Francisco Domínguez Canseco/ El Ejercicio del Criterio
Agradezco los comentarios recibidos. Es cierto don Alfonso, las Comisiones de la Verdad han servido para hacer Justicia a las víctimas de las dictaduras, la guerra sucia, documentar las violaciones de derechos humanos, desapariciones forzadas, presos de conciencia -políticos- y para castigar a los responsables y resarcir o reparar los daños causados a las víctimas y sus familiares. En el caso veracruzano habrá que estar pendientes y esperar las medidas que tome el Congreso Estatal y el Gobierno del Estado de Veracruz, además agrego que el reconocer de manera oficial por el Congreso Estatal y Gobernador, la existencia de cientos de desaparecidos, prácticas de desaparición forzada, reafirmar su obligación hacer justicia es un primer paso, sólo eso.
Nuestras leyes estatales, Constitución Estatal y las específicas, establece la existencia de organismos autónomos, la Constitución establece, artículo 67, que los Organismos Autónomos de Estado contarán con personalidad jurídica y patrimonio propios, tendrán autonomía técnica, presupuestal, de gestión y para emitir las reglas con forme a las cuales sistematizarán la información bajo su resguardo, y sólo podrán ser fiscalizados por el Congreso del Estado.
A las y los responsables de los organismos autónomos los nombra el Congreso del Estado, siempre con la intervención del gobernador, nuestra historia registra la subordinación política del Congreso al gobernador en turno, esa condición política ha permitido que los organismos autónomos sirvan los intereses del grupo político de quienes gobiernan y al partido político que tenía mayoría en el Congreso. De esa manera tenemos que la Fiscalía General, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Órgano de Fiscalización Superior, Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas sean instituciones tomadas, en esos espacios es posible encontrar alguno actor político que se niegue hacer cómplice de quienes tiene el poder y que busca que las leyes y las atribuciones de los organismos se cumpla, como es el caso del periodista Jorge Morales, consejero de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas. El caso del Organismo Público Local Electoral, también es un organismo autónomo, que, como resultado de las reformas, en su conformación interviene el INE; aunque por los perfiles de más de tres consejeros/as se presume la influencia del gobernador prófugo y su partido.
En Veracruz los organismos autónomos se hallan en decadencia y descrédito público por haberse subordinado al interés político del gobernador prófugo y su partido. Son un lastre político y económico muy pesado, la sociedad veracruzana no les tiene confianza ni respeto. La tradición autoritaria del PRI logro crear instituciones públicas que servían al interés mezquino del partido en el poder estatal y a los grupos políticos aliados; entretejieron alianzas con grupos políticos ubicados en los partidos, la academia, los dueños de periódicos y medios electrónicos, las organizaciones civiles, el sector empresarial, las organizaciones sociales y religiosas. La tarea de controlar los organismos autónomos, que nacieron con el objetivo de ser contrapesos del poder gubernamental, para servir a la ciudadanía y ser garantes del ejercicio pleno de los derechos de sociedad veracruzana ha sido una tarea sustantiva de los gobiernos, a la cual le han invertido recursos públicos, en demasía, para sostener instituciones que ha jugado un papel de maquilladoras y tapadera de la corrupción, y promotores de la simulación en la aplicación de la ley. Lo que hoy sabemos de la corrupción gubernamental es resultado de la alternancia política en el gobierno estatal y el Congreso Estatal, de haber ganado el PRI las elecciones, poco o muy poco se sabrían del saqueo al que fue sometido el erario público y los negocios al amparo del poder.
Las reformas legales para crear nuevas institucionalidades, en los últimos 18 años fueron mediatizadas por el Gobierno Estatal y el Congreso, con firme paciencia fueron convertidas en instituciones de simulación política, que escamotearon los derechos de la sociedad veracruzana y procuraron la protección de gobernantes en el ámbito estatal y municipal. No olvidemos.
El balance de la actuación de los organismos autónomos es deprimente, la población los percibe como cómplices del saqueo al erario público, la violación de derechos humanos, la ausencia de justicia y la creciente impunidad. Ello provoca desaliento y desconfianza ciudadana, el gasto económico realizado en estas instituciones no se ve reflejado en una mejora de las condiciones sociales y políticas de la sociedad veracruzana, no se percibe un cambio positivo en el ejercicio de los derechos, por ejemplo, información pública, la rendición de cuentas, los derechos políticos, derechos humanos, la libertad de expresión, de manifestación. Existe un retroceso en los derechos de las mujeres. La ciudadanía organizada ha tenido que recurrir a otras instancias nacionales e internacionales para reclamar justicia, ya que en Veracruz las instituciones encargadas de garantizar nuestros derechos fueron tomadas para servir al interés de grupo y de partido.
Los organismos autónomos son instituciones públicas débiles y carentes de legitimidad, muy poco pueden servir a un cambio democrático, son contrarias a la alternancia política, se acomodaron al ejercicio del poder público faccioso, del cual fueron beneficiarios y sostén justificador. Son contrarias a la cultura democrática, no fomentaron los principios de la legalidad, la tolerancia, la inclusión, el diálogo, la paz. Son remisas y un pesado lastre para cualquier proyecto de cambios democráticos. La composición actual de los organismos autónomos pertenece a un pasado político funesto, no corresponde a la pluralidad que la ciudanía expresó con su voto en las elecciones recientes, misma que se expresa en la conformación misma del Congreso Estatal.
El Congreso de debe actuar y hacer cambios a fondo en los organismos autónomos, no sólo se trata de cambiar consejeros y responsables de direcciones y secretarias, se debe ajustar a la realidad económica sus onerosos salarios y definir con claridad sus tareas sustantivas para ser sometidos al escrutinio público, no sólo del Congreso, y con ello asegurar su servicio a la sociedad. De no hacerlo los actuales organismos autónomos se acomodarán a las nuevas condiciones políticas del estado, ya que lo suyo es la simulación, la desmemoria o el olvido es también una postura política comedida de quienes no pueden vivir sin patrocinio del poder público.
El nuevo gobierno estatal debe contar con organismos autónomos, que lo sean, que garanticen un mejor ejercicio de gobierno, que contribuyan hacer buenos gobiernos y una sociedad corresponsable. Desde la ciudanía se valora que los organismos autónomos se crearon para acompañar a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos, para ser contrapesos de los gobiernos, para ser vigilantes de la gestión gubernamental, procurar la aplicación de la ley y fomentar la democracia. El Congreso Estatal y el gobernador tiene la palabra, es una oportunidad histórica, para renovar los organismos autónomos, votamos para que se dieran esos cambios. Usted que opina amable lectora o lector
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