El ex fiscal espió 2 mil 460 llamadas

Rodolfo Herrera/ Vivir en el Golfo

Mientras los diputados federales y los senadores se encuentran durmiendo, las instancias de gobierno monitorean ubicaciones y llamadas telefónicas, la Fiscalía General del Estado de Veracruz, aun con Luis Ángel Bravo Contreras y Javier Duarte como gobernador, fue la segunda entidad nacional en solicitar reporte a compañías para vigilar a 2 mil 460 usuarios, sin que ellos lo supieran.

     Y es que no cabe duda que la ley solo les funciona a los políticos, porque a nadie desde el gobierno, ni en el senado y mucho menos en la cámara de diputados, tiene la mínima intención de hacer leyes para proteger a los ciudadanos.

     Mire usted, una investigación de “El Economista” revela datos fríos que ponen a temblar a más de un opositor del gobierno por la falta de claridad en el tema.

     De acuerdo a esa información, en los primeros 6 meses de este año, en pleno proceso electoral, la fiscalía de Veracruz requirió a diversas compañías la intervención de esos teléfonos celulares, para conocer su situación geográfica, es decir dónde estaban o se desplazaban, sus contactos, sus conversaciones, el uso de sus redes sociales, su interacción con personas relacionadas y sus gustos al solicitar información en la red.

     ¿Usted recuerda que la fiscalía haya hecho 2 mil 460 acciones o detenciones espectaculares? ¿Entonces para qué querría el gobierno de Duarte espiar a 2 mil 460 personas que no fueron turnadas a un juez? ¿De qué personas se trataba? ¿Qué peligro representaban para el estado? ¿Eran opositores del régimen?

     La investigación también arroja que las dos instancias que junto con Veracruz solicitaron esos reportes, fueron la Procuraduría de Justicia del DF y la PGR.

     Por supuesto que nada garantiza que esas investigaciones no se estuvieran haciendo contra gente decente y ciudadanos que no estaban de acuerdo con el régimen de Duarte y de eso, nada dijo el recién renunciado fiscal general del estado Luis Ángel Bravo Contreras.

     Por su parte, la agrupación “Red en Defensa de los Derechos Digitales”, dio a conocer que el estado de Veracruz encabeza la solicitud de reporte de metadatos, o sea los datos relacionados con el teléfono celular, llamadas entrantes, salientes, contactos, mensajes, redes sociales y su ubicación actual.

     De acuerdo a ese monitoreo, la solicitud de metadatos ha ido a la alza, en el 2013 la fiscalía de Veracruz realizó 224 solicitudes de información, para 2014 la cifra se disparó a 780 y en 2015 creció a 802. Para el 2016 el crecimiento de la cifra fue exponencial.

     Valdría la pena que el nuevo titular de la fiscalía, Jorge Winckler Ortiz, esclareciera ante los veracruzanos qué fue lo que sucedió con esas 2 mil 460 solicitudes de información a las compañías telefónicas, de qué números se trataba y a qué personas estuvieron vigilando sin su consentimiento.

     En cuanto a los diputados federales, valdría la pena que echaran un vistazo al caso, para saber que en ningún momento hay garantías el derecho a la privacidad de las personas.

     Es decir, en este momento usted podría estar siendo vigilado, tan solo por una solicitud hecha por el gobierno de Veracruz.

DOS PROMESAS DE CAMPAÑA.

     La primera, que el Secretario de Seguridad Pública sería un General de carrera, pero en vez de ser designado en la dependencia recibió un nombramiento en Boca del Río.

     La segunda, que el contralor del estado saldría de una terna propuesta por la Universidad Veracruzana y en cambio aterrizó el síndico boqueño Guillermo Moreno Chazzarini.

     Al igual que el Fiscal general del Estado, los tres deben pasar por la aprobación del congreso.

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