Javier Duarte ¿el poeta estratega?

El pasado martes, luego de salir de su segunda audiencia de extradición y tercera ante la justicia de Guatemala; Javier Duarte de Ochoa se aventó un una declaración que aunque en principio dejó entrever que solo se trató de uno más de sus episodios de locura sociópata, podría tener una connotación más profunda respecto a lo que planean él y su defensa al llegar a México

¿Por qué lo dijo? Pudiera ser un desafío a las autoridades mexicanas, o bien, una señal de confianza derivada de una complicidad manifiesta tras la presentación (¿amañada?) de la solicitud de extradición por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), o quizás, en efecto, solo se trató de una prueba más de su perturbación mental y emocional.

Pero ¿y si realmente hay más tras este verso acuñado al escritor ibérico Santiago Montoto?

Como se sabe, México sostiene varios tratados con un sinnúmero países, en relación a los mecanismos de cooperación en materia penal. De éstos, sobresalen alusivos a procedimientos de extradición sobre peticiones para las mismas.

No obstante y de acuerdo a la convergencia mundial para el respeto de los derechos humanos, la mayoría de los tratados mencionados –si no es que todos- contienen “candados” legales que impiden la violación de derechos fundamentales, lo cual provoca un serio debate en la homologación de conceptos penales de acuerdo a los Sistemas de cada país.

Esto, para el caso de Javier Duarte, representa en apariencia una ventaja que depende de varios factores, desde la detención y solicitud formal de extradición, hasta la manera en que se presentó el allanamiento del exgobernador.

Y es que, cabe recordar, Duarte de Ochoa se negó a ser extraditado hasta que el Estado mexicano presentara la solicitud formal. Y muy probablemente con un objetivo particular.

Fue paciente para esperar a los términos en los que llegaría este documento a Guatemala y apeló a la prudencia –que nunca tuvo como gobernante- para actuar en función de la causa del requerimiento que haría la PGR, pero no del efecto de la detención misma.

En apariencia, hubo un error: no es “contingencia” como lo dijo Duarte, sino “continencia”. Pero quizás no estuvo mal del todo.

De acuerdo con el Artículo XV del Tratado de Extradición entre los Gobiernos de México y Guatemala,existe un principio que limita a la instancia requirente de la extradición (en este caso, la PGR) para que una vez concedida la extradición, el entregado (Duarte) no pueda ser juzgado en México por otros delitos diferentes, anteriores y/o futuros, a los que se argumentan y demuestran en la solicitud de extradición.

A ello se le denomina “Principio de Especialidad”, el cual, de acuerdo con algunas tesis, está ligado al efecto que puede tener la reclasificación del delito en el país que requiere al detenido.

“La regla general es que el referente para determinar si se viola el Principio de Especialidad son los hechos que serán objeto del proceso penal. En otras palabras: es posible cambiar la denominación jurídica o reclasificar el delito; siempre y cuando no se varíen los hechos”, señala Francisco Javier Dondé Matut, Doctor en Derecho Penal Internacional y Derecho Penal Comparado, quien asegura que este principio “busca garantizar la seguridad jurídica del indiciado, para evitar que de forma impredecible se le apliquen disposiciones diferentes en la imputación de nuevos delitos”.

Javier Duarte negó rotundamente haber cometido delitos federales como los que le señaló la PGR en la solicitud de extradición. También negó haber sido, ser o pretender ser ejidatario mediante la compra de 21 parcelas en Campeche. Tal acusación, de acuerdo a su defensa, representa una “contingencia legal-argumentativa” pues aunque su nombre figura en los documentos de compra-venta, “no se puede comprobar que él fue quien encabezó la operación”.

Los abogados de Duarte, parecen tener dominio en la ciencia del Derecho, definitivamente

No hace falta pensarle mucho: Javier Duarte llegará a México, como vulgarmente se dice, “a llevarse entre las patas” a más personas que puedan ser sujetas a vinculación por los delitos que se le imputan, para intentar involucrar a un posible “cabecilla” y entonces quedar él –Duarte- como “uno más” o quizás hasta como afectado por el manejo turbio de documentación que lo hubiere incriminado, supuestamente, sin saberlo, y apelando al Principio de Especialidad para no achacársele más delitos.

De igual modo, es probable que Duarte busque restar legitimidad –principalmente- a la imputación del delito de delincuencia organizada, si es que las pruebas presentadas por la PGR no fueran suficientes para acreditar la permanencia o conducta reiterativa que son requeridas para la reclasificación de este delito y así, basarse únicamente en los hechos planteados en la solicitud de extradición de la PGR para, de nuevo, “protegerse” a través del Principio de Especialidad.

Incluso, la defensa de Javier Duarte podría argumentar que aunque las pruebas lo señalan como el presunto líder de una red criminal, él no la encabezaría, por lo que con base en el Principio de Especialidad (sí, nuevamente) dictado en el tratado de extradición con Guatemala, limitaría a la PGR para evitar sumar otros elementos adicionales a los presentados en la solicitud de extradición, lo cual haría variar la ejecución de la sentencia prevista (hasta más de 30 años de cárcel) y por ende, del proceso mismo.

Finalmente, sobre el delito de enriquecimiento ilícito, la defensa ha considerado que para que esta imputación tenga efecto, debe actualizarse la procedencia de las operaciones con las que presuntamente se habría favorecido Duarte de Ochoa.

Ante ello, la deslegitimación de su intervención como parte de una red de delincuencia organizada, desestimaría su participación directa y, por ende, buscarían ubicarlo como víctima de los movimientos de esta red y no como victimario o líder de ésta, en busca de su libertad… por increíble que suene.

La clave, sin duda, radica en la reclasificación de los delitos que se tendrá que hacer, luego de que la Fiscalía guatemalteca acreditara los cargos por los que la PGR solicitó la extradición, posterior a que por medio del Derecho Comparado entre ambos sistemas penales, se avalaron las pruebas presentadas para declarar procedente dicha solicitud.

O sea: en estos momentos, la Procuraduría General de la República tiene en sus manos “mejorar” la calidad de los elementos para la reclasificación del delito, cuando Javier Duarte sea presentado ante el Juez de Control radicado en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde arribará tras ser extraditado.

Las dudas quedan en el aire hasta que el que todo Veracruz considera -y sabe- es el responsable de la quiebra de Veracruz, arribe a México.