Ciudad de México.- El informe “Veracruz: los periodistas frente al Estado de miedo”, publicado el jueves 2 de febrero de 2017, es fruto de una misión que Reporteros sin Fronteras (RSF) realizó en México en junio de 2016, en la cual nuestra organización se puso en contacto con periodistas de esta región, ONG e instituciones locales y federales encargadas de la defensa de la libertad de prensa en México. En esta investigación se muestra el deplorable ambiente de trabajo en el que se desempeñan los periodistas del estado de Veracruz, la zona más peligrosa de América Latina para el gremio periodístico. Por un lado, los periodistas se enfrentan a cárteles ultraviolentos y, por otro, a políticos corruptos; si se interesan ‘demasiado’ en casos delicados o concernientes al crimen organizado, padecen amenazas, intimidaciones y hasta pueden ser ejecutados a sangre fría.
Entre 2000 y 2016, se registraron 99 casos de periodistas asesinados en México en los que el crimen estuvo relacionado clara o posiblemente con su actividad profesional; 20% de ellos ocurrieron en Veracruz. Los casos de agresiones y desapariciones también son numerosos; la impunidad que reina en torno a estos crímenes es flagrante. Esto demuestra la ineficacia de los numerosos mecanismos de protección que existen en el país.
Este informe da voz a los reporteros locales, que explican a RSF las dificultades que enfrentan día a día, entre la autocensura y el exilio. Asimismo, las familias de las víctimas hablan sobre las batallas legales que han emprendido, en vano, para que se haga justicia.
Finalmente, en este informe se hace una serie de recomendaciones a las autoridades federales, así como al nuevo gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, heredero del dramático balance que dejó Javier Duarte de Ochoa, su predecesor, quien tras verse acusado de enriquecimiento ilícito desapareció; no se tienen noticias de él desde el 12 de diciembre de 2016.
Reporteros sin Fronteras busca contribuir a detener esta espiral infernal de violencia y a encontrar soluciones para que se mejoren los dispositivos de protección de periodistas existentes, así como luchar de forma eficaz contra una impunidad crónica que obstaculiza la libertad de prensa en Veracruz y en todo el país.
VERACRUZ, EL ESTADO DE MIEDO
De los 32 estados que conforman la República Mexicana, el de Veracruz, ubicado en la costa este del país, es considerado la zona del continente americano más peligrosa para periodistas. El periodo en que Javier Duarte de Ochoa fue gobernador del estado estuvo marcado por un incremento dramático de los ataques a la prensa.
El mandato de Duarte de Ochoa, miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) –que ha estado en el poder en el país por más de 80 años, y en el estado de Veracruz 88 años–, acababa oficialmente en diciembre de 2016, pero éste renunció poco antes de concluirlo. ¿Cuáles son las razones de un balance tan triste? Para empezar, la situación geográfica del estado: Veracruz cuenta con un amplio litoral en el Golfo de México y un inmenso puerto industrial, el principal del país. Lo que lo convierte en un importante lugar de comercio y transporte de mercancías; también, en una de las principales plataformas de tráfico de droga. Éste es controlado por dos cárteles: Jalisco Nueva Generación y Los Zetas, uno de los más poderosos y violentos del país. Ambos se enfrentan constantemente por el control de las rutas.
En este aspecto, las noticias que tenemos de Veracruz al cierre de esta investigación alimentan una pequeña esperanza: el gobernador saliente del estado, Javier Duarte de Ochoa, un verdadero aniquilador del periodismo independiente, renunció antes de que acabara su mandato, debido a acusaciones de enriquecimiento ilícito y de estar a la cabeza de una gran red de blanqueo de dinero. Desde que se vio hundido en este caso, desapareció. Las autoridades mexicanas y la Interpol lo buscan desde el 21 octubre pasado en 190 países, pero aún no lo han encontrado. Tras él, deja un estado endeudado y una prensa agotada, traumatizada por las constantes agresiones que sufrió durante todo su gobierno.
