Wenceslao Vargas Márquez
Asistimos al colapso del Estado en cuanto a corrupción y a impunidad. En todos los partidos y en todos los niveles de gobierno hay ejemplos de la rapacidad en el servicio público. No tienen llenadera, dice un aspirante presidencial que va por su tercera oportunidad de alcanzar la presidencia de la república. El estado de Veracruz es el lamentable ejemplo del desastre en la administración de lo público. Desastre administrativo y económico en manos del partido (PRI) que gobernó durante décadas y que es relevado por la mezcla extraña de PRD más PAN.
Dice la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que el saqueo económico de Veracruz es el más grande desde que se lleva el conteo oficial de los desvíos: 35 mil millones de pesos y 54 denuncias penales (de 700 que la ASF ha presentado a la PGR por saqueos). Todo en la impunidad porque las leyes son redactadas a modo por quienes las sufrirán si delinquen. Por eso están enredadas y permiten evasivas legales para no ser imputado sino por excepción, excepción generalmente política, como en el caso de Javier Duarte por perder su elección local y por dañar al partido en el poder para lo que venga en el 2018. La cifra de 35 mil mdp es sólo de recursos federales. Falta sumar las cifras estatales hasta ahora imprecisas.
Una agencia noticiosa (Apro, 24-X-2016)) explica que “el presunto daño patrimonial durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa asciende a 180 mil 888 millones 402 mil 510 pesos, según un diagnóstico de la Comisión de Hacienda del Congreso local”. 180 mil mdp es el doble del presupuesto anual o dicho de otra forma se perdieron dos años presupuestales de seis, de a 90 mil mdp por año. De las cifras estatales el gobierno veracruzano de Duarte no tuvo 100 o 200 millones de pesos para pagar a los trabajadores del nivel medio superior y superior federal (CBTis, Tecnológicos) los bonos comprometidos correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016. Se fue y no pagó.
Esto es el PRI de Roberto Borge y César Duarte. ¿De dónde obtiene dinero Moreno Valle (PAN-Puebla) para hacer los promocionales espectaculares con los que busca la presidencia de la república y que hay en zonas urbanas y carreteras del país? Nadie sabe, nadie quiere saber porque nadie puede lanzar la primera piedra, dijo el presidente Peña al referirse a la corrupción. El Partido Nueva Alianza tiene sus entredichos en la figura de su único diputado local uninominal veracruzano, más uno federal que debió pedir licencia al cargo el 26 de agosto por acusaciones similares a las de Duarte o Padrés.
El líder nacional del PAN, Anaya, recientemente ha entrado al vórtice del escándalo por lo mismo: riqueza que no alcanza a explicar y propiedades y vivienda en el extranjero más viajes semanales a Atlanta en los Estados Unidos que, presupuestados, no coinciden con su ya pública declaración 3de3. Su choque ha sido frontal con un columnista que ha sido particularmente incisivo con el caso (R.A., Itinerario Político). Dice el columnista que Anaya ha gastado unos seis millones de pesos sólo en 34 meses de viajes más el tiempo usado en el viaje (cuatro horas) más los tiempos muertos en las salas de espera de vuelos internacionales (tres horas). ¿Cómo le hace si su 3de3 es menor? Una panista, Concepción Ramírez, se dice desilusionada por haber constatado que había en el PAN un faltante de 20 millones de pesos e imputa a Anaya por ello.
Como no le toca repartir a él, Ernesto Cordero (PAN) denunció en la última semana de octubre que los diputados federales acordaron repartirse entre ellos uno total de $33 mil millones de pesos a fondo perdido. Le llaman “bolsa adicional” para todos los partidos políticos y sirve para lo que él mismo Cordero y otros llaman “moches”. ¿Morena y el PRD son sustancialmente distintos? Del presidente nacional de Morena está el entredicho de sus ingresos y su modo de vida. Del vocero nacional de Morena se ha hablado de que recientemente se vio inmiscuido en un supuesto (o real) tráfico de influencias por un familiar y el PRD ha estado en una larga crisis de identidad por casos parecidos -y por su cercanía al poder- al grado de quedarse sin electores que se han trasladado principalmente a Morena.
¿Cuál partido político o cuál nivel de gobierno se salva de los señalamientos de corrupción y de impunidad y de opacidad? ¿El nivel federal? ¿Dónde está la lectura transversal que queremos hacer de todos estos hechos? La lectura transversal consiste en leer estos datos de corrupción e impunidad de partidos políticos y gobiernos a partir de las decisiones que empujaron estos políticos y sus partidos al hacer la reforma educativa y la evaluación docente con dos consecuencias punitivas: el cese cuando el docente no se evalúa o la expulsión de su grupo si no acredita en tres ocasiones una evaluación docente que está tan mal instrumentada que ha sido necesario suspenderla en el año 2016.
¿Tienen autoridad moral para redactar lo que redactaron en materia de ceses docentes o de evaluaciones obligatorias mal diseñadas y peor instrumentadas? ¿Es justo en una república que un docente que no se evalúa sea cesado de su empleo de 10 mil o 15 mil pesos mensuales mientras los responsables del Estado mexicano, los altos administradores de la nación resultan impunes con tantos secuestros, muertes, fosas clandestinas, peculado y franco y descarado robo de las arcas públicas? La respuesta es que no es justo y que lo mejor es modificar la ley del servicio docente pero los partidos políticos han negado esa posibilidad legal.
Esta es la lectura transversal que se debe hacer cada vez que salta a los medios que un político robó cualquier cantidad de millones de pesos y quedó sin castigo, y es la lectura transversal que debemos hacer cada vez que un docente es despedido por no evaluarse (en una evaluación docente que no sirve) y resulta despedido de su trabajo.
@WenceslaoXalapa
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