Londres. (proceso.com.mx).- En México continúan los atropellos y abusos flagrantes contra los derechos humanos de los ciudadanos, y en el último año se ha registrado incluso un empeoramiento de la situación, concluye el informe anual de Amnistía Internacional (AI) presentado en Londres.
El organismo defensor de los derechos humanos dedico varias páginas de su informe a México, país del que dijo recibió nuevas denuncias de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas en el contexto de la delincuencia violenta y la falta de rendición de cuentas de la policía y el ejército.
“La impunidad por violaciones de derechos humanos y delitos comunes sigue siendo la norma”, indica el documento.
“Según datos oficiales, más de 22 mil personas permanecen secuestradas, sometidas a desaparición forzada o en paradero desconocido, entre ellas 43 estudiantes del estado de Guerrero. Las iniciativas de búsqueda de las personas desaparecidas resultan por lo general infructuosas. Se siguen recibiendo noticias de numerosos casos de tortura y otros malos tratos, así como información que indica que los agentes federales y estatales del ministerio público no investigan adecuadamente las denuncias”, agregó.
Amnistía menciono además que la Suprema Corte de Justicia de la Nación “reforzó las obligaciones jurídicas para excluir las pruebas obtenidas mediante tortura”.
Sostuvo que siguen atribuyéndose muchas violaciones de derechos humanos a soldados y miembros de la Marina, que continúan siendo desplegados en gran número en operaciones de mantenimiento del orden, incluida la lucha contra la delincuencia organizada.
“Tras décadas de campañas por parte de organizaciones de víctimas y de la sociedad civil, se abolió el fuero militar para los casos de violaciones de derechos humanos cometidas por personal militar contra civiles. Los periodistas y los defensores y defensoras de los derechos humanos sufren hostigamiento, amenazas y homicidio. Algunos enfrentan cargos penales por motivos políticos. Los migrantes irregulares en tránsito siguen viviendo bajo la amenaza de asesinato, secuestro, extorsión, violencia sexual y trata de seres humanos; los responsables rara vez han comparecido ante la justicia”, detalla el documento.
A pesar de la existencia de leyes para combatir la violencia contra las mujeres, “la violencia de género es habitual en muchos estados” y subraya que los proyectos de desarrollo y explotación de recursos que afectaban a comunidades indígenas en diversas partes del país “provocan protestas y demandas de un proceso adecuado de consulta y consentimiento”.
Según AI, a pesar de que el gobierno de Enrique Peña Nieto impulsa su programa de reformas legislativas, que afecta a los sectores de la energía, la educación, las telecomunicaciones y la organización política “hay escasas muestras de que se hubieran adoptado medidas sustanciales para abordar la situación de los derechos humanos”.
Varios estados, entre ellos, Puebla, Quintana Roo, Chiapas y el Distrito Federal, “adoptaron o intentaron adoptar leyes sobre el uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de mantener el orden durante las manifestaciones”, que sin embargo “no se ajustan a las normas internacionales de derechos humanos y suponen una amenaza para la libertad de expresión y asociación”.
En respuesta a las manifestaciones multitudinarias que exigen justicia en el caso de 43 estudiantes víctimas de desaparición forzada, Amnistía reporta que el presidente Peña Nieto anunció el 27 de noviembre una serie de medidas políticas y legislativas, entre ellas un cambio constitucional que otorgaría a los estados control sobre la policía local.
De todos modos, aclara que a pesar de que la versión oficial sostiene que la violencia relacionada con la delincuencia organizada ha disminuido, denuncia que la situación sigue siendo grave.
“La cifra total de homicidios en los nueve primeros meses del año fue de 24 mil 746, frente a los 26 mil 001 del mismo periodo de 2013. En septiembre, un estudio oficial de ámbito nacional estimó que en 2013 se habían producido 131 mil 946 secuestros, frente a los 105 mil 682 de 2012. En muchos estados, el ejército y la Marina continúan desempeñando labores policiales, a menudo sin una rendición de cuentas efectiva, lo que se traduce en denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y otros malos tratos y ejecuciones extrajudiciales”, subraya el informe.
En respuesta a los altos niveles de violencia de la delincuencia organizada, “a menudo con la connivencia de las autoridades locales, en el estado de Michoacán emergieron varios grupos de autodefensa conformados por civiles armados”.
Con respecto al tema de las desapariciones, la ONG británica indica que estas seguían siendo abundantes.
“El paradero de la mayoría de las víctimas sigue sin revelarse. Durante el año, varias autoridades federales realizaron una serie de declaraciones contradictorias sobre la cifra de denuncias de personas desaparecidas cuyo paradero continuaba sin ser desvelado. En agosto, el gobierno reconoció que había 22 mil 611 personas desaparecidas, de las que 9 mil 790 habían desaparecido durante el actual gobierno, y 12 mil 821 durante el gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-2012). El gobierno no hizo pública la metodología empleada para obtener esas cifras. La impunidad sigue siendo la norma en los casos de desaparición forzada”, señala.
Amnistía se refirió al caso de Ayotzinapa. Recordó que en septiembre, la policía municipal de la ciudad de Iguala, en connivencia con delincuentes organizados, fue responsable de la desaparición forzada de 43 estudiantes de magisterio de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, estado de Guerrero. Las investigaciones revelaron la existencia de varias fosas comunes y un vertedero que contenía restos humanos. En noviembre, el procurador general de la República anunció que la principal línea de investigación, basada en los testimonios de tres miembros de la banda delictiva aparentemente implicados en el caso, indicaba que los estudiantes habían sido asesinados, quemados y arrojados a un río.