Durante su misión, Reporteros sin Fronteras (RSF) se puso en contacto con corresponsales, fotorreporteros, fotorreporteras, periodistas que escriben sobre casos judiciales, reporteros de nota roja o que cubren la fuente policíaca, que son quienes corren mayor peligro. Si se interesan ‘demasiado’ en los casos del crimen organizado, son amenazados sistemáticamente y, en ocasiones, asesinadas y asesinados a sangre fría. La corrupción casi generalizada de los órganos de justicia y de la policía de Veracruz –numerosos funcionarios tienen relaciones directas o indirectas con algún cártel– hace que todo proceso judicial sea vano.
La impunidad es tanta, que cerca de la mitad de las amenazas y agresiones a periodistas son responsabilidad de los mismos policías, a quienes nunca o casi nunca se les molesta por ello. El mismo Duarte participó activamente en la creación de un sistema de vigilancia de periodistas: creó equipos de informantes del gobierno u ‘orejas’. Según algunos de los reporteros que contactamos en Xalapa, capital del estado de Veracruz, estos espías hasta se hacían –y se hacen– pasar por periodistas para obtener información. Frente a la violencia, la corrupción y la estricta vigilancia a la que están sometidos quienes ejercen el periodismo, la ley del silencio se ha ido instaurando progresivamente. Las personas periodistas de Veracruz se ven obligados a autocensurarse para salvar su vida y preservar la de sus familias. Cuando las amenazas se vuelven demasiado insistentes, frecuentemente no tienen otra opción que el desplazamiento interno o el exilio.
El 1 de diciembre de 2016 asumió sus funciones el nuevo gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, del Partido de Acción Nacional (PAN). Este cambio político puso fin a 88 años de reinado del PRI –que estaba en el poder en Veracruz desde 1928–, en los cuales las prácticas mafiosas se inscribieron profundamente en el paisaje de Veracruz, aumentó la desconfianza hacia la prensa y se multiplicaron las agresiones a periodistas. El mandato de Yunes Linares sólo durará dos años, para que las elecciones locales se realicen al mismo tiempo que las presidenciales, en 2018. ¿Su gobierno logrará que las relaciones entre la prensa y los poderes públicos sean menos tensas? Para algunos periodistas y defensores de la libertad de expresión, su llegada alimenta una pequeña esperanza. Sin embargo, otros señalan que el nuevo gobernador proviene del mismo entorno político que su predecesor. La corrupción está tan implantada en los órganos del estado y los cárteles tienen relaciones tan estrechas con el poder, que es muy probable que la situación no cambie en lo esencial.
• EL INFIERNO DEL PERIODISMO EN VERACRUZ
Un ser «vil», «corrupto», «maquiavélico». Fidel Herrera Beltrán, quien gobernó el estado de Veracruz entre 2004 y 2010, dejó un recuerdo permanente en todos aquellos que tuvieron que tratar con él. Según observadores, a finales de los años 2000 el entonces gobernador abrió las principales puertas del estado al cártel de Los Zetas (ver recuadro) e hizo prosperar un clima de violencia y represión sin precedentes, en el que uno de los principales blancos fueron los periodistas. En 2008 un acontecimiento dio un gran giro a la historia reciente de Veracruz: Los Zetas se independizaron del cártel de El Golfo; hasta entonces habían sido su brazo armado. Su ambición: conquistar nuevos territorios. Uno de sus principales objetivos: Veracruz, un estado clave para el control de las rutas de la droga. Lejos de preocuparse por la creciente influencia del cártel en el estado que gobernaba, Herrera Beltrán se mostraba en público con “capos” y con algunos narcotraficantes (jefes locales). Numerosos testigos –entre ellos algunos excolaboradores del gobernador– hablaron años después, de manera anónima, de las suntuosas fiestas que el político organizaba en compañía de algunos Zetas, mostrando las estrechas relaciones que tenía con el cártel, a tal punto que Herrera Beltrán fue llamado el “Z1”.
