Poza Rica, Ver.- Elementos de la Policía Ministerial y de la Fuerza Civil tomaron las instalaciones del diario la Opinión de Poza Rica, uno de los más antiguos de Veracruz, por el conflicto que hay entre la familia de la diputada Gabriela Arango Gibb, que se están peleando el control del rotativo.
Ante las amenazas de muerte que lanzó el ex director de ese diario, Gonzalo Hernández Gibb, a otros familiares, primos de la diputada, se dio el arribo de la Fuerza Civil y se puso una denuncia penal.
Desde la mañana del lunes, la policía está apostada en las instalaciones del diario para garantizar que la edición del martes salga sin mayores amenazas, luego de que presuntamente el ex director dijo que llegaría con golpeadores a amedrentar al personal.
Este problema comenzó desde diciembre pasado, cuando el consejo administrativo de la Opinión destituyó sorpresivamente a Gonzalo Hernández Gibb, pariente de Raúl Gibb Guerrero, director de ese diario en el sexenio de Fidel Herrera Beltrán, y asesinado a disparos.
En redes sociales circuló un panfleto presuntamente enviado por personal de la Opinión, en donde exponen que el arribo de la policía, representa una intromisión del gobierno de Javier Duarte de Ochoa para meterse en la vida interna del diario.
Lo que no tiene lógica, pues si hay un órgano oficial del gobierno de Veracruz en el norte, desde hace décadas, es La Opinión de Poza Rica, cuyos dueños siempre han alternado cargos en el gobierno con el negocio del periodismo.
Se acusa a Duarte de «entrometerse con sus instrumentos de opresión, como lo son la Fiscalía, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública».
«Es por demás vergonzoso que este señor y sus principales secuaces, (…) se entrometan en asuntos de carácter mercantil, cuando es sabido que tiene muchos casos sin resolver», dice el documento.
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