Francisco Domínguez Canseco/ El Ejercicio del Criterio
Agradezco los comentarios recibidos. Es cierto, Ana María, el municipio mexicano vive una profunda crisis, la cual se asocia a malos gobiernos, debilidad institucional frente al crimen organizado, presiones de los gobiernos estatal y federal para mantenerles subordinados, y agrego, y su alejamiento de la ciudadanía y sus organizaciones locales.
Acudí al Coloquio Veracruz: Crisis, Alternancia y Resistencia, convocado por el Instituto de Investigaciones Histórico y Sociales de la Universidad Veracruzana, para hablar del desempeño de los gobiernos locales y la corrupción. En la presente colaboración para Plumas Libres, les comparto algunas reflexiones que fueron tratadas en la importante iniciativa universitaria.
¿Cuáles son las causas sociales que provocan la corrupción en los gobiernos locales? ¿Es posible erradicar la corrupción gubernamental? ¿Sirve nuestras leyes vigentes para evitar la corrupción? ¿Somos la ciudadanía corresponsable de la corrupción?
En nuestro estado existe 212 municipios, de los cuales sólo en 26 la población eligió una presidenta municipal, contamos con 174 síndicos y 38 sindicas, 417 regidores y 209 regidoras, como podemos observar las mujeres ocupan muy pocos espacios de poder político en el ámbito municipal.
Existe más 5000 comunidades, que forman parte de los 212 municipios, con autoridad comunitaria (agente o subagente municipal) electo por la comunidad o designado por a autoridad municipal. Se reconoce 8 zonas metropolitanas en el estado, las cuales cuenta con servicios públicos y son alimentadas para su existencia por los municipios rurales vecinos.
De acuerdo con las leyes de Ingresos y Presupuesto de Egresos de 2016, aprobada por el Congreso Estatal, los municipios ejercen 17 mil 537 millones de pesos, de los cuales 21 municipios se queda con 8,769 millones, la mita del total destinado para los municipios, y 191 municipios se reparten 8,768 millones. Hablamos de los municipios con mayor población y mayores ingresos, por concepto de pago de impuesto, “los más desarrollados”. Nuestro Sistema de distribución es injusto y promueve el aumento de la marginacion y la migración a las zonas metropolitanas.
La estrutura de gobierno municipal, ha cambiado muy poco en los últimos años. El artículo 115 de nuestra constitución general, reconoce a los ayuntamientos con facultades para gobernar en los municipios. Aunque la mayoría de los municipios siguen actúan como administradores y prestadores de servicios públicos, y se auto limitan legal y políticamente para no ejercer sus atribuciones de gobiernos. Muchos municipios han renunciado a sus atribuciones de promotores del desarrollo municipal, dejando que otros decidan el crecimiento del municipio. Los cabildos, el gobierno colegiado de los ayuntamientos, es débil frente a presidentas/es fuertes. Se reúne sólo lo necesario o para legalizar acciones tomadas por la presidenta/e y no tiene relación directa con la ciudadanía. No ejercen la autonomía municipal frente a los gobiernos estatal, federal y cámaras de diputados y senadores, por lo que establecen relaciones de subordinación política frente a otros ámbitos de gobierno. No cuenta con servicio civil de carrera, en cada cambio de gobierno municipal se despide a los servidores públicos, sólo se mantiene quienes son trabajadores sindicalizados. La capacitación y formación de los servidores públicos municipales es deficiente. Los planes de desarrollo municipal, las políticas públicas y programas, que se desprenden de ese documento legal, no tiene continuidad en las siguientes administraciones. A la llegada de un nuevo gobierno municipal, no importa que tenga el mismo origen partidario, sólo continúan aquellos programas públicos que son de carácter federal o estatal, por ejemplo, Prospera.
Las finanzas municipales son utilizadas en pago de salarios y prestaciones, un 60 % o más, y el resto, 40%, para hacer funcionar el aparato administrativo. Sólo los recursos públicos del ramo 033 son para obra pública en la mayoría de los municipios veracruzanos. La recaudación fiscal es pobre en la mayoría de los municipios, sólo aquellos con mayor desarrollo urbano logran recaudaciones significativas en los pagos del impuesto predial y otros impuestos por prestación de servicios o industria.
Las policías municipales tienen una precaria formación y capacitación para sus funciones, son potenciales violadores de derechos humanos. Sus salarios y prestaciones sociales son mínimos o inexistentes, son presa fácil para incorporarse al crimen organizado. Según la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, en mayo de 2016, se habían registrado 58 quejas por violaciones a la integridad personal y detenciones ilegales de las policías municipales.
Los mecanismos de control interno y social para el manejo del presupuesto público y programas son débiles o inexistentes, aun cuando formalmente cuenta contralorías internas que se coordina y capacitan con el ORFIS. Sólo los municipios grandes, con recursos económicos mayores, cuenta con equipo humano capacitado y procedimientos reglamentados para el manejo del presupuesto, son los que tiene páginas de internet, donde informa los mínimos obligados que establece la ley de transparencia. No existen control social del ejercicio de gobierno, la población no es consultada en la realización de la obra pública. El derecho a la información y la rendición de cuentas en la gestión pública municipal es una asignatura pendiente.
