Rodolfo Herrera/ Vivir en el Golfo
Cuando una persona, funcionario, institución o gobierno utiliza un dinero para algo diferente a lo que está destinado, se dice que se comete el delito de desvío de recursos; pero si los diputados autorizan que ese dinero se desvíe hacia otro lado, entonces el desvío de recursos está legalizado.
Mire usted, el asunto parece de risa, pero es totalmente cierto, los políticos pueden legalizar o penalizar todo lo que les conviene y no habrá poder humano que impida que se cometa ese desvío de recursos.
Cuando se inventaron el mentado impuesto del 2 por ciento a la nómina tanto en Veracruz como en todo el país, los empresarios, sin protestar, iniciaron el pago de ese dinero por cada trabajador que utilizan en sus empresas.
Se dijo con toda claridad que ese dinero del 2 por ciento a la nómina, sería captado por el gobierno del estado y sería aplicado en obras de infraestructura, o sea, carreteras y obra pública en general.
El asunto suena bien, aunque los gobiernos adoptaron una postura populista así como: “te exijo a ti empresario que me des ese dinero, para que yo haga obras que beneficien a la sociedad”, la filósofa de la montaña me decía cuando niño “Ah ¿Caravana con sombrero ajeno?”.
Hasta ahí no hubo tanta alharaca, los empresarios se dijeron gustosos de contribuir voluntariamente a güevo con la sociedad, pero luego llegó la disposición gubernamental de elevar ese impuesto un 50 por ciento más, o sea, pasó del 2 al 3 por ciento.
Es justo decir que los empresarios protestaron por esa disposición, pero como el gobierno tiene su organismo legalizador, que es la legislatura local, aún con gritos y sombrerazos el asunto se aprobó el 3 por ciento.
En su última fase, el actual gobernó estatal se volvió a sacar un as de la manga, anunció que el destino de ese impuesto cambiaba y en vez de ser utilizado para obras de infraestructura, ahora sería utilizado para pagar deudas a proveedores, para que no quedara dudas, procedió a instruir a sus diputados para legalizar ese desvío de recursos y de ahí vino el guateque
Esto quiere decir que la legislación sigue siendo muy endeble a favor de los gobernantes y en contra de los ciudadanos
La misma operación que por una parte constituye un delito como el de desvío de recursos, se puede legalizar y entonces los recursos se desvían sin ningún problema porque los diputados deciden cambiar el rumbo de esa lana.
Se trata de la misma camarilla que autorizó la nueva ley de tránsito, la instalación de las fotomultas, los parquímetros, la basificación de los burócratas que garantizan la continuidad del pésimo resultado, la ley de transparencia, la entronización de la Namiko Matzumoto en derechos humanos pese al tiradero que dejó en ese bodrio inservible que es la Comisión Estatal de Protección de Periodistas.
Es más, son los mismos que priistas que un buen día decidieron reunirse para aprobar que en el Sistema de Agua y Saneamiento no fuera requisito que el director fuera un ingeniero de comprobada experiencia en el manejo de aguas, para luego dar paso al nombramiento del “pepÍn” Ruiz sin ningún conocimiento profesional del tema, lo que provocó el quebranto financiero del sistema.
Debido a que la legislación mexicana está a favor de los desviadores de recursos, de los malversadores, los ciudadanos seguimos a merced de los gobernantes que a su antojo pueden legalizarlo todo, de la mano de sus fieles diputados.
SE CAYÓ EL REEMPLACAMIENTO
En el transcurso de la semana, el peligro de un nuevo cobro se cernió sobre los veracruzanos, cuando se dio a conocer que nuevamente habría reemplacamiento vehicular, lo que significa que hay que entrarle con no menos de mil pesitos por coche. El Secretario de Gobierno Flavino Ríos salió a decir que eso no estaba en los planes del gobierno, por si las dudas, ya no les den más ideas por favor, a los diputados está que les tiembla el dedo por aprobar todo.
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