PUEBLA, PUE. (Apro).- La boda de César Yáñez Centeno y Dulce María Silva Hernández, de por sí polémica, tiene además antecedentes marcados por el escándalo.
Tras su encarcelamiento en 2016, acusada de haber obtenido ilegalmente un predio en una de las zonas de mayor plusvalía de Puebla, en 2017 Silva Hernández pasó a ser calificada públicamente como perseguida política del ex gobernador poblano Rafael Moreno Valle.
Protagonizó en prisión una huelga de hambre en la que acusó al gobierno estatal, entonces a cargo de Antonio Gali Fayad, de vejaciones, abusos y torturas; y 16 meses después la también empresaria causó sorpresa al invitar a ese mandatario poblano, considerado continuador del morenovallismo, para ser testigo de su enlace matrimonial.
Esto además en un marco político complejo: cuando el candidato a gobernador de Juntos Haremos Historia, Luis Miguel Barbosa, había acusado a Gali de haber sido copartícipe del fraude electoral del 1 de julio y cuando el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, había vetado a Puebla de su gira de agradecimiento, precisamente para evitar un encuentro con el mandatario estatal previo a la definición de los comicios en los tribunales.
Antes del predicamento de aparecer junto con su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, en la portada de la revista ¡Hola!, López Obrador había tenido que sortear la situación de firmar como testigo al lado de Gali Fayad justamente el día en el que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación terminaba el conteo voto por voto de la elección para gobernador de Puebla.
La presencia de Gali y la ausencia de Barbosa, se prestaron para las especulaciones, además de poner en evidencia la división cada vez más notoria dentro de Morena-Puebla entre quienes dan apoyo total al ex senador y quienes han tendido puentes con el morenovallismo y sí acudieron al evento.
Los cargos
Dulce María Hernández Silva es originaria de Huamantla, Tlaxcala. En 2015 intentó ser candidata a alcaldesa por Morena en ese municipio, lo que propició su acercamiento con la causa de López Obrador y, por ende, a su entonces vocero, con quien contrajo nupcias el 29 de septiembre.
La familia de la novia es propietaria de la empresa Embutidos Silva, que maneja las marcas Carnelli, Kual y El Cerdito, entre otras, que tienen una amplia presencia en el mercado del centro-sur del país. Ella asegura ser empresaria de la construcción y tener una fundación altruista llamada Dulce Silva.
La relación sentimental entre ella y Yáñez salió a la luz en octubre de 2016, cuando El Universal publicó cuatro grabaciones que ponían en evidencia los intentos del vocero de López Obrador por negociar la libertad de su novia con el gobierno de Rafael Moreno Valle.
Las grabaciones, atribuidas a las redes de espionaje que tenía a su servicio el mandatario poblano, mostraban a un desesperado Yáñez dispuesto a hacer lo que fuera para ayudar a su pareja.
La conversación con Carlos Meza, el abogado de confianza del ex gobernador Manuel Bartlett, revelaban la posibilidad de que la moneda de cambio para la liberación de Silva Hernández podría ser un acuerdo para que el entonces senador no atacara a Moreno Valle.
Silva Hernández había sido detenida el 10 de marzo de 2016 en Cholula, en el sexenio de Moreno Valle, que concluyó en enero de 2017. Fue trasladada al penal de San Miguel, en Puebla.
Se le acusaba de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues supuestamente había aportado 30 millones de pesos al grupo inmobiliario Verhome, S.A. de C.V., propiedad de Edmundo Tiro Moranchel, quien a su vez estaba preso desde 2010, acusado de haber defraudado a más de 7 mil ahorradores.
El 8 de marzo de 2017, cuando estaba por cumplirse un año de su encarcelamiento, Silva inició una huelga de hambre para exigir atención para su caso. Vía telefónica aseguró a los medios que su detención tenía como origen el interés del ex gobernador Moreno Valle de despojarla de un terreno de 6 mil metros cuadrados en la exclusiva zona comercial de Angelópolis.
Aunque la empresaria aseguró que la cesión del terreno, cuyo valor se estimaba superior a 4 millones de dólares, partía de un acuerdo de negocios con los Moranchel para construir ahí un desarrollo inmobiliario. Desde la cárcel, el empresario negó haberle otorgado los derechos sobre la propiedad que él pretendía usar para negociar su libertad con las personas que fueron defraudadas por su empresa.
Araceli Bautista, integrante del Centro de Derechos Humanos José Luis Tehuatlie Tamayo, dice haber sido testigo de las torturas y maltratos de los que fue víctima Silva Hernández en su estancia en el penal de San Miguel.
«Había una reclusa que la perseguía, que la golpeaba, que se dedicaba a hostigarla día y noche; le hizo la vida de cuadritos”, recuerda.
Y relata, entre otras cosas, que en los separos de la Fiscalía General del Estado, el día de su detención la empresaria tlaxcalteca fue obligada a desnudarse entre expresiones agresivas y humillantes por parte de los policías.
Además menciona que recurrentemente recibía visitas de emisarios de Moreno Valle que la hostigaban y sometían a amenazas, sobre todo que levantarían cargos contra sus padres si no accedía a entregarles los terrenos que estaban a su nombre.
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