Resulta difícil aceptar la versión del robo o de algún hecho relacionado con el narcotráfico en los homicidios de Narvarte, pero aún si fuera cierta, se fortalece la percepción de que quienes llevan a cabo actividades periodísticas críticas o en defensa de los derechos humanos, que afectan ciertos intereses, corren un riesgo cada vez mayor en México.
El efecto de estos actos criminales es la autocensura y el abandono del activismo que incomoda a personas o grupos de la clase política. También crece el miedo y la irritación, lo que a su vez puede radicalizar las posiciones u optarse por el camino del silencio. En ambos casos es irreparable el daño a la libertad de expresión de periodistas y activistas, y el derecho a la información de la sociedad.
En un país con una historia enorme de casos judiciales plagados de irregularidades, mentiras y corrupción, la hipótesis de que son asesinadas personas por su posición crítica es aceptada en el imaginario colectivo. Por eso, el que se viole y se mate con violencia extrema para robar o ajustar cuentas con inocentes parece inconcebible para un sector de la ciudadanía. Ya vendrán las encuestas para corroborar esta percepción.
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Las inconsistencias de la investigación del asesinato de Yesenia Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Avilés, Mile Virginia Martín, Nadia Dominique Vera Pérez y Rubén Espinosa Becerril abonan a la incertidumbre y especulación.
Ya SinEmbargo, y otros medios, han documentado versiones encontradas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) sobre los nombres de algunas de las víctimas, la supuesta fiesta, la hora probable de los homicidios, las actividades previas y posteriores de los involucrados, entre otras contradicciones.
Por si fuera poco, el procurador Rodolfo Ríos Garza también llevó a cabo filtraciones de información a medios de comunicación sobre la averiguación previa para impulsar la idea -tal como lo han denunciado algunas organizaciones sociales y periodistas-, que el móvil del multihomicidio fue el robo o el narco y no las actividades profesionales del periodista Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera, con el fin de proteger al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, señalado como uno de los responsables de la masacre.
Además de la nefasta práctica de privilegiar con “exclusivas” a medios “amigos” o “influyentes”, la procuraduría incurrió en faltas elementales, como la secrecía de la averiguación previa, la revelación de aspectos de la vida privada de las víctimas y datos inexactos sobre el desarrollo de los hechos. La reacción de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que preside Perla Gómez, fue correcta y oportuna: solicitó indagar las filtraciones periodísticas para deslindar responsabilidades y evitar que estas prácticas, que violan derechos de las víctimas y sus familiares, se sigan cometiendo.
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La estigmatización también fue alimentada por la procuraduría. Su comunicado oficial es que una de las víctimas era “originaria de Colombia”, como si ese dato fuera el relevante para atar cabos de las causas del homicidio. Y es que ser colombiano, como explica Catalina Ruíz Navarro, es casi sinónimo de narcotraficante y más. En su columna pubicada en El Espectador (5 de agosto 2015) afirma que “a juzgar por la información pública, todo indica que la colombiana será el chivo expiatorio de este crimen horrendo”, y que también se oye decir que fue por drogas.
En opinión de la columnista, si se llegase a demostrar que el objetivo eran Espinosa y Vera el costo político sería muy alto, pero no si el multihomicidio conduce a la mujer colombiana, de la cual, a diferencia del fotoperiodista y la activista, hay poca información. Dice Ruíz Navarro: “tenemos una compatriota brutalmente asesinada, estigmatizada por colombiana, desechable por migrante. ¿Por esto no hay escándalo?”.
En materia de comunicación y transparencia, el papel de la PGJDF fue lamentable, tanto como el deseo de cerrar los antes posible un caso que ha sido señalado nacional e internacionalmente como representativo de dos cánceres endémicos del Estado mexicano: las agresiones a periodistas y medios de comunicación y los feminicidios.
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Aún si se demuestra a cabalidad, luego de una exhaustiva investigación (que todos exigimos), que el robo o las drogas fue la única razón para acabar con la vida de cinco personas (y que al complicarse se llegó al feminicidio), este caso no exime la enorme irresponsabilidad e ineficacia de las instituciones del Estado, particularmente de las procuradurías y fiscalías especializadas, para erradicar una violencia desproporcionada y creciente contra periodistas y mujeres, de las más elevadas en México.
Como ha reportado la organización Artículo 19, del año 2000 a la fecha se ha asesinado a 88 periodistas y según cifras oficiales seis mujeres son asesinadas cada día. Y lo que caracteriza a ambas situaciones es la impunidad.
Indignación e impunidad van de la mano en respuesta a la violencia e injusticia. Lo ocurrido en Narvarte tiene consecuencias deplorables para el periodismo, los derechos humanos y la democracia, que se suman a muchos otros agravios a la sociedad en los últimos años (Ayotzinapa, Tlataya, Apatzingán y otros). Exigir justicia una y otra vez y las veces que sea necesario es lo menos que podemos hacer como ciudadanos.
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