Jorge A. González/
Ante el anuncio de la “Marcha feminista” el 8 de marzo, y el paro nacional “Un día sin nosotras”, los políticos andan desesperados por querer inmiscuirse en el núcleo del movimiento.
Las dos actividades están perfectamente definidas en objetivos y finalidades; trazadas para las expresiones y manifestaciones de la sociedad civil, en este caso de las mujeres respecto de la tasa de feminicidios a la alza en todo México.
Nos queda claro que cada amanecer, las cifras de los decesos de mujeres de forma violenta están a la orden del día, y que todo apunta a un mismo problema, la ausencia del estado para garantizar la seguridad.
Y es que tanto los legisladores como los partidos políticos, así como la clase política opuesta al régimen y en el poder han expresado una serie de ocurrencias de todo tipo, que no resuelven el problema, sino que desvía la atención de lo verdaderamente relevante.
Los políticos en funciones han propuesto desde diferentes trincheras políticas públicas con lo que ellos creen será la solución a este grave problema que ha rebasado a las autoridades a la vista de todos.
Y es que la lucha para abatir el problema del asesinato de mujeres no radica ya en cientos de papeles que propongan leyes específicas ni tampoco que aseguren penas más severas.
Los discursos nunca han sido solución para problemas prácticos, los discursos son el medio por el cual viaja un mensaje, no la respuesta inmediata al problema de un tema que podría definirse como grave desde la parte práctica.
Se pueden imponer penas perpetuas a los feminicidas, pero el caso no es de castigo, el problema de fondo es de falta de justicia para una sociedad impotente ante la inactividad de la aplicación del estado de derecho en México.
Se puede modificar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Penal general y cada uno de los códigos penales estatales, pero la solución es mucho más compleja que el solo hecho de aprobar un paquete de leyes en papel y tinta.
Y es que la complejidad del tema se entiende mejor cuando traemos a colación una palabra: justicia. Y no hablo de la definición de la misma, hablo explícitamente de su aplicación clara y llana.
Y esto nos lleva justo al punto central del que se derivan las ramificaciones que impiden que la verdadera prevención del delito de asesinato contra todo ser humano incluidas las mujeres, y que los decesos ya ocurridos tengan la justicia que se merecen.
Eso nos lleva a mencionar entre alguno de los factores el principal: la corrupción en el Poder Judicial Mexicano, al cual hay que añadirle la falta de actualización, capacitación y los recursos para que esta vieja maquinaria pudiese comenzar a proveer de justicia al ciudadano.
Ante este sistema judicial obsoleto, viejo y corrupto, se permiten las corporaciones cómplices de quienes delinquen, encubren, amenazan, mientras que en lo administrativo impera burocracia y una falta de sensibilidad de los servidores públicos ante las muertes (en este caso de las féminas) que se convierten en un dato más, en una estadística más.
Así que la clase política debe ahorrarse papel, tinta, saliva y ocurrencias; mientras que los partidos políticos, el poder ejecutivo y legislativo comprendan que se trata de un problema sistemático en la aplicación de justicia y no de culpas e individualidades, los homicidios seguirán ocurriendo lamentablemente.
Cuando la corrupción se convierte en un modus vivendi al interior del poder judicial, se anida un mal que trasciende a la propia institución, un mal que pone en riesgo al Estado constitucional en su conjunto y tiene como resultado una sociedad desprovista de justicia.
Según el jurista Charles Howard Mcllwain: “la única institución esencial para defender el derecho siempre ha sido y todavía es un poder judicial honesto, hábil, preparado e independiente”.
Mientras el guardián o control de la legalidad no cumpla cabalmente con sus fines, la corrupción se apodera de todos los espacios de la vida pública hasta el grado de ser considerada por muchos como un fenómeno natural de nuestra sociedad, el cual hay que aceptar como normal.
En la parte del Poder Ejecutivo no existe una estrategia de seguridad, simplemente tenemos una Guardia Nacional paliativa, de rondines y de vigilancia; sin estrategias trazadas a necesidad de los focos rojos.
Por muchas consejos y comités de seguridad federales y estatales que existan, no serán más que acciones políticas para la declaración y la foto periodística. La inseguridad es un problema que viene de años y al igual, para abatirla se necesitarán justamente más años y acciones drásticas y efectivas desde arriba.
Nos leemos hasta la próxima.
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