Coatzacoalcos, Ver. El padre Alejandor Solalinde dijo que el caso de Rubén Espinosa Becerril, asesinado en la ciudad de México con otras cuatro mujeres, debería ser investigado por los mecanismos federales que protegen a los defensores de los derechos humanos.
Reiteró que Veracruz «se ha convertido en un peligro para activistas y defensores de los derechos humanos«.
Dijo que a nivel federal existe la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, en donde Rubén Espinosa, así como la joven Nadia Vera, quien tenía un perfil similar.
El padre indicó que conocía el trabajo del fotoperiodista veracruzano, y sabía que «siempre se había dedicado en Xalapa a cubrir cuestiones sociales y a promover la defensa de los derechos humanos».
«Rubén Espinosa venía de Veracruz, en donde ya la tenía sentenciada, en ese estado gobernado por el PRI, el mismo sistema corrupto».
Resaltó que es viable que el gobierno federal, por medio de la Procuraduría General de la República, analice atraer este caso no sólo por su profesión, sino reconociendo que se le asesinó posiblemente por su labor como activista.
«En Veracruz los luchadores sociales son perseguidos y marginados por el aparato del estado«.
No sería el primero, dijo, que es golpeado o enviado a la tumba por la mala operación de un gobierno como el de Javier Duarte de Ochoa, en donde persiste la impunidad.
Indicó que ha estado en contacto con organizaciones que defienden y dan acompañamiento a las madres y padres con hijos desaparecidos en un contexto de violencia, y sabe «que la están pasando muy mal».
Ellos me lo dicen -los defensores- van nadando de a muertito, no pueden hacer mucho.
Mencionó que en Veracruz, durante la presente administración de Javier Duarte de Ochoa se han fortalecido las redes de defensa de derechos humanos y del medio ambiente, sin embargo, es notorio que no se aplican las leyes para garantizar su labor.
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