Rodolfo Herrera/ Vivir en el Golfo
En la LXIV legislatura del estado, los diputados veracruzanos están en la discusión para reformar el código penal y dar garantías, a quien en legítima defensa de su persona, familia o propiedad, lesionen a quien intente agredirlos o robarlos.
La propuesta de los legisladores a iniciativa del grupo parlamentario del PAN, corresponde a una vieja discusión sobre si los ciudadanos tienen el derecho a defenderse sin sufrir consecuencias penales.
Es decir, de lograrse estas reformas al código penal de Veracruz, los ciudadanos tendrían el derecho a defenderse como sea, en estricto apego a la defensa propia o legítima defensa.
La iniciativa presentada por la diputada presidenta de la mesa directiva, María Elisa Manterola Sainz, ha tenido aceptación de los diputados panistas, perredistas e incluso priistas, como es el caso del diputado presidente de la fracción del PRI Juan Nicolás Callejas Roldán.
Por parte de los diputados del PRD la parredista Jazmín Copete Zapot, recurrió a la misma retórica engañosa que solo busca aceptación popular, como esa de iniciar una consulta ciudadana para pedirle parecer a los veracruzanos si están de acuerdo o no con la iniciativa.
Eso es tanto como dejar en manos de los ciudadanos la decisión, cuando en realidad los diputados están exactamente en esa curul y cobrando inmerecidos sueldos, al menos para defender los legítimos derechos e intereses de los votantes, de no ser así ¿Entonces para qué sirven los diputados?
Aquí la discusión no es si los ciudadanos deben ser consultados o no, si están de común acuerdo los diputados o no, sino en la alta responsabilidad y decisión que tendrían los ciudadanos de actuar en un momento difícil.
Mire usted, se supone que en un país multialardeado por el estado de derecho al que aluden a cada rato políticos y gobernantes, este no tendría que ser un tema prioritario por los diputados,
Nos guste o no, existen dos tipos de ciudadanos, los políticos que se auto asignan protección con camionetas de policías, guardaespaldas pagados por el estado, choferes y logística, así como los ciudadanos comunes y corrientes que no tienen acceso más que a un número telefónico de emergencias.
Aquí el asunto es que los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, deberían estar muy preocupados en garantizarles a los ciudadanos el derecho constitucional a la seguridad, en vez de pasarle a los mexicanos la responsabilidad de proceder a su legítima defensa.
El jurista Antonio Díaz Piña, en su trabajo “El Derecho Humano a la Seguridad Pública”, lo resume de la siguiente manera: “La seguridad Pública es un deber inexcusable de los gobernantes y no un don que estos puedan dispensar graciosamente”, “la Seguridad Pública es un Derecho Humano irrenunciable de los gobernados para exigir del Gobierno, como parte del Estado, la mayor protección a su integridad física y a su patrimonio, sin menoscabo de la paz social y el pleno respeto para sus libertades y derechos”.
Por tanto, en virtud de que los ciudadanos no tienen ni capacitación profesional ni gozan del derecho a la portación de armas, resulta inútil que los diputados pretendan que los ciudadanos se encarguen de su propia seguridad.
En todo caso, los diputados deberían renunciar a sus privilegios y canonjías para caminar junto con los ciudadanos en igualdad de circunstancias, a partir de ahí, verían que las cosas son diferentes.
RICARDO ANAYA, PREOCUPADO POR LOS MEXICANOS
Al recordar que el año pasado se registraron 23 mil 953 homicidios en el país, el presidente del PAN Ricardo Anaya Cortés dijo con respecto a la seguridad pública nacional que “es momento de dejar de repartir culpas y ponerse a trabajar para solucionar el problema», reconoció que el 75 por ciento de los mexicanos se siente inseguro y mostró preocupación, eso está bien, pero por si las dudas, Ricardo Anaya mantiene a su familia en Atlanta, Estados Unidos, lejos de los riesgos que padecen la mayoría de los mexicanos ¡Qué bonito!
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La legítima defensa de la vida propia y de la familia, así como la defensa de los bienes y posesiones, son un derecho fundamental de los ciudadanos, que de forma espuria y falaz se arrogaron gobiernos y fuerzas policiales, cuando es físicamente imposible que puedan hacerlo. No hay suficientes policías para cuidar a los ciudadanos y en muchas ocasiones, son ésos mismos policías los que atentan contra la seguridad ciudadana. De igual forma, las leyes del estado tienden a proteger a los criminales, antes que a las víctimas del crimen. Así, ante la evidente desigualdad entre ciudadanos y criminales, legislar para que sean los propios ciudadanos los que se defiendan, como llevan haciendo siempre, no es más que uno de los muchos deberes que la clase política ha pasado por alto.