Ciudad de México.- Al estimar que prevalece el riesgo de que pueda darse a la fuga, un magistrado federal rechazó modificar la medida cautelar de prisión preventiva justificada y concederle la libertad a Javier Duarte, por lo que continuará internado en el Reclusorio Norte.
Manuel Bárcena Villanueva, Magistrado del Segundo Tribunal Unitario Penal en esta capital, confirmó que el ex Gobernador de Veracruz debe continuar preso y compurgar su condena de 9 años de prisión, ya que no se han modificado las condiciones que lo hicieron evadirse de la justicia.
El impartidor de justicia ratificó que el supuesto acuerdo que Duarte aduce haber tenido con el Gobierno de Enrique Peña Nieto, para entregarse a la justicia, no es legal y no puede tener efectos jurídicos.
«En efecto, con independencia de la existencia de este acuerdo o no, entre el Ejecutivo federal y el justiciable, se estaría en presencia de un acto ilegal, pues conforme al principio de legalidad, las autoridades única y exclusivamente pueden realizar aquello para lo que están facultadas en ley, siendo que el ‘pacto’ de entregarse en Guatemala, con motivo de la transición de Gobierno en el Estado de Veracruz, a cambio de la protección a la familia del justiciable, no está previsto en ninguna de las disposiciones legales que rigen en nuestro país», sentenció Bárcena.
El Magistrado confirmó en segunda instancia la decisión de Juan Carlos Ramírez Benítez, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, en una audiencia celebrada el pasado 4 de enero.
En aquella ocasión, Duarte aseguró que nunca pretendió fugarse a Guatemala y que en realidad solicitó licencia como Gobernador por pedido del entonces Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, e instrucciones de Peña Nieto.
A cambio, el Gobierno le garantizaría protección a su familia, que desde 2017 se instaló en Londres.
Su defensa planteó que unos videos filmados por el veracruzano en Guatemala, poco antes de ser detenido, son la prueba de que su entrega fue acordada con el Gobierno federal.
Al mismo tiempo, el sentenciado ofreció un contrato de arrendamiento de un inmueble en Polanco, por un costo de 25 mil pesos mensuales, para probar su arraigo en la Ciudad de México, condición esencial para acceder a una medida cautelar fuera de prisión.
Sin embargo, el Magistrado Bárcena concluyó que ni los videos ni el supuesto pacto demuestran un cambio objetivo de las condiciones que llevaron al ex Gobernador a huir del país.
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