Ciudad de México.- La fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados manifiesta su desacuerdo a la iniciativa enviada a legislatura de Veracruz, con el proyecto de decreto que reformaría la Ley de Pensiones en el Estado, ya que esto en la realidad constituye la evasión de la responsabilidad solidaria del gobierno de Javier Duarte de Ochoa por el adeudo de más de 3 mil millones de pesos con la Universidad Veracruzana.
Los diputados veracruzanos, Rocío Nahle García y Sergio René Cancino Barsuffón, enviaron un exhorto en el pleno a sus homólogos de la Legislatura del Estado para no aprobar el decreto que reforma el artículo 98 de la Ley de Pensiones del estado de Veracruz, Javier Duarte debe responder por el pasivo contraído con la Universidad Veracruzana.
Y manifiestan que: “su voto podría significar el riesgo o la consolidación de la educación superior pública de Veracruz, las consecuencias de su voto se verán reflejadas en el desarrollo del estado, el compromiso es con el pueblo y particularmente con los jóvenes veracruzanos”.
Exponen la preocupación porque el propósito de la iniciativa tendría un impacto negativo para la Universidad Veracruzana, a cuenta del propio contexto de insolvencia financiera que vive en la actualidad, situación de un incumplimiento más del gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
Resulta inconcebible que mientras Morena impulsa universidades para ofrecer oportunidades de estudios a los jóvenes, el gobierno se encarga de castigar a las universidades públicas actuales, afirmó Nahle García.
Recuerdan que el pasado 18 de febrero, el gobernador Javier Duarte de Ochoa envió al congreso dicha iniciativa que, según la exposición de motivos, busca enfrentar la situación adversa del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), recursos que han desaparecidos en forma irresponsable y con opacidad, donde la ASF reporta graves desvíos.
Es absurdo, de darse el caso de que los recursos del IPE no bastasen para cumplir con las obligaciones a su cargo establecidas por esta ley, el déficit será cubierto directamente por los patrones a los beneficiarios, además los patrones ya pagaron impuestos al estado y ellos no deben cubrir los desvíos del gobierno, señalaron
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