“Su anuncio no aborda los niveles generales de impunidad, corrupción y casos de desapariciones sin resolver en México. Más de 70 funcionarios públicos locales y miembros de la banda delictiva fueron arrestados y procesados en relación con este caso. No se proporcionó información relativa a la posible responsabilidad, por acción u omisión, de funcionarios públicos estatales o federales”, agrega la nota.
El 7 de diciembre, la Procuraduría General de la República anunció que expertos forenses independientes habían identificado los restos de uno de los estudiantes. “Al terminar el año, seguía sin conocerse el paradero de los otros 42″.
El informe menciona también la cuestión de detenciones arbitrarias y la tortura y otros malos tratos a manos de miembros de las fuerzas armadas y de la policía federal, estatal y municipal, que denunció “siguen siendo generalizados en todo el país”.
“Estas prácticas se utilizan a menudo para arrancar ‘confesiones’ y otro tipo de información a fin de realizar investigaciones penales, o con otros propósitos como, por ejemplo, la extorsión. Pese a que se registraron decenas de denuncias a nivel federal y estatal, fueron pocos los procesamientos, y prácticamente no se dictaron condenas contra los funcionarios responsables”, explicó el documento.
Agregó que, como en años anteriores, el dictamen médico/psicológico especializado de la Procuraduría General de la República para supuestos de posible tortura no se aplicó en la mayoría de los casos.
“En las contadas ocasiones en las que se realizó, los resultados fueron normalmente desfavorables al denunciante. En general, los funcionarios no aplican el procedimiento dispuesto en los principios del Protocolo de Estambul, que incluyen la celeridad y la obligación de ofrecer resultados completos a las víctimas”, subraya.
Con respecto a la situación de periodistas y defensores de derechos humanos, Amnistía denunció que estos sufrieron ataques, amenazas o fueron víctima de homicidio como represalia por desempeñar su legítima tarea.
“Hasta ahora no se tiene noticia de que se identificara o llevara ante la justicia a ninguno de los responsables. Ello se debe en gran medida a las deficiencias en las investigaciones, que a su vez son a menudo consecuencia de la falta de interés de las autoridades, especialmente las estatales. La impunidad generalizada alimenta el clima de inseguridad en el que desarrollan su labor tanto los defensores de los derechos humanos como los periodistas”, continuó.
El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas anunció en noviembre que había recibido 72 casos en los primeros nueve meses del año, pero de acuerdo a Amnistía “en general, siguió sin brindar una protección oportuna y eficaz”.
“Las medidas de protección convenidas a menudo dependen del respaldo de las autoridades locales, incluso en los casos en los que se sospechaba que esas mismas autoridades estaban involucradas en los ataques”, explicó.
Sobre el problema de la violencia contra mujeres y niñas, subrayó que los actos como violaciones, secuestros y feminicidios, siguen siendo endémicos en todo el país.
“Buena parte de las autoridades siguen sin aplicar medidas legales y administrativas para mejorar la prevención, la protección y la investigación de la violencia de género. El Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres rechazó poner en marcha el mecanismo de “Alerta de Género”, diseñado para movilizar a las autoridades en la lucha contra la extendida violencia de género y proporcionar una respuesta oficial eficaz frente a los casos de violencia”.
El informe dio cuenta de la situación de las personas refugiadas y migrantes en México, y dijo que la inseguridad y la privación social en sus países de origen empujaron a un número creciente de migrantes centroamericanos, sobre todo menores de edad no acompañados, a cruzar México para llegar a Estados Unidos.
“Las bandas delictivas continúan matando, secuestrando y extorsionando a estos migrantes, a menudo con la connivencia de funcionarios públicos. Las mujeres y los niños y niñas están especialmente expuestos a sufrir violencia sexual y ser objeto de trata. Siguen conociéndose casos de malos tratos por parte de la policía y de los funcionarios de inmigración que realizan detenciones”, añadió el documento, al indicar que los migrantes irregulares continúan siendo recluidos en detención administrativa en espera de expulsión.
Con respecto a los derechos de los pueblos indígenas, el informe anual de AI concluyó que continuaban siendo discriminados en el sistema de justicia penal y tenían un acceso limitado a los servicios básicos, como el agua, la vivienda y la asistencia médica.
“No se consulta de forma efectiva a las comunidades indígenas para obtener su consentimiento libre, previo e informado acerca de los proyectos de desarrollo económico que afectan a sus tierras y a su modo de vida tradicional, lo que desemboca en protestas y conflictos. Éstos, a su vez, dan lugar a amenazas y ataques contra líderes comunitarios y, en algunos casos, a procesamientos penales de activistas, al parecer basados en cargos de motivación política”, continuó.
Finalmente, dijo que en mayo, el relator especial de la ONU sobre la tortura visitó México y presentó conclusiones preliminares que señalaban que la práctica de la tortura y otros malos tratos seguía siendo generalizada.
“En junio, el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales publicó el informe sobre su misión a México de principios de 2013, que puso de relieve los elevados niveles de homicidios e impunidad. En agosto, el relator sobre los derechos de los migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el informe sobre su visita a México, en el que ofrecía información detallada sobre la violencia generalizada contra las personas migrantes, la negación del proceso debido y las protecciones judiciales y otros abusos contra los derechos humanos”, concluyó.
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