Ciudad de México.- Ciudad de México.- El Gobierno federal procedió a congelar las cuentas relacionadas con Rosario Robles Berlanga exsecretaria de Sedesol y Sedatu y de Emilio Zebadúa, quien fuera su oficial mayor en ambas dependencias y operador principal del presunto desvío de recursos millonarios a través de, por lo menos, 11 dependencias federales, ocurrido durante la Administración de Enrique Peña Nieto, principalmente por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Pemex y Banobras.
Información obtenida por Aristegui Noticias revela que los elementos legales que fueron considerados para llevar a cabo el congelamiento de cuentas de Zebadúa y Robles, se relacionan con la acción, comisión y omisión en diferentes delitos cometidos presuntamente por ambos exfuncionarios. En el caso de Robles, se considera que incumplió con la calidad de garante de la ley que tenía como secretaria de Estado. En la investigación se presume, también, desvío de recursos públicos, generación de empresas fachada, contratación sin control adecuado, lavado de dinero y corrupción política.
Desde dichas entidades públicas se entregaron contratos a otras entidades públicas, entre ellas universidades y sistemas de comunicación pública en varios estados del país.
La investigación principal que dio origen a diversas publicaciones periodísticas fue realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante la gestión de Juan Manuel Portal y la investigación forense corrió a cargo de Muna Dora Buchain, directora de dicha área de la ASF.
Señalada por desvío de recursos públicos, contratación sin control adecuado, generación de empresas fachada, lavado de dinero y corrupción, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) decidió ayer congelar las cuentas de la exsecretaria de Sedesol, Rosario Robles, y de quien se desempeñara como su oficial mayor, Emilio Zebadúa.
Recientemente la UIF de la SHCP, a través de su titular Santiago Nieto, señaló que la investigación que realiza contempla la actuación de seis servidores públicos involucrados en este esquema de desvíos millonarios. Señaló que por lo menos 50 empresas estarían relacionadas con la trama y que existen fuertes indicios de conductas delictivas y lavado de dinero.
Desvío
En el caso de Emilio Zebadúa, la Auditoría Superior de la Federación ha dado seguimiento a la denuncia penal presentada en octubre 2018 –ante la entonces Procuraduría General de la República– por su presunta participación en el desvío de 185 millones de pesos desde la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a empresas fantasma mediante contrataciones ilegales. Esto habría ocurrido en 2016, cuando la titular era, precisamente, Rosario Robles Berlanga.
La acusación señala que tanto Zebadúa, como el oficial mayor, y dos de sus colaboradores suministraron recursos públicos de forma indebida a la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, misma que no dio cumplimiento a los compromisos y servicios contemplados en acuerdo firmado a principios de 2016.
La Universidad subcontrató, por encima del porcentaje permitido legalmente, los servicios que se había comprometido a realizar. Tampoco se acreditó que las empresas subcontratadas hubieran realizado dichos servicios. En la acusación penal formulada, se presume, entre otras conductas, el desvío de recursos públicos en cantidades millonarias.
Defensa
Robles Berlanga presentó, la semana pasada, una demanda de amparo contra cualquier posible orden de aprehensión que pudiera ser librada en su contra, a solicitud de la FGR. También presentó un recurso de revocación contra el citatorio para la audiencia de imputación, con el propósito de que sea aplazada y tenga acceso al expediente, informó Julio Hernández Barros, abogado de la exsecretaria.
Explicó también que en caso de que sea declarado procedente el recurso de revocación, la audiencia de imputación del 8 de agosto sería aplazada y Robles tendría acceso a la carpeta de investigación.
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