Juez federal autoriza a presidenta de SCJ destituir los nombramientos de 3 personas que impusieron Gómez Cazarín, Cisneros y Hugo Gutiérrez

Los funcionarios de la Cuarta Transformación que AMLO impuso en Veracruz se pelean a muerte por los cargos de poder, Hugo Gutiérrez mandó policias al TSJ para obligar a Sofia Martínez a que tomaran protesta los recomendados de Juan Javier Gómez y Eric Cisneros quienes tienen a Cuitláhuac García de rodillas
Xalapa, Ver. 05 agosto 2020.- En su carácter de patrón, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Sofía Martínez Huerta, tiene la autoridad para impedir cambios en cargos administrativos realizados por el Consejo a sus espaldas por lo que los impuestos por el diputado Juan Javier Gómez Cazarín y Eric Cisneros, pueden retirar sus pertenencias y salir.
Lo anterior lo determinó un Juez federal, autoridad que desechó los amparos promovidos por los nuevos funcionarios que reclamaron la negativa de la Presidenta a permitirles ocupar los cargos que les asignó dicho órgano en sesión extraordinaria celebrada el 15 de julio de 2020.
Hortencia Guillermina Hernández Fernández fue designada como Secretaria de Acuerdos; por su parte, Griselda Castillo Lara en la Contraloría y Elvis Viveros Arroyo como director de recursos materiales, entre otras modificaciones, todos ellos identificados plenamente con Juan Javier Gómez Cazarín, diputado Local de Morena y presidente de la junta de coordinación política del Congreso del estado que prácticamente está metiendo sus manos en todos lados, con consentimiento de Eric Cisneros.
Además de evidenciar fallas en el trámite del amparo, un Juez federal desechó un amparo tramitado por los afectados acusando la negativa de Martínez Huerta a que ocupen sus cargos y su petición de auxilio a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para impedirlo.
El Juez determinó que el actuar realizado por la Presidenta fue en su carácter de patrón, según la propia Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que establece que los puestos administrativos están subordinados al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura.
Se añade que en el artículo 207 se establece que en el Poder Judicial tendrán el carácter de servidores públicos de confianza los titulares de los órganos, los secretarios de Acuerdos, los secretarios de Estudio y Cuenta, los secretarios de Sala, los actuarios, los administradores de causa judicial y los auxiliares de Sala.
También los directores generales, los directores de área, subdirectores, jefes de departamento, asesores, cajeros, pagadores, los de seguridad y “todos aquellos que tengan a su cargo funciones de vigilancia, control, manejo de recursos, adquisiciones o inventarios”.
Es decir, la Presidenta hizo uso de sus facultades para impedir la llegada de los funcionarios designados por el Consejo a sus espaldas.
Apenas el pasado 31 de julio, se confirmó que Martínez Huerta prorrogó por su cuenta del 3 al 14 de agosto la suspensión de las actividades no esenciales en el Poder Judicial, señalando que actualmente «no se cuenta con un Consejo de la Judicatura legalmente integrado».
Cabe destacar que con la complicidad del Secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez se allanó al poder judicial para sacar a los empleados recomendados de la Presidenta del TSJ y validar la llegada de los recomendados de Juan Javier Gómez Cazarín, hecho inédito en un gobierno, que evidencia la voracidad y los enfrentamientos brutales de los funcionarios que AMLO tiene medrando y despedazándose por el poder y el dinero en el estado de Veracruz mientras que Cuitláhuac García se entretiene medrando los recursos que dejan obras públicas en la SIOP y SEV.

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