Intocables «los de arriba» en el TSJV

Fernanda del Ángel Aquino/ Al mejor postor

La detención la semana anterior, de tres servidores públicos, con cargo a la nomina del Poder  Judicial de Veracruz, filtrada, aparentemente a espaldas, de la presidencia del Tribunal Superior  de Justicia de Veracruz, que al igual que el Consejo de la Judicatura, encabeza Alberto Sosa  Hernández, de la propia oficina, de Comunicación Social de esos organismos, confirma lo que por  años se ha venido manejando pero que se ha procurado maquillar, a través de la prensa más vendida  y no precisamente, porque sea la que más demanda tenga por la sociedad, sino por la entrega de  criterios a favor de Sosa Hernández y la caterva de funcionarios del Poder Judicial, de alto y  mediano rango.

No es que estemos cuestionando el que los detenidos pudieran ser o no probables responsables de  los delitos que se dice cometieron en agravio del fondo auxiliar del TSJ.

La realidad es que lo que se cuestiona es el porqué solo se investiga y se finca responsabilidad  a funcionarios menores, como resultan ser el Juez de Control y Juicio Oral de Huayacocotla,  Eduardo Joachín Hernández; el Secretario de Acuerdos del Juzgado Mixto del Distrito Judicial de  San Andrés Tuxtla, Héctor Omar Betancourt Cano y el oficial administrativo del Juzgado Mixto  menor de Pánuco, Santiago González Acosta.
Lo que si se cuestiona como se dijo y se insiste es la causa de que solo se actúa con los de  abajo y a veces en la búsqueda de venganzas personales. Esto último, porque bien vale recordar la  forma y el motivo que en el ayer fuera detenida y sometida a proceso, la que fuera Juez de  Primera Instancia en Huatusco, Rosa María Ortiz Gómez, ligada sentimentalmente al ex presidente  del Tribunal, Reynaldo Madruga Picazzo, ahijado político de Nohemí Quirasco, cuyo padrinazgo  incluso alcanzó a los aun Magistrados, Alejandro Hernández y Vicente Morales, que se la han llevado tranquilitos, buscando estar lejos de la quema que se avecina en el Tribunal.

Jueces como Laurentino Sosa y su hija, Aleyda Sosa, que desde hace años, han convertido la  impartición de Justicia, en un negocio familiar, son intocables, por supuesto, mientras Alberto  Sosa Hernández, esté en la cúpula de poder, ¿pero que hacer, cuando la podredumbre está en las  oficinas de varios Magistrados del otrora respetable Tribunal Superior de Justicia?.
La negociación de los asuntos, ya sean de cualquier origen y naturaleza, donde los Magistrados,  lo mismo utilizan a sus secretarios de acuerdos que a sus proyectistas, se insiste, con sus  honrosas excepciones, para realizar la venta de criterio, es del dominio público.

No solo se trata de que quien no tiene la razón sea el triunfador, gracias a los beneficios que  se llevan, quienes dicen impartir justicia; asimismo se ha detectado que los asuntos sobre todo  los de tipo penal, son usados como un medio para cumplir venganzas personales, los ejemplos  sobran.
Por supuesto cada quien se identifica con el género que quiera, pero de allí a andar hostigando  sexualmente a sus subalternos, utilizando el “cargo” o “carguito” hay una gran diferencia.
Sabemos de sobra también que hay funcionarios que a lo largo del manejo histórico que como jueces  de primera instancia tuvieron, fueron premiados por el sistema.
Beatriz Rivera, famosa por coadyuvar a darle un viso legaloide a la detención y condena de un  chivo expiatorio en el caso de la periodista Regina Martínez es uno de los últimos ejemplos.
Pero lo que no se ha dicho, es que a esta funcionaria, en su paso por el Juzgado Tercero de  Primera Instancia de Pacho, curiosamente, simple coincidencia, le correspondió llevar el proceso  penal en contra de la ex juez Rosa María Ortiz Gómez.
Favor con favor se paga, hoy Beatriz, que a todo le ponía precio, allá en Pacho Viejo, se cotiza  más alto, pues ahora es Magistrada.
El ocultamiento de información respecto a las condiciones económicas de muchos de los  funcionarios del Poder Judicial de Veracruz, información en poder de Alfredo Algarin Vega, se  convirtió también en algo de peso, que le ha permitido mantenerse como Magistrado aunque en sus  antecedentes, jamás se tuvo paso alguno dentro del Poder Judicial, pero bueno, este es uno de los  ejemplos, donde lamentablemente para los Justiciables, la dedo designación favoreció al de  Nanchital, pero que, como se dijo, es un precio que ahora pagan los que tienen la desgracia de  caer en sus manos.

Este funcionario, asegura la fama pública, ante su ignorancia jurídica, canaliza sus mañas en la  persona del corrupto también, Francisco Hernández Lima, que sin embargo, mereciendo desde hace  años ser no solo investigado oficialmente, sino sancionado, gracias a Algarín, es intocable, pese  a la serie de transas en que a diario incurre.

Risible resulta, que los familiares y ahijados que fungen como jueces, de algunos Magistrados, no  sean tocados ni con el pétalo de una rosa, no obstante, las muchas quejas que existen y a las que  o bien, no se les da curso o, cuando aparentemente se investiga se llega a una conclusión  costumbrista, la queja es improcedente.

Si en realidad se quiere dignificar, la impartición de la justicia en Veracruz, habría que dar un  vuelco tremendo y empezar por fincarle responsabilidad a quienes como Raúl Pimentel Murrieta y  Alberto Sosa Hernández, entre otros, han entregado el Poder Judicial Estatal a la influencia, los  intereses económicos y a la corrupción.
Parodiando los términos y siempre en el campo jurídico, aquí en el Poder Judicial de Veracruz, es  donde en realidad se da un ejemplo palpable no solo de la delincuencia organizada, sino de una  delincuencia súper organizada.