Veracruz, Ver.-Familiares de Marisela Campa Aguileta, quien se encuentra privada de su libertad en “El Penalito” desde noviembre de 2018 por el presunto delito de tentativa de extorsión en contra de José Antonio Sierra Álvarez, piden a las autoridades judiciales en especial al juez sexto de distrito, Vicente Salazar López, que “cumplan con la Ley y dejen de sacar resoluciones absurdascuyo único efecto es mantenerla en prisión a pesar del mismo darle la razón.”
En conferencia de prensa, Adrián Aja Campa y Domingo Lado Campa, hijo y sobrino, respectivamente, mostraron documentos que avalan que el juez sexto de distrito a pesar de considerar que no hay elementos para que Marisela Campa, sea procesada por su actuar, la ha mantenido durante un año con cuatro meses en prisión y vuelve a darle la oportunidad a la contraparte de alargar su prisión a pesar que el juez conoce de las mañas que se ha servido para dolosamente alargar el proceso.
Detallaron que la argucia que ocupó el juez sexto en esta ocasión para beneficiar a la contraparte es la de apegarse a la ley estatal cuando es un juez federal y esta no considera que por este supuesto delito deba de haber prisión preventiva.
Destacaron que se les hace extraño que la supuesta carta de extorsión que crearon para acusar a Marisela Campa jamás ha sido exhibida a ningún juez y el acusador se ha negado por casi dos años a presentar el supuesto original y la única razón por la que se le dio “validez” es una certificación mal hecha y un peritaje por alguien que no es perito y que solo pudo hacer esto por orden del prófugo de la justicia, Jorge Winckler Ortiz.
Los familiares insistieron que se haga justicia ya que el mismo juez aceptó a través de su resolución y en forma personal que no hay delito que perseguir y que la actitud procesal de la contraparte es abiertamente dilatoria para afectar la libertad de Marisela Campa, usando al Estado para sus intereses.
Ante esta serie de irregularidades en el Poder Judicial estatal y federal los familiares acudieron al gobernador de Veracruz, ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, y entregaron en la Oficialía de Partes pruebas que muestran la inocencia y claman por la libertad. Quien se ha mantenido indiferente.
Consideraron que es tanta la corrupción en este juicio 842/2018, donde al juez que ordenó la reclusión, Rubén Adrián Romero Maldonado ya se le inhabilitó por este y por otros casos más como por ejemplo el de los “Porkys” y a pesar de eso sigue por algún interés extraño, en reclusión, no ven otra explicación porque no se ha hecho justicia.
Ahora si chocaron piedra con coyol el apellido Campa no les ayudo
La señora tiene varios delitos que pagar, al parecer no solo es el de tentativa de extorsion; por el cual se comunica en esta nota.