Por Manuela V. Carmona/
Orizaba, Ver.- La falta de medicamentos en los hospitales y la prohibición del Gobierno de solicitaros a familiares de los enfermos ante la escases, ha dejado en la indefensión al personal médico atándolo de manos para atender de manera adecuada las complicaciones por enfermedades como el coronavirus, expuso el neurocirujano Joaquín Hernández González, al sumarse a las manifestaciones que se realizaron el pasado domingo a nivel nacional por el caso del doctor Gerardo Grajales Yuca.
De acuerdo al galeno, a pesar de que el problema del desabasto tiene décadas no se ha resulto, sin embargo con la prohibición que hiciera el gobierno de la 4T se criminaliza esta situación, pues al solicitar medicamentos faltantes a los familiares se les puede castigar por acción, pero si no lo piden y el paciente muere, podrían ser acusados de omisión.
“En este actual gobierno a raíz de que el Presidente de la República dice que todo está bien, de que no falta medicina en los hospitales de gobierno, del sector salud, en muchos lugares se nos ha prohibido que pidamos medicamento y obviamente si no pedimos, no le vamos a dar información, porque se genera un problema político”.
Refirió que hay delitos por omisión y otros por comisión y si no se informa a los familiares por las represalias gubernamentales, los pacientes y familiares pueden acusar a los galenos de homicidio por omisión.
Por eso demandaron a las autoridades del IMSS y del Issste a que doten al personal de lo necesario para su labor, pues es su obligación, y si no lo hacen que no ejerzan “terrorismo” laboral, además de que no criminalicen al médico, que es quien está exponiendo su vida y su salud, mientras que las autoridades que deben cumplir con su obligación dar el equipo, medicinas y material preventivo, no se les haga responsables.
Es de mencionar que el pasado 25 de julio, el médico Gerardo Grajales Yuca, fue detenido e ingresado al Cereso de Chiapas luego de que fuera considerado peligroso por un juez de Chiapas, cuando su único “delito”, fue solicitar el material necesario para la atención de un paciente de COVID-19, que finalmente falleció, y que era un político importante allegado al partido en el poder.
Y es que Karen Alejandra Ramírez Molina, hija de Arturo Ramírez López, acusó al médico por negligencia y el juez Carlos Morales Urbina ordenó la detención del médico, al cual no permitió salir bajo fianza ni seguir su juicio en su casa a pesar de que tiene factores de riesgo por padecer del corazón.
El entrevistado señaló que este abuso desató una serie de protestas y debido a las presiones finalmente se permitió al médico seguir el juicio desde su casa, aunque tuvo que ser hospitalizado debido al estrés que sufrió por el acoso injusto del que fue objeto.
“Es muy claro que el doctor fue objeto de violación del debido proceso, pues por ejemplo las recetas con las que se solicitaron medicamentos no llevaban su firma, razón por la que al doctor se le considera un preso político”, indicó.
Agregó que este no es el único caso, pues hay otro del doctor Armando Rosales Torres, en Zacatecas, quien se quejó porque no había los cubrebocas necesarios, de tipo quirúrgico para la valoración de los pacientes con COVID, y eso bastó para que su contrato le fuera rescindido.
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