Expertos advierten que abuelas no deben cuidar a los nietos como lo propone titular de la SHCP

Por Claudia Ramos/

Ciudad de México. (Animal Político). Las abuelas no deben asumir la responsabilidad que le toca al Estado para proveer seguridad social a las familias y una política social integral de cuidado para la primera infancia, advirtieron expertos.

En respuesta a la afirmación del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, respecto a que ahora los padres de familia podrán pagar a las abuelas para que cuiden a los nietos con los recursos que el gobierno federal entregaba al Programa de Estancias Infantiles, especialistas consultados indicaron que el trabajo de cuidados es un tema de carácter público que debe ser atendido por el Estado, por ser la base de la desigualdad entre hombres y mujeres, y porque tiene que haber una política de fortalecimiento del desarrollo en la primera infancia.

De acuerdo con datos de la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México, del INEGI, las labores domésticas y el trabajo de cuidados no remunerados genera casi un cuarto del Producto Interno Bruto Nacional (PIB). De esta cifra, las mujeres contribuyen con el 75 % y los hombres con el 25 %. En tanto, un estudio de CEPAL reporta que la mitad de las mujeres entre 20 y 24 años no buscan trabajo fuera del hogar debido a la carga que ya tienen con las tareas domésticas.

Esto hace del trabajo de cuidados un tema público y como tal el Estado tiene la responsabilidad de atenderlo, precisó Christian Mendoza, del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir.

“¿Por qué es un problema público? Porque el cuidado de niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad, y personas enfermas de forma crónica y degenerativa están incrementando las cargas del trabajo de cuidados de las familias. Y esta carga impide muchas veces que los integrantes de las familias puedan desempeñarse en el ámbito público, como estudiar, trabajar, participar políticamente; que pierdan posibilidades de ejercer estos derechos como ciudadanía.

“Por ello el Estado tiene que generar mejores condiciones de cuidado, tanto de espacios de cuidado directo, como promover que el sector privado también adquiera más responsabilidades y que dentro de las familias se democratice el cuidado”.

En ese sentido, Isabel Erreguerena, coordinadora del Área de Políticas Públicas de EQUIS Justicia para las Mujeres, afirmó que el hecho de que las mujeres sean las que mayoritariamente se dediquen a este trabajo de cuidados les “impide incorporarse a los trabajos formales, haciendo que la brecha de desigualdad sea mucho mayor”.

“Primero, es preocupante la declaración del secretario de Hacienda porque está diciendo claramente que las que asumen las labores de cuidado somos las mamás y las abuelas, perpetuando estereotipos que tienen efectos en cómo intervenimos a largo plazo en la esfera laboral. Segundo, es muy grave que se transfiera una labor estatal a la responsabilidad de la madre y de la abuela porque lo que hace es favorecer la desigualdad en un marco en donde el Estado mexicano tiene la responsabilidad de promover diferentes mecanismos para terminar con esa desigualdad en el ámbito laboral en todos los sentidos. Cuando tú transfieres esta responsabilidad lo que estás haciendo es que las mujeres asumamos un rol de cuidado y se haga mucho más difícil nuestra incorporación en el marco laboral”.

Erreguerena enfatizó que el problema se agrava cuando los estereotipos sociales se refuerzan con prácticas provenientes del Estado, como el hecho de que a la fecha un hombre con trabajo formal no pueda acceder a guardería para sus hijos salvo que sea viudo, el principal cuidador o tenga la custodia principal, además de que sólo cuentan con 5 días de permiso de paternidad contra las 12 semanas de las mujeres. Ambos esquemas de seguridad social “perpetúan el estereotipo de que las mujeres somos las cuidadoras en vez de dividir de manera equitativa las labores de cuidado”, advirtió.

¿Quién cuida el desarrollo de la primera infancia?

Para Ricardo Fuentes-Nieva, director de OXFAM México, la declaración del secretario de Hacienda parte de “una normativa cultural, social y económica que impone una carga de trabajo no remunerada o remunerado de forma precaria e informalizada a las mujeres en todo el ciclo de vida, incluida la parte de la edad avanzada”.

