Por Samuel Barajas/
De nueva cuenta el autoritarismo se ha hecho presente en las decisiones de gobierno para el Estado de Veracruz. Tras la confirmación de Verónica Hernández Giadáns al frente de la fiscalía general, el mensaje que se ha enviado al exterior consiste en que la legalidad se desprecia y que el desinterés en solucionar los problemas a lo largo y ancho del Estado es tan grande que no forma parte de la agenda política de este gobierno.
No importa lo que diga la constitución local cuando habla del procedimiento de selección, no importa lo que diga la ley que da origen a la institución, pero sí importa al congreso lo que dice el gobernador. Siguiendo la frase “tus deseos son órdenes”, el congreso del Estado dice respetar la vida institucional y procurar el bienestar de los veracruzanos, pero solo juega, ya que en realidad para el ejecutivo y legislativo, el bienestar solo es el propio y no el de los demás.
No bastó al ejecutivo crear la figura inexistente de “encargado de despacho”, mucho menos al legislativo hacer caso omiso a las disposiciones constitucionales tras la salida de Jorge Winckler en septiembre pasado. La selección a modo del titular de la fiscalía solo suma a la gran huella que la 4T está dejando en Veracruz; la huella de que, si las cosas van mal, pueden ir peor.
Poco importa la procuración de justicia, mucho menos reparar el daño a quien se le castiga sin pruebas. Mucho importa la protección de unos cuantos y el cuidado de las espaldas de unos otros.
Quienes hicieron ruido cuando Winckler llegó a la fiscalía, más allá de guardar silencio, hoy hacen uso de las estrategias que buscan la consolidación de un poder absoluto para gobernar, como si estuviesen gobernando con excelencia.
Siete meses ha estado la hoy fiscal al frente de la procuración de justicia mismos que han servido para reestructurar a la institución entre amigos. Sucedía antes y sucede ahora. De lado queda la autonomía y del servicio profesional de carrera, ni hablar.
Las reformas que dieron paso a la creación de la Fiscalía General del Estado no han sido suficientes para garantizar la autonomía política de la institución. Cada vez que hay cambio de gobierno el titular de la dependencia es removido, esto sucedía con la Procuraduría General del Estado previo a la reforma pues el procurador formaba parte del gabinete del gobernador. Hoy el fiscal en ley no depende del gobernador, pero en hecho le sigue rindiendo cuentas y eso ha llevado a que, en dos ocasiones, con la llegada de un nuevo gobernador, el titular de la dependencia sea sustituido por un colaborador al grupo afín en turno.
Este movimiento es descendente ya que, con la llegada de un nuevo fiscal, los titulares de fiscalías regionales o especializadas, así como miembros de otras áreas al interior de la institución son removidos para dar paso a integrantes del oficialismo temporal. Estos movimientos dan entrada a todo lo que se puede imaginar en detrimento del Estado y no permiten la consolidación de una institución eficiente que procure el bienestar de los veracruzanos y que sea contundente contra los delitos que se cometen.
Las zonas centro y sur en los últimos meses han reflejado la ineficiencia institucional. Los criminales constantemente hacen presencia en los municipios de estas regiones sin temor alguno, la incidencia delictiva va al alta y el control en materia de seguridad se pierde. La infraestructura institucional es deplorable y eso suma también a una mayor presencia de impunidad en la sociedad veracruzana.
Estos hechos son problemas que requieren pronta solución y que por el movimiento político quedan en segundo plano. Si se trata de fortalecer a la institución solo hay dos opciones a considerar: regresar al fiscal al gabinete del gobernador o fortalecer el modo y requisitos para la selección y destitución. Esté análisis está en las manos de los diputados locales y debe ser considerado por que de lo contrario con los antecedentes que existen sobre el manejo institucional que se le ha dado a la fiscalía general, el imperio de la ley se está deteriorando, dando paso al autoritarismo, a la violación de derechos humanos y a la consolidación de un Estado sin ley donde los vacíos de Estado son suplidos por los delincuentes.
Por lo pronto Verónica Hernández Giadáns ejercerá su cargo sin interrupción hasta diciembre de 2021, cuando una nueva legislatura llegue al congreso del Estado, misma que muy probablemente no contará con una representación mayoritaria del oficialismo y que dará paso a la selección de un nuevo fiscal. Es previsible que Verónica Hernández no llegué a la culminación del sexenio de Cuitláhuac García, sin embargo, renovar en año y medio la titularidad de la Fiscalía General del Estado sumará a la desconsolidación del órgano encargado de procurar justicia.
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