El 5 de abril inicia las elecciones para elegir diputados/as al congreso federal, las precampañas resultaron ser un intento que trascendió al ámbito partidario, y contribuyeron a saturar el espacio público de propaganda electoral, vacía de contenidos y con mensajes de mercadotecnia, con un afán muy fuerte por vender su marca. La propaganda partidaria procuraba hacer notar que esos mensajes electorales eran destinados para sus militantes partidistas, lo que resulta ofensivo, pues aparece en todos los espacios públicos y llega a los hogares de miles de familias vía impresos de todo tipo.
Un actor partidario que ha perturbado políticamente la elección y ha puesto a prueba la capacidad y autoridad de las instituciones electorales, en esta etapa del proceso electoral, es el llamado Partido Verde Ecologista, reconocido en el sistema electoral mexicano como una franquicia electoral, al servicio de quien mejor pague en el “mercado electoral”. El Partido Verde ha acumulado multas del orden de 89 millones de pesos en el presente inmediato, por violar las leyes electorales del país; esas multas serán pagadas con las prerrogativas legales, es decir con dinero de los contribuyentes, su estrategia legal es muy sencilla: en cada acto violatorio de la ley electoral calcula la multa que tendrá que pagar, a ello le llaman control de daños, de esa manera logra cumplir con su perverso objetivo de estar en el ánimo del electorado; burlado la ley y deteriorando las instituciones electorales. Hace ver al Instituto Nacional Electoral y a los Tribunales electorales como gigantes con pies de barro.
Por otro lado el perfil de las y los candidatos a diputados/as es diverso, encontramos a los mismos de siempre en las lista plurinominales, que se autodefine “profesionales de la política” o “necesarios para que los acuerdos y país camine”; los impresentables debido a su desprestigio político y pasado reciente en cargos públicos, mismo que han que han dejado sin rendir cuentas a la población; artistas “populares” que son un “gancho” para atraer votos de indecisos y “distraídos”; representes de grupos de poder político y económico, por ello falta motivos para que el electorado salga a votar y sobran causas para que el abstencionismo aumente.
Un hecho inédito es la paridad entre mujeres y hombres en los registros de candidatos/as de cada partido; por primera vez en la historia electoral del país, mujeres y hombres van al 50% en las candidaturas de diputados/as. Es un logro de la lucha de las feministas y las mujeres en México, que nos brinda la oportunidad al electorado de votar por más mujeres. Nuestra construcción social patriarcal, autoritaria y machista mandata que las mujeres no deben participar en el espacio público y no deben ocupar cargos públicos o de gobierno; ahora debemos vencer los prejuicios que la sociedad tiene con respecto a las capacidades de las mujeres para ocupar cargos públicos, y con ello equilibrar la composición del congreso federal.
¿Qué debe hacer un diputado/as? ¿Cuánto gastamos los contribuyentes por un diputado/as? Antes de responder la pregunta formulada, debemos recordar que el congreso federal se compone de 500 diputados/as, 300 se eligen por mayoría en igual número de distritos, 200 son de representación proporcional o los llamados de partido. Las funciones sustantivas de un diputado/a discutir y aprobar leyes y vigilar las actividades del Ejecutivo federal, de los estados y municipios, debe ser la voz de las y los ciudadanos de su distrito, previa consulta.
El costo anual por diputado/a, según el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2015, es de un millón 446 145 pesos con un impuesto de 483 855 pesos y una percepción anual bruta de un millón 929 mil 999 pesos. El sueldo base es de un millón 264 mil 536 pesos, sus prestaciones representan un total de 665 mil 463 pesos, la cuales a continuación desgloso: aportaciones a seguridad social 48 mil 800 pesos, el ahorro solidario de 15 mil 746 pesos, un aguinaldo de 140 mil 504 pesos, su ayuda para despensa que equivale a 33 mil 360 pesos, un seguro de vida institucional por la cantidad de 48 mil 674 pesos, seguro de gastos médicos mayores de 93 mil 577 pesos, seguro de separación individualizado de 151 mil 740 pesos y “otras prestaciones” que son una prestación del aguinaldo y fondo de ahorro que equivale a 133 mil 062 pesos. El costo total mensual es de 665 mil 463 pesos.
Los salarios aquí descritos son insultantes, fuera de la realidad económica que vivimos en el país, y deben ser revisados con urgencia, se argumenta que se les pagan bien para que hagan un trabajo de calidad y no se corrompan; por los resultados conocidos, pocos son los diputados/as que pasa la prueba.
La población en general ven al diputado/a como un gestor social, ya que cuando participan en la campaña electoral ofrecen servicios públicos; la población les busca para que mediante sus buenos oficios se resuelvan carencias de infraestructura básica (caminos, aulas, clínicas), conseguir empleo, obtener justicia, recuperar el auto robado, sacar un borracho de la cárcel o un perro de la perrera municipal, etc.
La población no percibe con claridad que en la cámara de diputados se aprueban leyes que afectan la economía del país; la ciudadanía que votan no valoran la importancia que tiene su voto y que el sentido del mismo determina la composición del congreso, y por lo tanto, las leyes y reformas que se aprobaran; ese es el caso con la aprobación de las reformas estructurales, la mayoría que las aprobó no ha explicado a sus representados por que lo hizo. La población aun no alcanza a comprender los efectos que tiene en nuestras vidas y en la nación esas reformas. En nuestra frágil democracia electoral la mayoría de nuestros representantes no acostumbra a rendirnos cuentas, muy pocos lo hacen, por ello la población no encuentra motivos para participar.
Es posible encontrar candidatos/as que sean honorables, cercanos a la población, que conocen y defienden los programas y plataformas de sus partidos políticos, que conocen los problemas del distrito, me parece que es posible. En cada distrito electoral existen mujeres y hombres que participan por convicción, que merecen la oportunidad de representar a la población en el congreso federal, el asunto es analizar sus propuestas y no sucumbir a la dadiva y la compra del voto. Es rechazar y denunciar el condicionamiento político de los programas sociales, es promover los debates entre las y los candidatos, es dialogar y discutir agendas políticas. Se trata de contribuir a una cultura política democrática, pasar a la exigencia con propuesta, la vigilancia de sus actos y exigir rendición de cuentas; ejercer nuestro derecho a la participación pasa por ese proceso. Usted que opina amable lector o lectora.
Además demando que investigue y castigue a quienes intimida al periodista Aurelio Contreras, la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodista (CEAPP) de actuar con firmeza. No debe solapar más agresiones a la libertad de expresión, ya que la impunidad vulnera el ejercicio de la libertad de presa.
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