaración que han hecho los legisladores locales, en particular el panista Sergio Hernández Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política, es que el Código Penal veracruzano ya contempla el aborto el caso de violación o si pone en riesgo la vida de la madre.

Mendoza Parissi señaló que a pesar de esto, el aborto sigue siendo un delito que criminaliza a las mujeres si se práctica.

Incluso, señaló que en Veracruz muchas mujeres que han tenido un aborto espontáneo, los Ministerios Públicos les han consignado no por aborto, sino por homicidio en razón de parentesco.

“Esas son las circunstancias a las que se enfrentan las mujeres con un código como el que tenemos”, dijo.

El no poder ejercer el aborto en los casos contemplados por la ley y la criminalización de las mujeres fue el motivo que llevó al OCNF, en alianza con el Frente Veracruzano por la vida de las mujeres, a hacer la solicitud de Alerta de Violencia de Género por agravio comparado.

Tres años de documentación revelaron que no solo hay mujeres acusadas de homicidio por abortar, sino que en Veracruz el mayor número de embarazos no deseados se encuentran en adolescentes y niñas de 10 años en adelante, que normalmente son consecuencia de abusos sexuales de sus propios familiares, dijo.

“La Conavim, en la Alerta de Violencia de Género ordena despenalizar el aborto en las primeras 12 semanas para facilitar el acceso a un aborto seguro a todas estas niñas y adolescentes que están siendo abusadas”, sentencia Bedolla.

Enfatizó que dentro de la Alerta por Violencia de Género se ordenaron varias medidas al Estado veracruzano: al Poder Ejecutivo se le ordenó establecer un programa en la Secretaría de Salud para dar acceso a las mujeres a la interrupción legal del embarazo, principalmente a quienes que han sido violentadas sexualmente.

Al poder legislativo se le ordenó que actualice su tipo penal porque es uno de los más atrasados en el país, pues impide a las mujeres acceder a un aborto legal, incluso si el embarazo pone en riesgo su salud.

Como ni el poder ejecutivo ni el legislativo cumplieron con lo que manda la alerta, se solicitó el juicio de amparo, que fue avalado por el juez décimo octavo de distrito el pasado 3 de julio. Ambas activistas reconocen que la sentencia es un precedente a nivel nacional, lo cual implica que sienta las bases no solo para establecer la interrupción legal del embarazo en Veracruz, sino a nivel nacional.