Ciudad de México.(SinEmbargo).- Los cárteles de la droga en México tienen parte de la responsabilidad en la abultada deuda pública, gracias a la compra de bonos y al poco control que existe sobre quiénes compran estos instrumentos, advirtió Edgardo Buscaglia, Director del International Law and Economic Development Center e investigador principal en Derecho y Economía en la Universidad de Columbia.
Afirmó que el poco control que existe en los sistemas bursátiles sobre quiénes son los tenedores de bonos de deuda del sector público, y la falta de herramientas que permitan a la ciudadanía “auditar” constantemente al a funcionarios y gobiernos, permiten este tipo de inversión ilícita.
“Es necesario hacer una auditoría a la deuda pública – que en el caso de México supera los 7 billones de pesos– porque no en pocas ocasiones estos grupos criminales son los que compran, a través de empresas o personas ‘legales’ estos bonos que coloca el gobierno”, expresó en entrevista con SinEmbargo.
“La deuda pública son pedazos de papel que se venden en un mercado y si el mecanismo de compra venta no es transparente ni está debidamente regulado, la colocación de bonos del gobierno a tasas obscenas, en muchos casos, son un ejemplo muy claro de que son usados [los bonos] por empresas vinculadas con los cárteles”, expresó.
–¿Estamos hablando de que bonos de deuda del gobierno están en manos de los cárteles?
–Así es, a través de empresas legales, de bonos legales; cuando ves que la deuda publica aumenta exorbitantemente, como sucedió en Coahuila o Chiapas, te vas a dar cuenta que la delincuencia organizada se convierte en tenedores de bonos. Entre un 20 y 40 por ciento de las transacciones que hace la delincuencia organizada son financieras, el resto son transacciones criminales no financieras, respondió.
EL VACÍO DE ESTADO
Explicó que en la economía, la delincuencia organizada invade dos espacios: el de las empresas que producen bienes tangibles y mercados financieros. “La delincuencia organizado desde sus distintos mercados invade, en gran medida, las compañías agropecuarias en las que la familia de Guzmán Loera [El Chapo] tiene muchas propiedades… es una telaraña muy compleja que involucra a actores políticos y a empresarios legalizados”.
“México ha progresado de a poquito, cumpliendo con las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, pero en la economía real, que alcanza al otro 60 por ciento de las transacciones criminales, hay un vacío de Estado porque no hay regulaciones que impidan que sigan transfiriéndose propiedades, a través de notarios, a la delincuencia organizada, como hacían los Zetas, que te iban a visitar y te decían: ‘si no me escrituras esta propiedad mañana con este notario, te matamos a toda tu familia’ y todo esto no se está investigando porque el gobierno se niega a realizar recomendaciones patrimoniales a través de la minería de datos –un campo de las ciencias de la computación que intenta descubrir patrones en grandes volúmenes de conjuntos de datos–. Si esa minería de datos la llevas el DF, te vas encontrar grandes transacciones patrimoniales criminales”, expresó el experto en temas de seguridad.
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