En ese sentido, Veracruz no es una excepción en el país. El crimen organizado se ha implantado en numerosos estados del territorio mexicano; muchos políticos y funcionarios locales tienen relaciones ambiguas con los cárteles. Pero en Veracruz, Los Zetas han logrado tejer una red muy densa. Para comenzar, debido a la acogida que les dio Herrera Beltrán. Gracias a esta base, Los Zetas se impusieron progresivamente como uno de los grupos criminales más temidos de México. En 2013 la revista Forbes clasificó a Fidel Herrera Beltrán como una de las 10 personalidades más corruptas de México. En 2015, el presidente Peña Nieto lo nombró cónsul de México en Barcelona, una decisión que provocó gran oposición y protestas tanto en México como en España. Entre 2009 y 2010 los periodistas padecieron amenazas frecuentes, pero aún era raro que asesinaran a un profesional de la información.
En este período Herrera Beltrán, pese a ser un pésimo administrador, gozaba de un poder inigualable en Veracruz gracias a sus nexos con los cárteles y a un “generoso” reparto de los recursos públicos. Cuando dejó el poder, en 2010, Veracruz se convirtió en el tercer estado más endeudado de México. Herrera Beltrán dejó como sucesor a uno de los miembros de su equipo, Javier Duarte de Ochoa. Así, el nuevo gobernador se encontró frente a los cárteles y con poco dinero público. Los Zetas estaban infiltrados en todos los órganos del gobierno estatal y se mostraban muy activos en la vida política de Veracruz. En este tormentoso contexto, la mínima crítica o cualquier fotografía que contrariara a los poderes ocultos, daba lugar a una represión sistemática. A partir de entonces, los periodistas se encontraron en primera línea. Cotidianamente debían lidiar con amenazas, intimidaciones, una estrecha vigilancia y detenciones arbitrarias, efectuadas la mayoría de las veces por la policía estatal y los servicios de seguridad pública –para quienes la libertad de expresión sigue siendo una noción desconocida y que carecen de toda sensibilidad a la tarea de los periodistas–. Asimismo, se creó una unidad extraoficial de «informantes» a sueldo de las autoridades, para vigilar a los reporteros que se consideraba eran demasiado críticos y ponerlos en la lista negra.
En el lugar de los hechos, los medios de comunicación debían enfrentarse a otro peligro: que los cárteles los instrumentalizaran. Los grupos criminales adquirieron la costumbre de dejar mensajes a sus adversarios en el lugar del crimen, que esperaban fueran difundidos por la prensa. Quienes decidían no hacerlo, debían tener cuidado… Desde los primeros meses de gobierno de Duarte de Ochoa comenzaron a registrarse asesinatos de periodistas. Rápidamente éstas se multiplicaron. Las primeras víctimas fueron los reporteros que investigaban los nexos entre el crimen organizado y los políticos, que se interesaban ‘demasiado’ en el inquietante aumento de las desapariciones o que se atrevían a alzar la voz para reclamar justicia por los asesinatos de su colegas. Las reacciones y protestas no sirvieron de nada. En cambio, las fuerzas del orden aprovecharon la ocasión para reforzar su vigilancia e intimidar a los periodistas reacios que quería seguir haciendo investigaciones serias sobre estos asesinatos. Frente a la inconformidad de la población, en 2012 se creó la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) de Veracruz, “responsable de atender y proteger la integridad de los periodistas, así como de promover las condiciones para el libre ejercicio de la profesión del periodismo». Una linda misión. Sin embargo, a cuatro años de su creación, la eficacia e independencia del organismo han sido muy cuestionadas. A menudo los políticos se deshacen en emotivas declaraciones, en las que reiteran su compromiso a favor de la libertad de expresión y de información. En su perorata, el mismo presidente de la República, Enrique Peña Nieto, reafirmó públicamente su “compromiso absoluto con la libertad de expresión y el derecho a la información de los mexicanos”; asimismo, afirmó que “la libre manifestación de las ideas y el derecho a estar debidamente informados son fundamentales para consolidar nuestra democracia y acelerar nuestro progreso”. Sin embargo, a inicios de 2017 el ejercicio del oficio periodístico en México sigue siendo muy peligroso. Si desea leer el reporte completo vaya a https://rsf.org/
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