Jorge E. Lara de la Fraga/Espacio Ciudadano
México requiere una transformación a fondo, pero los jerarcas neoliberales pretenden que todo siga igual.
Así como en los clásicos cuentos, había una vez en nuestra patria chica un político “con mucha suerte”, inquieto, mentiroso y endeudador nato, que utilizaba los recursos públicos para superar todo tipo de conflictos y necesidades personales. Acostumbraba llevar efectivo en sus bolsillos y tener a disposición inmediata recursos para acallar conciencias, comprar voluntades y corromper a quien se dejara. Ese ejemplo nada edificante parece servir de modelo o directriz a otros elementos indeseables que han hecho de la función pública un lamentable recinto de mercaderes y podredumbre. Para desgracia de todos los mexicanos, la corrupción es uno de los peores males del país y se reproduce como un cáncer gracias a la impunidad, que es el principal pilar que sostiene al actual sistema político y económico. Implica la violación a las leyes para obtener un beneficio individual o de grupo, o es el enriquecimiento ilícito mediante el tráfico de influencias, el clientelismo, el cohecho y el fraude, prácticas ilegales que en la actualidad casi nunca son castigadas.
En México es muy alto el costo de la corrupción; existen datos escalofriantes sobre el asunto y especialistas concluyen que ese mal propicia la pérdida o fuga de un poco más de 340 mil millones de pesos al año a la nación, sobre el entendido de que nuestro país está reprobado en dicho rubro al tener una valoración de 3.5 en una escala del 1 al 10, donde se destacan naciones como Finlandia e Islandia, cuyos puntajes son superiores al 9.5. Habrá que adicionar que ante el incremento de la corrupción la pobreza también va a la alza; los ricos aumentan su patrimonio y a la vez se eleva el número de excluidos. Individuos sin autoridad moral e instituciones endebles “se amafian” y le dan la espalda al conglomerado. Cada día y en todo momento pierden más respeto los que dicen trabajar por el bien de todos y depositan altas cantidades en cuentas bancarias foráneas, construyen mansiones para sus familiares, favorecen a sus aliados, permaneciendo impasibles ante las deleznables prácticas que circulan ante sus ojos o que se efectúan en el área de su competencia.
Como ciudadanos autónomos y críticos debemos sentir como propia la pobreza de los demás e implicarnos activamente en denunciar todo tipo de corrupción. Con el dinero que se va a paraísos fiscales, con las evasiones de impuestos, con las prebendas, los sobresueldos desmedidos y privilegios no declarados se podría hacer mucho bien y remediar las terribles secuelas de la actual crisis económica. Si bien se llegara a aceptar que la corrupción es una enfermedad endémica, no es posible que nos declaremos impotentes para luchar contra tal afección. Todos estamos obligados a luchar para disminuir los altos índices de corrupción existentes. Esta enfermedad erosiona la base moral de toda sociedad, viola los derechos del marginado, socava la democracia, subvierte el imperio de la ley, retrasa el desarrollo y niega a la colectividad los beneficios de la libre competencia. El 25 de febrero del presente año y en la Plaza Lerdo, de Xalapa, Ver. Andrés Manuel López Obrador habló fuerte y claro: “Morena le apuesta a la honradez, porque la corrupción política es el problema de México; la distribución de la riqueza se concentra en unos cuantos, en donde 465 mil millones de pesos se roban los políticos. Con ese dinero no harían falta los impuestos ni endeudar al país; sólo basta ser honrados… lo único que puede y va a cambiar al país es la honestidad…”
Como epílogo es necesario mencionar que hace poco, en este mes de febrero del 2015, fue aprobada en la Cámara de Diputados la reforma constitucional que establece las bases de un nuevo modelo de fiscalización para el combate a la corrupción. De manera esencial – indican los promotores – se fortalecen las atribuciones de fiscalización de la Auditoria Superior de la Federación y se crea una fiscalía especial para perseguir los delitos en contra de la Administración Pública que cometan servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y particulares que colaboren en el desarrollo de acciones y programas de gobierno. Así, en medio de la tormenta nacional y ante la ausencia de credibilidad a la administración peñista, surge con dificultades a la vida pública el Sistema Nacional Anticorrupción que pretende, entre otras cosas, combatir el dispendio, eliminar el uso discrecional de los recursos públicos y poner fin a las trapacerías de quienes, lejos de servir a los demás, abusaron de la confianza de la sociedad. Parece ser que esta reforma constituye cierto avance para atenuar ese cáncer corrosivo y ante ello le otorgo civilizadamente el beneficio de la duda, sin olvidar que una buena parte de la ciudadanía le sigue apostando a la transformación integral de nuestras instituciones.
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