Por Manuela V. Carmona/
Orizaba, ver.- En el marco del Día Internacional del Detenido Desaparecido, integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), exigieron a las autoridades un alto a las desapariciones forzadas, ya que aseguran se tiene un registro de más de 400 mil víctimas en todo el país.
En entrevista, la activista Adriana Chávez, dijo que en estos casos se han visto involucradas la policía federal, estatal y municipal, pero además los militares que son los que colaboran en esas detenciones de desapariciones, pero ahora con la política transexenal sistemática, también la Guardia Nacional.
Cuestionada sobre la efectividad de los protocolos que implementa el gobierno, dijo: «es una política de estado, por lo tanto el estado es el que comete estos crímenes de lesa humanidad y es obvio que no va a hacer nada porque se aclaren estos crímenes, porque no le interesa afectar sus propios medios represivos que utiliza«.
Señaló que a pesar del cambio de gobierno, el terrorismo de estado se ha incrementado y «por eso decimos que es una política transexenal porque no importa el gobierno que esté. Fue con Felipe Calderón quién empezó, era el PAN después continúa con Peña Nieto y hoy qué es Morena, las cosas no han cambiado…al contrario, los crímenes de lesa humanidad como las de desapariciones forzadas y detenciones van en aumento cada día».
Acusó que esto empeoró porque «le dieron mayores facultades a la Guardia Nacional porque sin órdenes de cateo sin orden de aprehensión pueden retener e ingresar a las casas, a los domicilios, destruir la casa, hacer y deshacer, ahí no hay una ley que nos proteja como ciudadanos y se está violando el artículo 16 que dice que nadie puede ser molestado en su persona, ni imposiciones ni en carteles, sin un mandamiento escrito procesal”.
Para finalizar dijo que como organización, demandan la presentación con vida sus compañeros revolucionarios: Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya; “es un acto de solidaridad hacia los familiares, un acto de humanismo proletario para no permitir que se repitan más crímenes de lesa humanidad contra el pueblo organizado y no organizado. En doce años, los familiares de las víctimas directas, las organizaciones populares y las organizaciones de derechos humanos se han enfrentado a la misma política institucional: oídos sordos a la exigencia de presentación con vida”.
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