El Congreso Estatal fomenta una relación de subordinación política y control de los gobiernos municipales, prioriza su atención en los municipios grandes o con mayores recursos. El Congreso Estatal legisla a mandato del gobierno estatal, priorizando favorecer a los gobiernos aliados al gobernador en turno, para de esa manera asegurar la continuidad política del partido gobernante, y poder ocupar el territorio municipal y sus bienes naturales (agua, suelo, minerales, bosque) para negocios. Acostumbra a la orientar el presupuesto público a favor proyectos de construcción que garanticen negocios fáciles, por ejemplo, la cuestionada Presa del Río la Antigua, que los pueblos de la rivera de río han logrado detener su construcción. Esos proyectos se realizan sin consultar a la población, a los gobiernos locales se les obliga a dar su anuencia o permiso a cambio de mayor presupuesto municipal o promesa de obras sociales.
El órgano de fiscalización estatal, ORFIS, es una institución pública que no cumple con su función sustantiva, realizar una fiscalización oportuna y eficiente, sus resultados son formulados a destiempo, y sirve el control político de quienes tiene mayoría en Congreso Estatal. Actúa por consigna política. En febrero de 2016, el ORFIS, informaba de las observaciones a la cuenta pública de 2014, decía que 46 ayuntamientos tenían observaciones por un monto de 116 millones 963 mil 192.83 pesos. Dos años después de ejercido el recurso público. En los días que corren, mes de septiembre, informa que en el período 2007-2013 ha presentado 95 denuncias penales contra 91 ayuntamientos, por daño patrimonial de 2 mil 121 millones de pesos. Así funciona el Sistema Estatal de Fiscalización del Estado de Veracruz (Sefisver), se argumenta que actúan de acuerdo a la legalidad vigente, de ser así, la legalidad debe cambiar para asegurar un manejo eficiente y honesto de los recursos públicos.
La corrupción se asocia a nuestras formas de ejercer el gobierno, tiene relación directa con la no aplicación de la ley, se asocia a la cultura patrimonialista del manejo de los bienes públicos y a la baja participación ciudadana en los asuntos de interés público. ¿Qué debemos hacer la ciudadanía ante los gobiernos locales que padecemos? Desde el movimiento municipalista ciudadano hemos elaborados diversas propuestas para democratizar la vida municipal, que involucran a distintos ámbitos de gobierno, y que buscan cambiar la forma de gobernar los municipios y garantizar el derecho humano a la participación ciudadana, aquí les comparto algunas que fueron presentadas en Coloquio al Coloquio Veracruz: Crisis, Alternancia y Resistencia, son las siguientes:
Establecer un sistema de Coordinación Fiscal con criterios más equitativos de distribución entre municipios, estados y federación (20% municipios, 20% estados y 60% federación), orientado a compensar a las comunidades y barrios más pobres de los municipios del país. De igual manera, debe legislarse para que los gobiernos municipales realicen una distribución equitativa de los recursos económicos entre sus comunidades.
Exigir al congreso federal y a los de los estados, la creación de un tabulador de salarios y compensaciones para autoridades y servidores públicos de confianza en los diferentes ámbitos de gobierno, en función de los salarios mínimos de cada región, así como mantener un equilibrio entre el gasto de nómina, el gasto social y el gasto operativo del gobierno. Fiscalizar los recursos públicos municipales con independencia de los congresos, a fin de promover la autonomía y la ciudadanización. Modificar y crear reglamentos municipales, para establecer mecanismos que permitan la participación y vigilancia ciudadana en materia presupuestaria, reconociendo el derecho a la información pública municipal.
Realizar una reforma legal que establezca la obligatoriedad de los gobiernos locales de promover la creación de espacios que posibiliten la participación ciudadana para tomar parte de las decisiones trascendentales en la vida municipal. Fortalecer la participación ciudadana para realizar acciones tendientes a la democratización de la administración pública, a partir de figuras organizativas y métodos como asambleas, redes ciudadanas, audiencias públicas, cabildo abierto, comisiones y elaboración de presupuestos participativos. Emprender presupuestos participativos desde un enfoque comunitario-municipal, a partir de autodiagnósticos, implementación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas municipales. Legislar la creación y el funcionamiento de la figura de una Contraloría Ciudadana sin la tutela de la Contraloría del Estado.
Definir perfiles y establecer la obligatoriedad a los trabajadores, funcionarios y autoridades municipales de formarse, capacitarse y actualizarse de manera permanente, para el desempeño ético y profesional. Establecer el servicio civil de carrera municipal, incluir el registro oficial de servidores públicos, para asegurar la permanencia y la promoción del personal. Transparentar los procesos de toma de decisiones sobre el nombramiento de funcionarios.
El municipio que conocemos no es el que queremos, es posible construir un municipio democrático, para ello se requiere una participación ciudadana libre e informada. Usted que opina amable lectora o lector.
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