“Traslada la responsabilidad de cuidado a las familias en vez de hablar de una estrategia integral que provenga del Estado y que sea financiada a través de impuestos completamente. El Estado al no hacerse responsables del trabajo de cuidado, incluidas las estancias infantiles, reproduce esquemas sociopolíticos y culturales donde las mujeres retoman esas responsabilidades”, expresó.

Señaló que la rectoría del Estado en el trabajo de cuidados “no sólo es lo correcto en temas de justicia de género y de justicia distributiva, económicamente es lo más eficiente, también. Porque al proveer un sistema universal gerenciado, financiado por el Estado, lo que haces es liberar las capacidades de toda la población para participar en actividades productivas”.

Indicó que “más allá de la insensibilidad” sobre la justicia de género y de lo “inaceptable” que es transferir una responsabilidad del Estado a las familias, hay otro componente preocupante referido a una política social integral para la primera infancia.

“Las estancias infantiles no sólo tienen un elemento de redistribución de cargas de trabajo no remunerado o precario, también tiene un elemento del fortalecimiento del desarrollo de la primera infancia. Lo que sabemos es que la primera infancia es una etapa fundamental tanto para la salud, educación y habilidades cognitivas de las niñas y niños, y que ha sido históricamente ignorado en México. Al trasladar esa responsabilidad a las familias estás negando esa necesidad y esa posibilidad de crear una política social de primera infancia”, consideró.

A esto hay que agregar que al transferir el subsidio a las familias se presenta el riesgo de la privatización del servicio. “Y entonces la pregunta es quién va a regular o cómo se van a regir estas instancias privatizadas. No olvidemos que ha habido tragedias horribles en este país alrededor de estancias infantiles que no fueron bien gerenciadas”.

De acuerdo con Fuentes-Nieva, “hubiera sido preferible ver una propuesta donde se universaliza el acceso a las estancias y no necesariamente que se universalice una transferencia que lo que va a generar es estancias de distintas calidades, con distintos esquemas, que no sabemos cómo se van a regular o regir”.

Opción, no obligación

Para Mendoza el tema de las irregularidades en las estancias “no es pretexto para debilitar la institución”, sino para fortalecerla a través de más presupuesto y verificando si los servicios que se ofrecen son los adecuados, entre otras medidas.

“Un primer riesgo (de recortarles recursos a las estancias) es que se recargue en las mujeres y las familias el trabajo de cuidado. Un segundo riesgo es que no llegue ese dinero a las mujeres que hace ese trabajo y un tercer tema es que el Estado debería propiciar las condiciones para que cuidar fuera una opción y no una obligación”.

Erreguerena expresó que transferir la responsabilidad del trabajo de cuidado a las mujeres y a las familias puede tener un “efecto dominó” con respecto al resto de las políticas públicas que se están planteando, porque no se contará con una red de apoyo.

“El presidente tiene que tomar en cuenta que el ejercicio de derechos cuesta dinero. Y que cualquier decisión que implique quitar derechos como en el caso de las estancias infantiles tiene un costo en los derechos de las mujeres, porque está yendo en contra del principio de no regresividad de los derechos humanos; es decir, no te puedes ir para atrás cuando das un derecho”.

Más preguntas que respuestas

En tanto las autoridades definen el futuro del Programa de Estancias Infantiles, Estefanía Vela, responsable del Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del Programa de Derecho a la Salud de CIDE, advirtió que las medidas anunciadas preocupan porque no quedan claras las razones.

“Hacen referencia a irregularidades de distintos tipos sin que quede claro si se trata de fenómenos aislados o un funcionamiento intrínseco del sistema. Evidentemente si las políticas públicas no funcionan, hay que cambiarlas. Lo que no queda claro es que ese sea el caso.

“¿Cuál fue su diagnóstico? ¿Qué evaluación sistemática realizaron de la política? ¿Van a compartir sus hallazgos de forma que se puedan analizar minuciosamente?”.

Respecto a la alternativa de reemplazar el sistema existente por uno en el que se transfieren a las familias el dinero directamente, indicó que falta por aclarar muchas dudas. “¿Con base en qué tomaron esta decisión? ¿Cuáles fueron o son sus consideraciones para elegir a esta política como la óptima? ¿Cómo van a garantizar que esto no refuerce la idea de que el cuidado es algo que exclusivamente le corresponde a las familia y, dentro de estas, a las mujeres?”.