Coatzacoalcos, Ver.-El expediente del amparo solicitado por los presuntos asesinos del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, se encuentra de vuelta en Tribunal Colegiado del Décimo Circuito en Coatzacoalcos, y sus integrantes tienen dos meses y medio, como máximo, para resolver.
En el amparo 215/2014, otorgado en 2014 por el Juzgado Noveno del Distrito, con sede en Coatzacoalcos, los inculpados alegan tortura y violaciones a sus derechos humanos al ser detenidos y presentados ante el Ministerio Público.
Teresa de Jesús Hernández Cruz, presunta autora material; José Luis Márquez Hernández, Santos González Santiago, Jesús Antonio Pérez Herrera, Juan Manuel Rodríguez Hernández y Gerardo Contreras Hernández, se dicen inocentes, obligados a firmar por tortura y torturados por la Fiscalía.
Al ser detenidos, alega el punto neurálgico del documento, los elementos de la Ministerial les sometieron a tortura, golpes, presiones sicológicas y demás con tal de que se inculparan, además, que su presentación ante el MP se dio fuera de los tiempos legales.
También se les aplicaron protocolos para detectar si fueron torturados, y salieron positivos. En ese panorama, la titular del juzgado, Irma Cadillo Peña, les dio el amparo provisional, que fue impugnado por las autoridades veracruzanas.
Mientras el expediente pasó al estado de Yucatán, a un tribunal auxiliar, de allí al Distrito Federal, y ahora en Veracruz, donde se va resolver, a la juez le llegó un ascenso dentro del Poder Judicial de la Federación, y ahora es magistrada en el Vigésimo Circuito en el estado de Chiapas.
Los integrantes del pleno del tribunal Décimo son Santiago González Ledesma, secretario en funciones de magistrado; Manuel Juárez Molina y Rosalía Noriega Pérez.
El proyectista, es decir, el encargado de analizar todas las pruebas para hacer la protesta a votar, es González Ledesma, quien ya lleva aproximadamente dos semanas con el asunto, pero en este caso, al haber detenidos de por medio, se les da prioridad y podría quedar pronto.
Entre las pruebas aportadas por las autoridades veracruzanas, hay oficios sobre las consignaciones en tiempo y forma, análisis jurídicos sobre subjetividad de los protocolos para detectar la tortura, documentales e imágenes en las cuales, por ejemplo, se mira a los señalados decapitando al reportero oriundo de Villa Allende.
Además, tienen encima el proceso contra Ernesto Ruiz Guillén, El Cometierra, encontrado sin vida en el mismo agujero que Goyo Jiménez.
La defensa de los detenidos por el caso Goyo Jiménez usan una estrategia similar a la empleada por los que defendieron a Antonio Hernández alias El Silva, encarcelado en Xalapa como presunto responsable del asesinato de la corresponsal del semanario Proceso, Regina Martínez, en 2013.
El Silva fue sentenciado a 38 años de prisión, pero demostraron que su encarcelamiento fue injusto, y con pocas pruebas de ser autor material del homicidio. EL caso actualmente está en estudio en la Corte Suprema de la Nación.
Esta estratagema también fue útil a los detenidos por el caso del pastor Claudio Martínez, cuatro empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que al paso de los meses se demostraron abusos de autoridad.
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