Coatzacoalcos, Ver. A casi tres años de la tragedia en la planta de Clorados III, que dejó como saldo más de 30 muertos, decenas de heridos y cientos de desempleados en la zona sur de Veracruz, Petróleos Mexicanos se niega a dar una versión pública sobre los hechos que dieron origen a la explosión.
El pasado 20 de febrero, venció el plazo fijado por el INAI para que Pemex Corporativo respondiera al recurso de revisión registrado en el folio RRA 7929/17, el cual fue resuelto por el organismo a favor de los peticionarios.
En este acuerdo, el INAI dice a PEMEX:
«Se debe destacar que el sujeto obligado no realizó una búsqueda de lo solicitado con un
criterio amplio y correcto; es decir... además, de la respuesta otorgada en cumplimiento, no se aprecia algún pronunciamiento categórico respecto de si cuenta o no, con algún documento que contenga las causas de lo sucedido en el accidente materia de la solicitud, máxime que en la foja 52 de la resolución que nos ocupa se advirtió la existencia de diversos elementos de convicción que apuntan a la existencia de la información».
Además, de la documentación remitida por el sujeto obligado en cumplimiento, a través del correo electrónico, del 25 de enero de 2018, contiene partes que son ilegibles y/o recortadas, de suerte que no permiten el análisis adecuado de todas las constancias».
Lo mismo se pidió a la Procuraduría General de la República, a quien le tocó investigar las causas del accidente; y a Pemex Etileno, el cual tenía sociedad con Mexichem, empresa que poseía la concesión de Clorados III en el momento de la explosión el 20 de abril de 2016.
Cabe hacer mención que la misma Cámara de Diputados ya había exhortado a Pemex a elaborar un informe sobre esos eventos.
Es importante señalar que el mismo Director de Pemex, ahora secretario de Hacienda, José Antonio Anaya González, durante una gira en Coatzacoalcos a finales de 2017, reconoció que ya se tenía un dictamen donde se glosaban las causas del incidente.
Sin embargo, los tres sujetos obligados (Pemex Corporativo, Etileno y PGR) se niegan a dar la información; la PGR se desistió a la acción penal y dictaminó que la averiguación era confidencial por espacio de doce años para no afectar otros procesos.
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