Por Nicolás Cruz Hernández/ Xalapa, Ver..- El diputado del PAN Rodrigo García Escalante dijo que con la decisión que tomaron los diputados de Morena de no aprobar la Cuenta Pública 2018, “lo que nos preocupa es que quienes hacemos la ley, como quieren que la violemos., como estamos llevando esto a un Estado de desaparecer todo.
«No hay ley, las instituciones no se respetan, la división de interna de MORENA es la que nos está orillando a todo esto por caprichos personales de los diputados que son miembros de la Comisión de vigilancia”.
García Escalante, quien voto junto con el grupo legislativo de Acción Nacional en contra del dictamen de rechazar las cuentas públicas, pues en su opinión se violan los procedimientos que establecen formas y tiempos de fiscalización poniendo en riesgo las finanzas municipales.
Argumentó que un nuevo proceso de revisión implicará más gastos y los municipios podrían terminar costeando las nuevas revisiones.
Por su parte los legisladores también de Acción Nacional Juan Manuel de Unanue Abascal y Bingen Rementería Molina, aseguraron que la determinación de no aprobar la Cuenta Pública de los Entes Fiscalizables, rechazando los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2018, generará una cascada de amparos, puesto que se incurre en una “doble fiscalización”.
Señalaron que el problema es que los amparos llegan al congreso y hacen responsables a los 50 diputados por no aprobar la Cuenta pública 2018. Acusaron que los diputados de MORENA “están mandando al diablo” a las instituciones, al atentar en contra de los principios que rigen el procedimiento de fiscalización de Veracruz.
Bingen Rementería Molina, señaló que también se cometieron irregularidades al desaparecer poderes en el Ayuntamiento de Mixtla de Altamirano y con la destitución anticonstitucional del Fiscal General del Estado.
En su opinión la mayoría de MORENA violenta lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación a la inconstitucionalidad que representa la doble fiscalización, de ahí que vaticinó que la medida tomada este jueves por el pleno generará decenas de amparos de entes fiscalizables como los ayuntamientos.
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